Informe CIE 2015: Situaciones de extrema vulnerabilidad
En el CIE se interna a personas que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad incumpliendo de este modo los artículos 62.1 y 62.4, de la LOEx 4/2000 así como la Circular 6/2014 de la DGP para solicitar el ingreso en los CIE. En última instancia, el Real Decreto 162/2014 que regula el funcionamiento y régimen interior de los CIE establece en su artículo 37 que el Director tiene la potestad para poner en libertad a una persona cuando existan razones médicas fundadas, sin embargo, el caso de la mujer embarazada encerrada en el CIE en el mes de octubre nos demostró que, a pesar de tener un embarazo de alto riesgo, permaneció encerrada varios días antes de ser puesta en libertad. En el año 2015 hemos visitado a personas en el CIE de Aluche que declaraban vivir dificultades tales como: sufrir amenazas en el país de origen ser apátridas ser homosexuales y tener miedo a que el resto de personas internas lo supiese por lo que no querían solicitar asilo tener dificultades para que sus familiares pudiesen visitarles tener familiares en situación de dependencia a su cargo sufrir enfermedades físicas estar embarazada sufrir trastornos de salud mental no tener familia ni red de apoyo en el país de origen declararse en huelga de hambre ser engañadas por abogadas/os fraudulentas/os ser víctimas de trata con fines de explotación laboral o sexual tener discapacidad tener hijas/os menores a cargo ser víctimas de violencia machista vivir situaciones de precariedad y pobreza haber sufrido restricciones al derecho de visitas de familiares y conocidas/os tener escasas o nulas vías de contacto telefónico no comprender su situación jurídica haber sido internada/o en CIE en reiteradas ocasiones Ante estas circunstancias de especial vulnerabilidad, el encierro y la deportación se tornan, si cabe, más inhumanos y crueles, incidiendo en la exclusión y victimización de estas personas. Menores en el CIE Resulta especialmente preocupante el hecho de que, tan solo en el año 2015 hemos visitado a 12 personas que declaraban ser menores de edad en el CIE de Aluche. El daño, en términos humanos, que causa el CIE a las personas que son encerradas en él es de profundo calado. En el caso de menores de edad, además de tratarse de una ilegalidad pues no se permite el internamiento de menores (artículo 62.4 LOEx 4/2000), genera un daño del que el Estado debe responsabilizarse. El encierro de menores en el CIE evidencia fallos en el sistema de protección a la infancia. Una vez más, se pone de manifiesto que en materia migratoria, el control de fronteras tanto exteriores como interiores prima sobre el respeto a los Derechos Humanos y, en este caso concreto, el de protección a la infancia, así como su deber y compromisos adquiridos en la Convención sobre los Derechos del Niño de actuar en base al interés superior de niños y niñas, respetando el principio de no discriminación, garantizando el derecho a tener un desarrollo adecuado y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. El encierro de menores de edad pone de manifiesto cómo en los CIE se vulneran los derechos fundamentales. Asilo De las 257 personas que hemos visitado en 2015, sólo 36 de ellas solicitaron asilo. Teniendo en cuenta que el CIE es uno de los puestos habilitados para solicitar asilo dentro del Estado Español, cabría esperar un número de solicitudes más elevado, máxime cuando se encierra y deporta a personas originarias de países en conflicto y de países que persiguen a determinados grupos de personas. Una de las razones por las que esta cifra no es más elevada puede atribuirse al miedo y la desconfianza que pueden desarrollar las personas solicitantes de asilo hacia las instituciones, por los abusos que han podido sufrir. Además esta desconfianza se ve agravada por la hostilidad del CIE como espacio de control represivo. Asimismo, hay que tener en cuenta que muchas personas conocen las pocas posibilidades de ver su solicitud admitida a trámite. Es por esto que muchas veces prefieren esperar para solicitar asilo en otro lugar. Las personas encerradas en el CIE saben que la solicitud desde el CIE es menos susceptible de generar credibilidad que la realizada en libertad y en territorio, directamente en la Oficina de Asilo y Refugio o en las comisarías habilitadas. Según los datos de CEAR, en 2014 se registraron 587 solicitudes de asilo en todos los CIE y 170 en el CIE de Aluche. Tan solo el 62,6% de las solicitudes de asilo presentadas en puestos fronterizos y CIE fueron admitidas a trámites frente al 98% de solicitudes presentadas en territorio. Esta diferencia sustancial en las cifras evidencia las dificultades reales de acceso al derecho de asilo desde los CIE. En esta línea, hemos detectado que una de las preguntas más habituales que se hace a las personas durante las entrevistas de asilo en el CIE es si solicitan el asilo para evitar la expulsión. Consideramos que se trata de una pregunta fuera de lugar que predispone la evaluación del caso en contra del relato de la persona solicitante y dificulta el acceso al derecho de asilo puesto que resulta evidente que una persona cuya vida corre peligro en el país de origen y que se enfrenta a una posible deportación, solicita protección justamente para no ser expulsada al país en el que su vida peligra. Esta tendencia se ve reflejada en los datos de las personas visitadas: tan solo el 0.4% de las solicitudes presentadas fue admitido a trámite. Durante los años que llevamos realizando visitas hemos sido testigo de la obstaculización policial para acceder al derecho de asilo. Son numerosos los casos de personas que han realizado un escrito para solicitar asilo en el CIE y cuyo escrito no ha sido tramitado por las autoridades del CIE para hacerlo llegar a la Oficina de Asilo y Refugio. De esta manera, muchas personas han sido deportadas sin haber sido siquiera escuchadas. Por este motivo, el 23 diciembre de 2015, los juzgados de instrucción en funciones
Presentamos el Informe CIE 2015 «Fronteras en los barrios»
