Comunicado de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE: deportación «exprés»
El Gobierno quiere deportar de “forma exprés” a un ciudadano mexicano, vecino de Tetuán desde 2007 y con un precontrato de trabajo que iba a comenzar en los próximos días En la noche del martes, Juan Gabriel, ciudadano de origen mexicano que residía en el Estado español desde el año 2007, fue detenido tras saltarse un semáforo en rojo en bicicleta por dos policías municipales, que tras comprobar que se encontraba en situación administrativa irregular procedieron a su traslado a la Brigada Policial de Extranjería, situada en Aluche, dónde ha permanecido desde ese momento hasta esta misma mañana, antes de ser conducido al aeropuerto de Barajas para ser deportado. Sus vecinos y amigos del barrio de Tetuán en el que vivía llevan desde el martes en una carrera contrarreloj por evitar su deportación. Juanga es una persona conocida y querida en el barrio del que forma parte activa. Tanto es así que en pocas horas habían reunido casi un centenar de firmas para presentar en el Consulado y pedir la paralización de su expulsión. Muy querido entre la comunidad de bicimensajeros que éstos días lanzaban tweets de apoyo, Juan Gabriel tenía un precontrato con una conocida empresa de mensajería de la capital, a la que pensaba incorporarse próximamente. La deportación de Juan Gabriel “rompe con todas sus ilusiones, dejando atrás amigos y relaciones de más de 8 años, y todo en menos de 72 horas” expresaba una de sus amigas esta mañana. Desde Stop deportación (Campaña estatal por el cierre de los CIE) recuerdan que cómo han denunciado en diferentes ocasiones, cada vez que el gobierno fleta un vuelo de deportación masiva se suceden historias como la de Juan Gabriel. “Hace unos meses era Moudou, Eljhadi o Sandra y hoy es Juan Gabriel, en unos días pasas de estar viviendo con su familia y realizando su proyecto vital a ser deportado de manera forzosa a un país que dejaste hace años” indica una portavoz de la Campaña. Recuerdan que en el caso de las deportaciones express, que comenzaron a ser habituales en el Estado español en los años 2013 y 2014, se trata de deportaciones que pueden cursarse directamente a través de las comisarías, sin necesidad de que la persona migrante pase por un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), y que en muchas ocasiones , carecen de garantías jurídicas como derecho a un intérprete o a asistencia letrada. Como ya anunciaba la Abogacía española hace un año, nos encontramos ante un cambio de modelo; del internamiento en el CIE y la posterior expulsión, a la expulsión express. Sin embargo lo que no ha cambiado, afirman, es la opacidad con la que se llevan a cabo estos dispositivos. Apenas hay datos sobre deportaciones express, el primer y único dato oficial corresponde al año 2013, cuándo el Gobierno cifró en 6.462 deportaciones desde calabozo, frente a las 4.726 devoluciones que practicó desde los centros de internamiento (en respuesta a una pregunta parlamentaria). Sin embargo los datos de 2014 son un baile de cifras confusas. Por ello desde la Campaña Estatal por el cierre de los CIEs exigen al Gobierno que paralice de manera inmediata la deportación de Juan Gabriel y que deje de realizar vuelos masivos de deportación que no sólo generan indefensión sino que además justifican el aumento de redadas por perfil étnico. E insisten en recordar la importancia de las redes de solidaridad como en el caso de Juan Gabriel y la capacidad de todas las personas para denunciar las redadas por perfil étnico, los vuelos de deportación.
