Los vuelos de deportación, ya se efectúen en vuelos comerciales o en aviones especialmente fletados para tal finalidad, siguen teniendo lugar prácticamente de forma mensual. La identificación y denuncia de estos vuelos es relativamente reciente, pero los vuelos de deportación no son ninguna novedad, y existen datos de vuelos masivos de expulsión desde finales de los 90. A partir de 2012, la colaboración entre diferentes colectivos, la mayoría integrantes de la campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), comenzó a hacer posible la denuncia anticipada de los conocidos como vuelos de la vergüenza, y alertar a los ciudadanos de los países involucrados del peligro que corren ante la inminencia de un vuelo organizado. En esos días previos a la salida del vuelo se producen un mayor número de redadas racistas con el fin de detener a ciudadanos de una determinada nacionalidad para llenar el avión, en algunas ocasiones previo paso por el CIE.
Los vuelos de deportación son también conocidos por la violencia que se ejerce en el dispositivo policial que los controla, que ha llegado a provocar víctimas mortales. Después de la muerte de una persona en el transcurso de una deportación, el Gobierno promulgó en 2007 un protocolo de actuación para las repatriaciones que, entre otras cosas, recoge los casos en los que se podrán utilizar medidas coercitivas como inmovilizaciones o el uso de sedantes. Uno de los mayores inconvenientes para la documentación de estos vuelos es la escasa información de lo que sucede en ellos, que proviene de una fuente en muchos casos única y, por lo tanto, fundamental: las personas deportadas desde sus países de origen.
Cabe destacar que la complicidad de los países de origen es un factor esencial que permite estas deportaciones. Consciente de ello, el Estado español gasta grandes cantidades de dinero para asegurar que los países de destino aceptan a los repatriados a través de ofensivas diplomáticas que, en ocasiones, se traducen en el aumento de la ayuda al desarrollo para los países que faciliten las deportaciones. Otro actor imprescindible para que las repatriaciones se lleven a cabo es Air Europa, del grupo Globalia, la empresa que obtuvo el monopolio de los vuelos de deportación para el período 2013 – 2015, que tiene un contrato con el gobierno español de más de 24 millones de euros. El pasado 14 de enero el Gobierno español publicó el anuncio de la nueva licitación de este contrato, cuya ejecución está prevista para el 1 de mayo, para los años 2015 y 2016.
La Campaña contra los Vuelos de la Vergüenza está impulsada por los colectivos pertenecientes a la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, de la que forma parte SOS Racismo Madrid. La campaña se lleva a cabo a través de diferentes medios y acciones, y su objetivo prioritario es visibilizar la existencia de los vuelos de deportación para conseguir acabar con ellos. Las redes sociales son una herramienta esencial para denunciar hechos como la complicidad de Air Europa, o avisar de próximos vuelos. Y tanto o más lo son las acciones informativas en los casos de vuelos comerciales: en estas acciones se informa tanto a la tripulación como a los pasajeros de los aviones de la presencia de personas migrantes que van a ser deportadas a la fuerza.
Ayer 4 de febrero, tres activistas de la campaña acudieron al aeropuerto a la una de la tarde para informar a los pasajeros del vuelo LO 434, con destino a Varsovia y que hacía escala en Georgia, de que en su avión la policía pretendía hacer viajar a la fuerza a un ciudadano georgiano, a quien se expulsaba del territorio nacional por una falta administrativa, como lo es no tener su documentación en regla. Además, esta persona había solicitado asilo porque su vida corre peligro en su país, y su petición fue desatendida. No se trata de un caso aislado. Los pasajeros, en general, acogieron la información con interés y sorpresa, y se mostraron dispuestos a manifestar su rechazo a la tripulación frente a este tipo de prácticas. Muchos pasajeros nos contaron que nunca habían oído hablar de estas deportaciones. Tampoco de los Centros de Internamiento de Extranjeros. Es necesario que la sociedad conozca estas realidades injustas para que puedan pronunciarse. De hecho en ciertas ocasiones la actitud de los pasajeros ha sido crucial para detener algunas deportaciones.
En la madrugada de ayer se efectuó otro vuelo de deportación a Nigeria, organizado por la Comisaría General de Extranjería y Frontera, que tenía previsto llegar a Lagos a las 7 de esta mañana. Las repatriaciones a Nigeria continúan a pesar de la situación que vive el país, donde han sido asesinadas más de 2.000 personas y otros miles se han visto obligados a desplazarse como consecuencia del violento avance del grupo terrorista Boko Haram, que tiene atemorizada a la población nigeriana. Ante esta situación, la deportación podría suponer grandes riesgos para las personas que han sido expulsadas a la fuerza.
Algunas personas procedentes de Nigeria y otros países en conflicto intentan solicitar asilo desde el su encierro en el CIE, aunque, como ocurre en la frontera, resulta un lugar demasiado hostil para que alguien se decida a contar su historia y pedir ayuda. Además, el mecanismo para hacer la solicitud, que se realiza a través de un buzón dirigido al director, resulta arbitrario, genera indefensión al no ofrecer ninguna garantía y es del todo inadecuado ante la gravedad de las situaciones de las que estamos hablando. De esta manera, la mayor parte de las solicitudes de asilo no son ni siquiera tramitadas.
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