Hoy se ha presentado el Informe CIE 2015 de SOS Racismo Madrid, «Fronteras en los barrios». El informe es fruto de las 681 visitas que a lo largo de 2015 han hecho 16 activistas de SOS Racismo Madrid a 257 personas internas en el CIE de Aluche. Este trabajo de acompañamiento y fiscalización, que continúa la labor de años anteriores, ha permitido documentar las condiciones inhumanas de internamiento que sufren cientos de personas al año por el mero hecho de estar en situación administrativa irregular, a la espera de que se ejecute su orden de expulsión. El informe hace una descripción de las condiciones de internamiento y sus consecuencias psicosociales, documenta casos de malos tratos y atención deficiente e incide en las situaciones personales de extrema vulnerabilidad que nuestras activistas se encuentran constantemente. En 2015 acompañamos a personas embarazadas, con trastornos de salud mental, con menores a su cargo, víctimas de violencia machista o de trata. 12 personas internas que visitamos declararon ser menores de edad. El informe explica también las dificultades para solicitar asilo dentro del CIE y contextualiza el papel del CIE en los procesos de deportación. Esperamos que el informe contribuya al debate social necesario sobre esta frontera invisible que divide nuestros barrios y que sea un paso más hacia el cierre definitivo de estas cárceles racistas. DESCARGA EL INFORME COMPLETO AQUÍ Resumen ejecutivo El Informe CIE 2015 de SOS Racismo Madrid titulado “Fronteras en los barrios” recoge el trabajo de acompañamiento y fiscalización realizado durante el año 2015 en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. El informe es fruto de las 681 visitas que a lo largo de 2015 han hecho 16 activistas de SOS Racismo Madrid a 257 personas encerradas en el CIE de Aluche. Este trabajo, que continúa la labor de años anteriores, ha permitido documentar las condiciones inhumanas de internamiento que sufren cientos de personas al año. Los CIE son centros de estricto control policial en los que se encierra a personas por el mero hecho de estar en situación administrativa irregular, a la espera de que se ejecute su orden de expulsión. Estos centros están insertos en el entramado de fronteras y deportación por lo que, cuando hablamos de CIE no podemos obviar la existencia de una política migratoria basada en la exclusión y el control de personas. Las identificaciones policiales por perfil étnico -racistas-, los vuelos de deportación, las vallas fronterizas y la denegación de visados se suman a la irregularidad administrativa y un mercado laboral cada vez más cerrado y precarizado que impiden el acceso a derechos de miles de personas. En 2015 acompañamos a 257 personas de 49 nacionalidades distintas siendo la marroquí la más significativa al constituir el primer destino de los vuelos de deportación. El número de personas internas según su nacionalidad en el CIE revela el primer paso del engranaje de deportación: las identificaciones racistas en el espacio público. Tanto los vuelos de deportación como los CIE se llenan de personas mediante esta práctica policial. Se ha podido comprobar como estas identificaciones se intensifican en los días previos a los vuelos de deportación programados. De esta forma, el 30,4% de las personas visitadas habían sido detenidas mediante esta práctica y provenían principalmente de Andalucía y Madrid. En 2015 tan sólo visitamos a 13 mujeres, tendencia que se viene observando en los últimos años y que tiene parte de su explicación en las características estructurales del CIE de Aluche, con 236 plazas para hombres y 44 para mujeres. Hay más hombres encerrados en los diferentes CIE del Estado y esto parece ocurrir también en los vuelos de deportación. ¿Es posible que las mujeres sean menos detenidas por ocupar espacios privados, por moverse en otros circuitos? La estructura social, los roles de género en la división del trabajo y la economía sumergida sitúan a las mujeres a quienes no se permite regularizar su situación administrativa en sectores particularmente precarizados del mercado laboral como el empleo del hogar en régimen interno. El informe también apunta a la situación de las mujeres que, siendo víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación, son reiteradamente internadas en el CIE exponiéndolas a un mayor riesgo y faltando a la protección que se debe garantizar a estas personas. El 33,5% de las personas visitadas llevaba más de 6 años en España, la mayoría de ellas tenía familiares en España y presentaba fuertes indicios de arraigo. Esto evidencia un fallo en las políticas de inclusión y revela el papel de los CIE como mecanismo para la segregación y la ruptura de la vida de las personas. En 2015 hemos tenido constancia del encierro de mujeres embarazadas, personas que sufrían trastornos de salud mental, personas con menores a su cargo, víctimas de violencia machista o de trata. 12 personas internas que visitamos declararon ser menores de edad, incumpliendo el Estado los compromisos adquiridos en la Convención sobre los Derechos de Niños y Niñas así como la propia Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. A esto se suma el hecho de que el 66% de las personas viven fuera de Madrid, en otros puntos del territorio español por lo que, mediante el encierro en CIE son separadas de sus seres queridos, sin posibilidad real de recibir visitas. El informe explica también las múltiples barreras que se imponen en el CIE para solicitar asilo como son la información deficiente respecto a este derecho o el incumplimiento en la tramitación de las solicitudes. Tan sólo 36 personas de las 257 solicitaron asilo y únicamente una de ellas fue admitida a trámite. En el año 2015 hemos detectado una resolución colectiva de internamiento por la que se acordaba el encierro de 40 personas mediante el tratamiento unificado de su caso. Se trata de una práctica inédita y contraria a derecho, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva así como el estudio individualizado de los casos y deshumanizando a las personas. El informe recoge los testimonios de
El corto ‘Express’, en abierto en Vimeo
La Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs No) presentó este jueves, en el marco de las celebraciones por el 15J, día contra los CIEs en Madrid, el documental ‘Yerro: Capitán de su destino’ y el corto ‘Express’, dos obras que tratan de explicar «la espiral de violencia» de las políticas de inmigración en España, desde la privación de libertad por no tener permiso de residencia hasta la expulsión en 72 horas desde una comisaría. ‘Express’ es una idea de Carlos Olalla, que lo dirige junto a Juan Herreros y cuenta basándose en casos reales, la historia de un senegalés afincado en España con su mujer y sus hijos que perdió el permiso de residencia al quedarse en paro. Un día, dos policías llamaron a su puerta y le invitaron a personarse en comisaría para «un asunto de su interés». Dos días después estaba volando hacia Senegal sin que su abogada pudiera hacer nada al respecto. Según han explicado los directores, la idea es «divulgar una realidad que la ciudadanía desconoce«, la de las conocidas como ‘expulsiones express’, por las que personas que son identificadas en situación irregular son deportadas directamente desde el calabozo de una comisaría, donde por ley un individuo puede ser detenido un máximo de 72 horas. El corto sobre el drama de las ‘expulsiones exprés’ ya está disponible en Vimeo: Cortometraje Express
Informe CIE 2015: Lugar y condiciones de la detención
La mayoría de personas a las que hemos visitado en 2015 han sido detenidas en Andalucía (14,4%), Madrid (13,2%), País Vasco (5,4%) y Castilla y León (4,7%). Es importante tener en cuenta que el 66% de las personas visitadas tienen su familia, red de apoyo, vida construida fuera de la Comunidad de Madrid. Esto supone, como mencionábamos en apartados anteriores, que sus familiares tienen grandes dificultades para hacer visitas, enviar sus bienes y despedirse antes de que la persona sea deportada. Por otro lado, una gran dificultad a la que estas personas se enfrentan es en el momento de regresar a su hogar una vez son liberadas. En reiteradas ocasiones, las personas son liberadas al final del día o incluso en horas nocturnas. En ese horario no tienen la posibilidad de recibir el apoyo de las organizaciones que realizan visitas en el CIE de manera que son abandonadas en la calle sin recursos ni información sobre cómo llegar a la estación, dónde dormir o comer. El 30,4% de las personas visitadas fueron detenidas en espacios públicos. Este dato pone el foco sobre los controles de identidad basados en el perfil étnico. Estas personas fueron identificadas por policías con o sin uniforme debido a su perfil étnico. La mayoría de personas que habían sido detenidas en el marco de controles de identidad en el espacio público provenían de Aragón, Cantabria y Madrid. El 3,9% de las detenciones se produjeron a raíz de una denuncia. En muchos casos estas denuncias se han producido como forma de chantaje, acoso y amenaza por parte de quienes emplean a estas personas. En este sentido, la vulnerabilidad de las mujeres es cuantitativamente más grave. En 2014, la mayoría de ellas fueron detenidas a raíz de una denuncia (46,2%), esto refleja lo comentado anteriormente sobre la menor presencia en el espacio público de las mujeres migrantes en situación administrativa irregular. La mayoría de los hombres, en cambio, son más vulnerables en espacios públicos, el 54,2% de ellos fue detenido en este contexto. Resolución colectiva de internamiento En el año 2015 hemos detectado una resolución colectiva de internamiento. Se trata de una resolución emitida por un juzgado de Andalucía que acordaba el internamiento de 40 personas para la ejecución del acuerdo de devolución. Esta resolución de internamiento se acordó sin haber analizado si se cumplían los requisitos para la expulsión de las 40 personas y sin hacer referencia individualizada a ninguna de las personas de las que se acordaba el internamiento. Sin embargo, entre estas 40 personas se encontraban personas susceptibles de necesitar protección internacional, presuntos menores de edad, familiares directos de residentes regulares en España o madres y padres de menores que se encontraban en la misma embarcación y de quienes fueron separados cuando los menores pasaron al sistema de acogida y protección. Por este motivo consideramos que este auto de internamiento no se ajusta a derecho y es lesivo para las personas implicadas. Con esta resolución se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva así como el estudio individualizado de cada uno de los casos. La existencia de esta resolución resulta especialmente preocupante y es representativa de la tendencia en política migratoria de los últimos tiempos. Las personas son deshumanizadas y tratadas como mercancía que hay que almacenar y transportar. Esto recuerda a los episodios más oscuros de la historia europea y vemos cómo se repite con las devoluciones en caliente, los acuerdos con países como Turquía o Marruecos y la firma de contratos con compañías aéreas. Condiciones del internamiento En 2015 ha cambiado la dirección del CIE de Aluche, sin embargo, la gestión sigue siendo exclusivamente policial. No se ha incorporado la figura de Administrador/a como personal ajeno a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como exige el Reglamento. Como se ha analizado, no se cumplen las garantías sanitarias establecidas en el Reglamento y, por supuesto, no se han observado mejoras en el respeto de los Derechos Humanos. El respeto de los Derechos Humanos es incompatible con la existencia de los CIE y por este motivo el Estado de Derecho no puede permitir albergar estos centros entre sus ciudades. Las mejoras que se han dado en la cotidianidad para las personas internas se deben a las resoluciones de los juzgados de control. En este sentido, cabe señalar la permisión para utilizar teléfonos móviles durante 4 horas al día tras el auto emitido por el juzgado de instrucción nº6 en funciones de control. Esto ha facilitado la comunicación con familiares y abogadas/os. Sin embargo, no comprendemos la limitación en el uso de teléfonos durante el resto de horas. Este tipo de limitaciones inciden en el carácter carcelario de los CIE. 2015 es el año en el que ha habido al menos un brote de sarna en el CIE de Aluche poniendo de manifiesto, una vez más, las condiciones de insalubridad que se dan en estos centros donde las personas son encerradas en celdas de 8 personas y donde no se garantizan los suficientes materiales de higiene, ropa limpia, etc. Consecuencias psicosociales En términos humanos, el internamiento en CIE supone una ruptura con la vida. Representa una ruptura con la red de apoyo pues las personas son privadas de libertad y alejadas de sus seres queridos. Quiénes viven en Madrid pueden tener la posibilidad de recibir una breve visita al día, sin embargo para quienes no viven en Madrid esto se torna complejo y prácticamente imposible. También supone una ruptura con el empleo y esto tiene como consecuencia incidir en la precariedad de la vida de muchas personas. Concretamente de quienes son las únicas personas que aportan un salario a la familia y en este sentido genera una ruptura con el rol de las personas y en las estructuras familiares, máxime si la persona es deportada. Supone igualmente una ruptura con la vida cotidiana y con el proyecto migratorio de las personas, rompiendo sus sueños, expectativas y esfuerzos. El encierro en CIE genera sentimientos de desconfianza hacia las instituciones y hacia la