El Ministerio del Interior reconoce que incumple la legalidad en los centros de internamiento
LA CAMPAÑA POR EL CIERRE DE LOS CIE EXIGE SU CIERRE SIN CONDICIONES COMO ÚNICA FORMA DE RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS. Tras el reconocimiento de Interior sobre el incumplimiento de la legalidad vigente respecto a los centros de internemianto de extranjeros, la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE exige su inmediato cierre y saluda el auto judicial que ha desencadenado el reconocimiento del Ministerio de Interior. «Las necesidades económicas, presupuestarias o de personal nunca pueden ser excusa para someter a las personas a la vulneración de sus derechos fundamentales. Por tanto, el camino es único: el cierre de todos los centros de detención existentes en el territorio del Estado», manifiestan miembros de la plataforma. La respuesta del Ministerio de Interior sobre las inaceptables condiciones de los CIE se ha producido en respuesta al auto de 31 de julio de 2015, emitido por la juez de control del CIE canario de Barranco Seco. A finales del mes de julio, la juez de control del CIE canario emitió un auto en el que ponía de relieve el incumplimiento del Real Decreto 162/2014 de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros, en el centro que tiene designado. En el escrito, la magistrada detalla las reiteradas vulneraciones de derechosque se producen en el CIE y explica que «únicamente se cumplen las previsiones —de la estructura laboral prevista— en lo que se ha podido conformar con personal policial». Por otro lado, destaca que el CIE de Barranco Seco «no dispone ni de locutorios para entrevistas reservadas con abogados ni sala de visitas», así como que se vulnera el derecho a la salud «tanto en la vertiente psíquica como física» pues no existe personal cualificado en el centro, circunstancia que es extrapolable el resto de CIEs existentes en el territorio español. El auto constata que no existe servicio de orientación jurídicani intérpretes y que el sistema de quejas no se cumple. Asimismo, denuncia la situación de discriminación en que se encuentran las mujeres internas, pues «no hay personal policial femenino» y «en los kit de higiene no se incluye material específico de higiene femenina». Dicho auto pide la subsanación inmediata de las vulneraciones, limitaciones y faltas de garantías enumeradas debido a que ya ha transcurrido el plazo previsto de un año para la aplicación del RD 162/201 La respuesta por parte del Ministerio del Interior, a través de sus servicios jurídicos, admite que incumple el reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y concluye que el «auto judicial remitido podría conllevar una decisión de cierre del CIE de Barranco Seco y, dado que la situación denunciada es extrapolable al resto de centros, cabría resoluciones similares». Desde la Campaña estatal por el Cierre de los CIE veníamos alertando que la aprobación del Reglamento de los CIE no era sino una maniobra de lavado de imagen e intento de legitimación al introducir algunos cambios en los centros, sin establecer en ningún caso mecanismos de garantía de derechos . La aprobación del Reglamentorespondió más a un intento de cubrir el vacío legal de los CIE ante el descontento generalizado, que a una voluntad real de garantizar los derechos de las personas internas. Hoy, un año y medio después de su aprobación, constatamos como ni siquiera se está aplicando un Reglamento ya de por sí pírrico en términos de garantías formales de los derechos y, ahora, manifiestamente incumplido por el Ministerio de Interior, como venimos denunciando las organizaciones sociales. Desde la Campaña por el Cierre de los CIE queremos recordar que la privación de libertad por estancia irregular en CIEs confronta con el derecho a la libertad y a la seguridad personales proclamados en el art. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En concreto, la detención en CIEs ha sido denunciada por tratarse de una medida legislativa desproporcionada e incompatible con el art.5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Sin embargo, en España la constitucionalidad del internamiento ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, pero condicionada a una serie de requisitos de excepcionalidad, control jurisdiccional y supuesto carácter no penitenciario de los centros, que no se corresponden a la realidad. Tras este auto y la respuesta del Ministerio de Interior se deduce que no solo los CIE son ilegítimos sino que cada vez más se desarrollan en la más absoluta ilegalidad. De esta forma, cuando el propio Ministerio de Interior reconoce que es incapaz de cumplir un Reglamento y legislación que él mismo ha diseñado, en un Estado de Derecho sólo queda una salida apuntada: el cierre de éstas instalaciones. Afirmamos que estas instituciones son una pieza más dentro del sistema de represión de la migración, y denunciamos el preocupante aumento de las deportaciones exprés (deportaciones realizadas en 72h desde comisaría, sin paso por CIE y en la mayoría de los casos sin asistencia legal), así como el negocio que suponen los vuelos de deportación («vuelos de la vergüenza»), por los que Air Europa se embolsa cantidades millonarias cada año a través de un contrato con el Ministerio. Finalmente, mostramosnuestro profundo rechazo a las políticas migratorias aplicadas por el Estado español con lógicas policiales y de castigo en forma de: redadas racistas, CIE, Vuelos de la Vergüenza o los asesinatos en las fronteras. Por estas razones seguiremos visibilizando y denunciando todas y cada una de las vulneraciones de derechos para construir una sociedad libre de racismo institucional, cuyo primer paso es el cierre de los CIE, de forma irreversible y sin condiciones. *Noticia en eldiario.es DOCUMENTO | Interior admite que incumple la normativa en los CIE y teme que «conlleve su cierre»