Informe CIE 2015: Situaciones de extrema vulnerabilidad en el CIE
La comisión CIE de SOS Racismo Madrid ha elaborado un informe fruto de su trabajo de fiscalización y vigilancia en el CIE de Aluche de Madrid. De cara al 15J Día por el cierre de los CIEs, estamos publicando extractos del informe, que se presentará oficialmente la semana del 20 de junio. En el CIE se interna a personas que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad incumpliendo de este modo los artículos 62.1 y 62.4, de la LOEx 4/2000 así como la Circular 6/2014 de la DGP para solicitar el ingreso en los CIE. En última instancia, el Real Decreto 162/2014 que regula el funcionamiento y régimen interior de los CIE establece en su artículo 37 que el Director tiene la potestad para poner en libertad a una persona cuando existan razones médicas fundadas, sin embargo, el caso de la mujer embarazada encerrada en el CIE en el mes de octubre nos demostró que, a pesar de tener un embarazo de alto riesgo, permaneció encerrada varios días antes de ser puesta en libertad. En el año 2015 hemos visitado a personas en el CIE de Aluche que declaraban vivir dificultades tales como: Sufrir amenazas en el país de origen Ser apátridas Ser homosexuales y tener miedo a que el resto de personas internas lo supiese por lo que no querían solicitar asilo Tener dificultades para que sus familiares pudiesen visitarles Tener familiares en situación de dependencia a su cargo Sufrir enfermedades físicas Estar embarazada Sufrir trastornos de salud mental No tener familia ni red de apoyo en el país de origen Declararse en huelga de hambre Ser engañadas por abogadas/os fraudulentas/os Ser víctimas de trata con fines de explotación laboral o sexual Tener discapacidad Tener hijas/os menores a cargo Ser víctimas de violencia machista Vivir situaciones de precariedad y pobreza Haber sufrido restricciones al derecho de visitas de familiares y conocidas/os Tener escasas o nulas vías de contacto telefónico No comprender su situación jurídica Haber sido internada/o en CIE en reiteradas ocasiones Ante estas circunstancias de especial vulnerabilidad, el encierro y la deportación se tornan, si cabe, más inhumanos y crueles, incidiendo en la exclusión y victimización de estas personas. Menores en el CIE Resulta especialmente preocupante el hecho de que, tan solo en el año 2015 hemos visitado a 12 personas que declaraban ser menores de edad en el CIE de Aluche. El daño, en términos humanos, que causa el CIE a las personas que son encerradas en él es de profundo calado. En el caso de menores de edad, además de tratarse de una ilegalidad pues no se permite el internamiento de menores (artículo 62.4 LOEx 4/2000), genera un daño del que el Estado debe responsabilizarse. El encierro de menores en el CIE evidencia fallos en el sistema de protección a la infancia. Una vez más, se pone de manifiesto que en materia migratoria, el control de fronteras tanto exteriores como interiores prima sobre el respeto a los Derechos Humanos y, en este caso concreto, el de protección a la infancia, así como su deber y compromisos adquiridos en la Convención sobre los Derechos del Niño de actuar en base al interés superior de niños y niñas, respetando el principio de no discriminación, garantizando el derecho a tener un desarrollo adecuado y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. El encierro de menores de edad pone de manifiesto cómo en los CIE se vulneran los derechos fundamentales. Asilo De las 257 personas que hemos visitado en 2015, sólo 36 de ellas solicitaron asilo. Teniendo en cuenta que el CIE es uno de los puestos habilitados para solicitar asilo dentro del Estado Español, cabría esperar un número de solicitudes más elevado, máxime cuando se encierra y deporta a personas originarias de países en conflicto y de países que persiguen a determinados grupos de personas. Una de las razones por las que esta cifra no es más elevada puede atribuirse al miedo y la desconfianza que pueden desarrollar las personas solicitantes de asilo hacia las instituciones, por los abusos que han podido sufrir. Además esta desconfianza se ve agravada por la hostilidad del CIE como espacio de control represivo. Asimismo, hay que tener en cuenta que muchas personas conocen las pocas posibilidades de ver su solicitud admitida a trámite. Es por esto que muchas veces prefieren esperar para solicitar asilo en otro lugar. Las personas encerradas en el CIE saben que la solicitud desde el CIE es menos susceptible de generar credibilidad que la realizada en libertad y en territorio, directamente en la Oficina de Asilo y Refugio o en las comisarías habilitadas. Según los datos de CEAR, en 2014 se registraron 587 solicitudes de asilo en todos los CIE y 170 en el CIE de Aluche. Tan solo el 62,6% de las solicitudes de asilo presentadas en puestos fronterizos y CIE fueron admitidas a trámites frente al 98% de solicitudes presentadas en territorio. Esta diferencia sustancial en las cifras evidencia las dificultades reales de acceso al derecho de asilo desde los CIE. En esta línea, hemos detectado que una de las preguntas más habituales que se hace a las personas durante las entrevistas de asilo en el CIE es si solicitan el asilo para evitar la expulsión. Consideramos que se trata de una pregunta fuera de lugar que predispone la evaluación del caso en contra del relato de la persona solicitante y dificulta el acceso al derecho de asilo puesto que resulta evidente que una persona cuya vida corre peligro en el país de origen y que se enfrenta a una posible deportación, solicita protección justamente para no ser expulsada al país en el que su vida peligra. Esta tendencia se ve reflejada en los datos de las personas visitadas: tan solo el 0.4% de las solicitudes presentadas fue admitido a trámite. Durante los años que llevamos realizando visitas hemos sido testigo de la obstaculización policial para acceder al derecho de asilo. Son numerosos los casos de personas que han realizado un escrito para solicitar asilo
Informe CIE 2015: Mujeres en el CIE de Aluche
La comisión CIE de SOS Racismo Madrid ha elaborado un informe fruto de su trabajo de fiscalización y vigilancia en el CIE de Aluche de Madrid. De cara al 15J Día por el cierre de los CIEs, estamos publicando extractos del informe, que se presentará oficialmente la semana del 20 de junio. En este apartado trataremos de identificar las razones que nos dificultan el contacto con las mujeres en el CIE. Por un lado, hay un factor estructural que hemos comentado anteriormente. En el CIE de Aluche existen cuatro módulos de hombres y solamente uno para mujeres con lo que físicamente es imposible que haya un número similar al de hombres internos: existen 236 plazas para hombres y 44 para mujeres. Por tanto, entendemos que las características estructurales del edificio de Aluche están relacionadas con el escaso número de mujeres al que podemos llegar, sin embargo, no pueden ser la única explicación de esta diferencia. Para poder comprender cuáles son las causas de la diferencia en el número de varones y mujeres que hemos visitado tenemos que incluir en nuestro análisis varios factores. Más allá del espacio como condicionante, somos conscientes de que nos ha sido más difícil contactar con mujeres que con hombres. La pregunta pertinente en este caso sería, ¿Por qué nos cuesta tanto contactar con ellas? ¿Dónde están las mujeres? Trabajos feminizados y economía sumergida: Pensamos que la diferencia en la proporción de mujeres y hombres visitados en el CIE no responde exclusivamente a las características estructurales del edificio sino que va más allá. Las mujeres migrantes en España -como ocurre en otras regiones del mundo- tienden a ser relegadas a los nichos de trabajo típicamente feminizados (como los cuidados, limpieza). Estos ámbitos de trabajo suelen contar con un alto grado de precariedad y representan altos índices en la economía sumergida. Son trabajos que se desarrollan en el ámbito privado, poco reconocidos y que cuentan con regímenes especiales dentro de la propia legislación laboral que las propias trabajadoras consideran deficientes, a lo que se añade el hecho de que España aún no ha ratificado el Acuerdo de la OIT de 2011 sobre condiciones de las empleadas del hogar (Convenio 189 – Trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos). Las principales problemáticas asociadas a este sector son el poco reconocimiento social, la precariedad y la desprotección de las mujeres. Muchas mujeres vienen con contratos en el sector del empleo del hogar o se insertan en este sector una vez llegan al país. Cuando las mujeres llegan al país o no pueden acceder a permisos de residencia y trabajo, se ven abocadas en mayor medida a trabajar como empleadas de hogar en régimen interno. En este caso, las mujeres permanecen en espacios privados lo cual hace más difícil la detención por parte de la policía en caso de redadas. En este sentido, la estructura social y los roles de género en la división del trabajo sitúan a las mujeres mayoritariamente en el desarrollo de actividades profesionales y de ocio en ámbitos privados. Las mujeres ocupan espacios privados y teniendo en cuenta que la mayoría de los espacios de detención se hacen mediante controles de identidad en espacios públicos, podríamos suponer que las mujeres estarían ´menos´ expuestas a detenciones en espacios públicos fuera de las recurrentes redadas en zonas de prostitución. Esta circunstancia, si bien reduce el riesgo de que sufran la experiencia del internamiento en el CIE, expone a las mujeres migrantes en situación irregular a una situación de especial vulnerabilidad, asociada a esta invisibilidad. En el Estado español, el acceso a la ciudadanía está estrechamente condicionado al acceso al trabajo formal con lo que las personas que desarrollan trabajos dentro de la economía sumergida están más expuestas a caer en la irregularidad. Esto es lo que sucede con muchas mujeres que están internas en el CIE. Esto supondría que el número de mujeres detenidas para ser internadas no debería ser menor que el de los hombres. Con lo cual, suponemos que pueden existir mecanismos de invisibilización de la situación de las mujeres en situación irregular. ¿Podría ser que fueran menos detenidas por ocupar espacios privados? ¿Que se muevan en otros circuitos? Mujeres, CIE y trata de seres humanos con fines de explotación: Tras el informe Mujeres en el CIE: género, inmigración e internamiento (2013), se pudo comprobar que existe una sobrerrepresentación en los CIE de mujeres que ejercen la prostitución. El informe Mujeres en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE): Realidades entre rejas (2012) arrojaba luz sobre los casos de víctimas de trata encerradas en los CIE, como hemos podido comprobar en estos años de visitas, especialmente con nacionalidades Paraguayas, Brasileñas y Nigerianas. Por tanto, sabemos que hay probabilidades de que las mujeres que visitamos sean víctimas de trata, y más aún en los casos de las nacionalidades que mencionamos. Estas mujeres se encuentran en redes de extorsión que las mantienen en silencio y que las condiciona a la hora de hablar con personas que no conocen. Para tratar de atajar esta deficiencia en nuestra actuación, nos hemos puesto en contacto con las organizaciones que realizan un excelente trabajo en este ámbito fuera de los CIE y hemos recorrido con las trabajadoras sociales diferentes polígonos y puntos de prostitución en Madrid para ponernos en contacto con éstas mujeres. El objetivo es principalmente que tengan una referencia anterior al posible internamiento en el CIE y que este contacto previo sirva para vencer las reticencias a hablar con desconocidas, pedir ayuda o denunciar. Cabe señalar que el acompañamiento a mujeres que son víctimas de trata en el CIE resulta especialmente complejo. Los altos niveles de coacción, amenazas y violencia a los que son sometidas dificultan enormemente que accedan a solicitar protección teniendo en cuenta que en el CIE se encuentran privadas de libertad y, por tanto, no se trata de un espacio percibido como de seguridad.
Comunicado de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE: deportación «exprés»
El Gobierno quiere deportar de “forma exprés” a un ciudadano mexicano, vecino de Tetuán desde 2007 y con un precontrato de trabajo que iba a comenzar en los próximos días En la noche del martes, Juan Gabriel, ciudadano de origen mexicano que residía en el Estado español desde el año 2007, fue detenido tras saltarse un semáforo en rojo en bicicleta por dos policías municipales, que tras comprobar que se encontraba en situación administrativa irregular procedieron a su traslado a la Brigada Policial de Extranjería, situada en Aluche, dónde ha permanecido desde ese momento hasta esta misma mañana, antes de ser conducido al aeropuerto de Barajas para ser deportado. Sus vecinos y amigos del barrio de Tetuán en el que vivía llevan desde el martes en una carrera contrarreloj por evitar su deportación. Juanga es una persona conocida y querida en el barrio del que forma parte activa. Tanto es así que en pocas horas habían reunido casi un centenar de firmas para presentar en el Consulado y pedir la paralización de su expulsión. Muy querido entre la comunidad de bicimensajeros que éstos días lanzaban tweets de apoyo, Juan Gabriel tenía un precontrato con una conocida empresa de mensajería de la capital, a la que pensaba incorporarse próximamente. La deportación de Juan Gabriel “rompe con todas sus ilusiones, dejando atrás amigos y relaciones de más de 8 años, y todo en menos de 72 horas” expresaba una de sus amigas esta mañana. Desde Stop deportación (Campaña estatal por el cierre de los CIE) recuerdan que cómo han denunciado en diferentes ocasiones, cada vez que el gobierno fleta un vuelo de deportación masiva se suceden historias como la de Juan Gabriel. “Hace unos meses era Moudou, Eljhadi o Sandra y hoy es Juan Gabriel, en unos días pasas de estar viviendo con su familia y realizando su proyecto vital a ser deportado de manera forzosa a un país que dejaste hace años” indica una portavoz de la Campaña. Recuerdan que en el caso de las deportaciones express, que comenzaron a ser habituales en el Estado español en los años 2013 y 2014, se trata de deportaciones que pueden cursarse directamente a través de las comisarías, sin necesidad de que la persona migrante pase por un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), y que en muchas ocasiones , carecen de garantías jurídicas como derecho a un intérprete o a asistencia letrada. Como ya anunciaba la Abogacía española hace un año, nos encontramos ante un cambio de modelo; del internamiento en el CIE y la posterior expulsión, a la expulsión express. Sin embargo lo que no ha cambiado, afirman, es la opacidad con la que se llevan a cabo estos dispositivos. Apenas hay datos sobre deportaciones express, el primer y único dato oficial corresponde al año 2013, cuándo el Gobierno cifró en 6.462 deportaciones desde calabozo, frente a las 4.726 devoluciones que practicó desde los centros de internamiento (en respuesta a una pregunta parlamentaria). Sin embargo los datos de 2014 son un baile de cifras confusas. Por ello desde la Campaña Estatal por el cierre de los CIEs exigen al Gobierno que paralice de manera inmediata la deportación de Juan Gabriel y que deje de realizar vuelos masivos de deportación que no sólo generan indefensión sino que además justifican el aumento de redadas por perfil étnico. E insisten en recordar la importancia de las redes de solidaridad como en el caso de Juan Gabriel y la capacidad de todas las personas para denunciar las redadas por perfil étnico, los vuelos de deportación.
Ciudades libres de CIE´s
La Asamblea Madrid Libre de CIE de la que forma parte SOS Racismo Madrid (junto con Pueblos Unidos, Karibu, parroquia San Carlos Borromeo, Red Interlavapiés, o Comisión CIE’s de Ferrocarril Clandestino, entre otras), se ha sumado a la campaña Ciudades Libres de CIE’s que se está llevando a cabo en diferentes territorios del Estado. Esta iniciativa, que nació tras la aprobación de una moción en el Parlament de Catalunya el pasado mes de julio, promueve un papel proactivo y un posicionamiento claro por parte de las instituciones locales para instar al gobierno central al cierre de los CIE y para desarrollar su compromiso a favor de los Derechos Humanos en aquellos aspectos de la política migratoria represiva que alcanzan su competencia. El contenido de las diferentes mociones presentadas señala el compromiso de las instituciones municipales y autonómicas para erradicar el racismo y garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para todos sus ciudadanos. Para ello, solicita el acuerdo para instar al gobierno central a declarar el cierre de los CIE en el plazo más breve de tiempo, garantizar la eliminación de las identificaciones por perfil étnico y de las deportaciones colectivas y las deportaciones exprés que se realizan en menos de 72 horas desde las comisarías, así como instar al Ministerio del Interior a que derogue el Protocolo de Deportación de la Policía Nacional aprobado en el año 2007. Se trata por tanto de medidas que favorecerían la creación de ciudades habitables para el conjunto de sus vecinas y vecinos. El cierre de los CIE se identifica como elemento central de la moción, en tanto que piedra angular de la política migratoria represiva. La mera existencia de los CIE es en sí misma una vulneración de los Derechos Humanos y ha sido denunciada por tratarse de una medida legislativa desproporcionada e incompatible con el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Además, cabe señalar que, tal y como llevamos años denunciando y tratando de hacer visible, en los CIE se vulneran los derechos fundamentales de las personas en ellos encerradas de forma sistemática. Estas vulneraciones de derechos no han cesado con la aprobación del Reglamento 162/2014 de 14 de marzo y, como el propio Ministerio del Interior ha reconocido en respuesta al auto emitido en julio por la juez de control del CIE de Barranco Seco, en ellos se incumple la legalidad quedando como única alternativa su cierre. El cierre de los CIE es posible y depende de la voluntad política puesto que su existencia no es una cuestión obligatoria para ningún estado de la Unión Europea según su propia legislación. En este sentido cabe destacar que el posicionamiento a favor del cierre de los CIE por parte de los Ayuntamientos, así como desde las Comunidades Autónomas, es algo realmente significativo para alcanzar dicho objetivo puesto que se trata de un importante acto de visibilización. Ciudades libres de CIE’s Alter nº 21. Boletín de SOS Racismo Madrid Página 5 No hay que olvidar que lo que no aparece en la televisión o en los periódicos parece que no existe en este país (hay gente que no ha escuchado la palabra CIE nunca), por lo que su mera aparición pública ya es un gran paso. Además el rechazo de estos horribles lugares por parte de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, a pesar de que la competencia es estatal, tiene una gran carga simbólica que expresa el descontento de un gran sector de la población así como de sus representantes. De esta forma, se pone de manifiesto que así como el CIE nació por voluntad política solo podrá ser cerrado de la misma manera. Sin embargo, hay que recalcar que la política no es solo el ámbito institucional, este no es más que una parte, sino todo aquello que tiene que ver con las relaciones de poder y su distribución entre los distintos actores. Con ello cuanta más presión se haga, tanto desde la calle como desde los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, más posibilidades hay de que se alteren las relaciones de poder respecto a este tema y se consiga finalmente el cierre. De esta forma, la calle y las instituciones deben retroalimentarse de manera que el tejido asociativo presione a los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas para su posicionamiento en contra de los CIE, y a su vez que este posicionamiento sirva para una mayor visibilización del problema que repercuta en una mayor repulsa ciudadana. La campaña Ciudades Libres de CIE tiene un balance muy positivo puesto que se han aprobado mociones en el Parlament de Catalunya así como en el Ayuntamiento de Barcelona con los votos favorables de todos los grupos parlamentarios y municipales a excepción de Ciutadans y el Partido Popular de Catalunya. También se ha aprobado en las Cortes Valencianas y en los Ayuntamientos de Valencia, Burjassot y Moncada. A esto se suman declaraciones institucionales y aprobaciones en ciudades de Galicia y Navarra. En el caso de Madrid, tal y como se anunció en una rueda de prensa el pasado 17 de diciembre, tras varios meses de diálogo tenemos que lamentar que sea la única gran ciudad con CIE que no se ha declarado libre de CIE’s. Ante el bloqueo constante del PSOE, propio de las líneas habituales de sus políticas migratorias, impulsoras de la apertura de los CIE o de la colocación de concertinas/cuchillas en las vallas fronterizas, y sin el apoyo del Partido Popular ni de Ciudadanos, Ahora Madrid decidió que no se trataba del momento oportuno para presentar esta moción. Confiamos en que finalmente Ahora Madrid se decida por presentar la moción en el Pleno y que sea la votación quien revele el verdadero de rostro de los partidos en relación al respeto de los Derechos Humanos. Si bien es cierto que si finalmente el PSOE se decanta por votar a favor la moción quedara demostrado, una vez más, que su forma de hacer política tiene más que ver con lo que piense la opinión pública, es
#Las5DeSOSRacismo: Análisis de programas electorales
Aprovechando que estamos a las puertas de las Elecciones Generales, y celebrándose las mismas en fechas prácticamente navideñas, desde SOS Racismo nos hemos propuesto escribir nuestra particular carta a los reyes. Sin embargo, como tendremos que esperar hasta el final de la próxima legislatura para ver si nuestros deseos se ven cumplidos, vamos a intentar anticiparnos, analizando si nuestros principales partidos políticos, dentro de sus buenos propósitos, es decir, sus programas electorales, recogen nuestras peticiones. ¿Y qué es lo que pedimos desde SOS? Estas son nuestras propuestas, en el marco de la campaña #Las5DeTodas, que ha recogido las propuestas de decenas de organizaciones sociales: 1. DEROGACIÓN DEL DECRETO DE EXCLUSIÓN SANITARIA. Nuestro actual Gobierno, aprobó en abril del 2012 el Real Decreto de Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Este RDL transformó el carácter universal de nuestro sistema sanitario, dejando fuera del mismo a las personas extranjeras extracomunitarias, (excepto los ciudadanos suizos), que se encontrasen en España de forma irregular. A estas personas sólo se les atendería en casos especiales, a través de urgencias para enfermedades graves y accidentes, asistencia al embarazo, parto y postparto. Los perjuicios que ha originado la aplicación de esta ley pueden consultarse en nuestro artículo: “Tras dos años de exclusión sanitaria, seguimos en lucha contra el RDL 16/2012”. El Partido Popular, no tiene ninguna intención de que las cosas cambien, siendo su gobierno el responsable de la aprobación de esta ley, a pesar de que presumen de la universalidad y generosidad de nuestro sistema sanitario, tal y como dicen en su programa: “España cuenta con un sistema sanitario más universal, al que tienen acceso todos los españoles y los residentes en nuestro país; con 700.000 tarjetas sanitarias más que al principio de la legislatura; en el que se ha puesto freno al turismo sanitario; y que garantiza el acceso de los más vulnerables a la asistencia sanitaria más generosa de toda Europa”. Si no fuese por las dramáticas situaciones que provoca y ha provocado esta ley, sería para echarnos a reír. Por supuesto, no encontramos en su programa nada que nos haga pensar que tengan ninguna intención en mejorar la situación sanitaria de los migrantes en situación irregular. Afortunadamente, PSOE, IU y Podemos, incluyen en su programa la derogación del RDL 16/2012. Ciudadanos, sin embargo, habla de un pacto europeo que de una cobertura mínima en toda la UE. Sus palabras son “Propondremos un Pacto Europeo para asistencia sanitaria a inmigrantes sin tarjeta de residencia que unifique la cobertura mínima exigible a los países de la unión”. No nos queda muy claro, si esto mejoraría o no la situación sanitaria de estas personas, pero la experiencia nos dice que la falta de concreción en las propuestas da como resultado la falta de propuestas y de compromisos. Abundando en las promesas de los partidos que pretenden derogar la ley, el PSOE promete hacerlo de forma inmediata, y sin embargo, leemos “El PP ha modificado unilateralmente el modelo sanitario acabando con el carácter universal de la sanidad pública que pasó de reconocerse por razón de ciudadanía a ser un sistema de cobertura en función de estar asegurado..” y “…que sea público, universal, gratuito en el acceso, equitativo y de calidad, con una misma cartera básica de servicios para toda la ciudadanía en un marco de amplia descentralización…”. Tendríamos por tanto, que saber, si el PSOE consideraría ciudadanos a los migrantes en situación irregular. IU y Podemos son menos ambiguos, ambos hablan de “universalización de la sanidad”. IU dice en su programa: “defendemos la universalización de la sanidad como prestación no contributiva y derecho universal e igualitario reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía”, aunque más adelante prometen la “Universalización de la sanidad como prestación no contributiva y derecho subjetivo ciudadano. Es urgente también acabar con la privación del acceso a la sanidad pública de las personas más vulnerables, como las mujeres emigrantes en situación administrativa irregular”. También hacen mención al Real Decreto, indicando que priva a las mujeres migrantes del acceso gratuito a los servicios de salud sexual y reproductiva y a la atención sanitaria de la violencia de género, lo que hace que nos preguntamos si aquellos migrantes en situación irregular que no se encuentran dentro de estos grupos tendrían acceso a la sanidad pública en las mismas condiciones. Podemos, parece ser el grupo político que cumpliría, al menos en su programa, plenamente con nuestra propuesta. “Cobertura sanitaria universal: derecho a la tarjeta sanitaria para todas las personas, también para los inmigrantes o emigrantes de nacionalidad española, quienes pierden el acceso a la cobertura sanitaria universal noventa días después de su salida del país.” Si entendemos aquí, que los inmigrantes también son aquellos que se encuentran en nuestro país en situación irregular, ellos también tendrían derecho a la cobertura sanitaria en las mismas condiciones que el resto de personas a los que da cobertura nuestro sistema. 2. CIERRE DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS (CIEs). La figura de los Centros de Internamientos de Extranjeros, (CIEs), aparece por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico en la primera ley de extranjería (Ley Orgánica 7/1985 sobre Derechos y Libertades de Los Extranjeros en España aprobada en el Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero). La existencia de estos centros de internamiento supone una vulneración de los derechos de las personas que se encuentran en situación irregular en nuestro país, privándolos de libertad, (incluso a menores), encerrándolas en establecimientos insalubres, hacinados, sin acceso a una defensa legal efectiva y bajo el control de la policía y personal no cualificado para dar servicio en estos centros. Desde SOS Racismo, tenemos claro que por todas las razones expuestas dichos centros deben desaparecer, y aquí, nos encontramos tristemente, con que solamente IU y Podemos se comprometen a cerrar los CIEs. Podemos, además se compromete a “Eliminar la responsabilidad penal de las víctimas de trata que se encuentran
El Ministerio del Interior reconoce que incumple la legalidad en los centros de internamiento
LA CAMPAÑA POR EL CIERRE DE LOS CIE EXIGE SU CIERRE SIN CONDICIONES COMO ÚNICA FORMA DE RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS. Tras el reconocimiento de Interior sobre el incumplimiento de la legalidad vigente respecto a los centros de internemianto de extranjeros, la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE exige su inmediato cierre y saluda el auto judicial que ha desencadenado el reconocimiento del Ministerio de Interior. «Las necesidades económicas, presupuestarias o de personal nunca pueden ser excusa para someter a las personas a la vulneración de sus derechos fundamentales. Por tanto, el camino es único: el cierre de todos los centros de detención existentes en el territorio del Estado», manifiestan miembros de la plataforma. La respuesta del Ministerio de Interior sobre las inaceptables condiciones de los CIE se ha producido en respuesta al auto de 31 de julio de 2015, emitido por la juez de control del CIE canario de Barranco Seco. A finales del mes de julio, la juez de control del CIE canario emitió un auto en el que ponía de relieve el incumplimiento del Real Decreto 162/2014 de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros, en el centro que tiene designado. En el escrito, la magistrada detalla las reiteradas vulneraciones de derechosque se producen en el CIE y explica que «únicamente se cumplen las previsiones —de la estructura laboral prevista— en lo que se ha podido conformar con personal policial». Por otro lado, destaca que el CIE de Barranco Seco «no dispone ni de locutorios para entrevistas reservadas con abogados ni sala de visitas», así como que se vulnera el derecho a la salud «tanto en la vertiente psíquica como física» pues no existe personal cualificado en el centro, circunstancia que es extrapolable el resto de CIEs existentes en el territorio español. El auto constata que no existe servicio de orientación jurídicani intérpretes y que el sistema de quejas no se cumple. Asimismo, denuncia la situación de discriminación en que se encuentran las mujeres internas, pues «no hay personal policial femenino» y «en los kit de higiene no se incluye material específico de higiene femenina». Dicho auto pide la subsanación inmediata de las vulneraciones, limitaciones y faltas de garantías enumeradas debido a que ya ha transcurrido el plazo previsto de un año para la aplicación del RD 162/201 La respuesta por parte del Ministerio del Interior, a través de sus servicios jurídicos, admite que incumple el reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y concluye que el «auto judicial remitido podría conllevar una decisión de cierre del CIE de Barranco Seco y, dado que la situación denunciada es extrapolable al resto de centros, cabría resoluciones similares». Desde la Campaña estatal por el Cierre de los CIE veníamos alertando que la aprobación del Reglamento de los CIE no era sino una maniobra de lavado de imagen e intento de legitimación al introducir algunos cambios en los centros, sin establecer en ningún caso mecanismos de garantía de derechos . La aprobación del Reglamentorespondió más a un intento de cubrir el vacío legal de los CIE ante el descontento generalizado, que a una voluntad real de garantizar los derechos de las personas internas. Hoy, un año y medio después de su aprobación, constatamos como ni siquiera se está aplicando un Reglamento ya de por sí pírrico en términos de garantías formales de los derechos y, ahora, manifiestamente incumplido por el Ministerio de Interior, como venimos denunciando las organizaciones sociales. Desde la Campaña por el Cierre de los CIE queremos recordar que la privación de libertad por estancia irregular en CIEs confronta con el derecho a la libertad y a la seguridad personales proclamados en el art. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En concreto, la detención en CIEs ha sido denunciada por tratarse de una medida legislativa desproporcionada e incompatible con el art.5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Sin embargo, en España la constitucionalidad del internamiento ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, pero condicionada a una serie de requisitos de excepcionalidad, control jurisdiccional y supuesto carácter no penitenciario de los centros, que no se corresponden a la realidad. Tras este auto y la respuesta del Ministerio de Interior se deduce que no solo los CIE son ilegítimos sino que cada vez más se desarrollan en la más absoluta ilegalidad. De esta forma, cuando el propio Ministerio de Interior reconoce que es incapaz de cumplir un Reglamento y legislación que él mismo ha diseñado, en un Estado de Derecho sólo queda una salida apuntada: el cierre de éstas instalaciones. Afirmamos que estas instituciones son una pieza más dentro del sistema de represión de la migración, y denunciamos el preocupante aumento de las deportaciones exprés (deportaciones realizadas en 72h desde comisaría, sin paso por CIE y en la mayoría de los casos sin asistencia legal), así como el negocio que suponen los vuelos de deportación («vuelos de la vergüenza»), por los que Air Europa se embolsa cantidades millonarias cada año a través de un contrato con el Ministerio. Finalmente, mostramosnuestro profundo rechazo a las políticas migratorias aplicadas por el Estado español con lógicas policiales y de castigo en forma de: redadas racistas, CIE, Vuelos de la Vergüenza o los asesinatos en las fronteras. Por estas razones seguiremos visibilizando y denunciando todas y cada una de las vulneraciones de derechos para construir una sociedad libre de racismo institucional, cuyo primer paso es el cierre de los CIE, de forma irreversible y sin condiciones. *Noticia en eldiario.es DOCUMENTO | Interior admite que incumple la normativa en los CIE y teme que «conlleve su cierre»