Nuevos vuelos de la vergüenza a Georgia y Nigeria: continuamos la lucha
Los vuelos de deportación, ya se efectúen en vuelos comerciales o en aviones especialmente fletados para tal finalidad, siguen teniendo lugar prácticamente de forma mensual. La identificación y denuncia de estos vuelos es relativamente reciente, pero los vuelos de deportación no son ninguna novedad, y existen datos de vuelos masivos de expulsión desde finales de los 90. A partir de 2012, la colaboración entre diferentes colectivos, la mayoría integrantes de la campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), comenzó a hacer posible la denuncia anticipada de los conocidos como vuelos de la vergüenza, y alertar a los ciudadanos de los países involucrados del peligro que corren ante la inminencia de un vuelo organizado. En esos días previos a la salida del vuelo se producen un mayor número de redadas racistas con el fin de detener a ciudadanos de una determinada nacionalidad para llenar el avión, en algunas ocasiones previo paso por el CIE. Los vuelos de deportación son también conocidos por la violencia que se ejerce en el dispositivo policial que los controla, que ha llegado a provocar víctimas mortales. Después de la muerte de una persona en el transcurso de una deportación, el Gobierno promulgó en 2007 un protocolo de actuación para las repatriaciones que, entre otras cosas, recoge los casos en los que se podrán utilizar medidas coercitivas como inmovilizaciones o el uso de sedantes. Uno de los mayores inconvenientes para la documentación de estos vuelos es la escasa información de lo que sucede en ellos, que proviene de una fuente en muchos casos única y, por lo tanto, fundamental: las personas deportadas desde sus países de origen. Cabe destacar que la complicidad de los países de origen es un factor esencial que permite estas deportaciones. Consciente de ello, el Estado español gasta grandes cantidades de dinero para asegurar que los países de destino aceptan a los repatriados a través de ofensivas diplomáticas que, en ocasiones, se traducen en el aumento de la ayuda al desarrollo para los países que faciliten las deportaciones. Otro actor imprescindible para que las repatriaciones se lleven a cabo es Air Europa, del grupo Globalia, la empresa que obtuvo el monopolio de los vuelos de deportación para el período 2013 – 2015, que tiene un contrato con el gobierno español de más de 24 millones de euros. El pasado 14 de enero el Gobierno español publicó el anuncio de la nueva licitación de este contrato, cuya ejecución está prevista para el 1 de mayo, para los años 2015 y 2016. La Campaña contra los Vuelos de la Vergüenza está impulsada por los colectivos pertenecientes a la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, de la que forma parte SOS Racismo Madrid. La campaña se lleva a cabo a través de diferentes medios y acciones, y su objetivo prioritario es visibilizar la existencia de los vuelos de deportación para conseguir acabar con ellos. Las redes sociales son una herramienta esencial para denunciar hechos como la complicidad de Air Europa, o avisar de próximos vuelos. Y tanto o más lo son las acciones informativas en los casos de vuelos comerciales: en estas acciones se informa tanto a la tripulación como a los pasajeros de los aviones de la presencia de personas migrantes que van a ser deportadas a la fuerza. Ayer 4 de febrero, tres activistas de la campaña acudieron al aeropuerto a la una de la tarde para informar a los pasajeros del vuelo LO 434, con destino a Varsovia y que hacía escala en Georgia, de que en su avión la policía pretendía hacer viajar a la fuerza a un ciudadano georgiano, a quien se expulsaba del territorio nacional por una falta administrativa, como lo es no tener su documentación en regla. Además, esta persona había solicitado asilo porque su vida corre peligro en su país, y su petición fue desatendida. No se trata de un caso aislado. Los pasajeros, en general, acogieron la información con interés y sorpresa, y se mostraron dispuestos a manifestar su rechazo a la tripulación frente a este tipo de prácticas. Muchos pasajeros nos contaron que nunca habían oído hablar de estas deportaciones. Tampoco de los Centros de Internamiento de Extranjeros. Es necesario que la sociedad conozca estas realidades injustas para que puedan pronunciarse. De hecho en ciertas ocasiones la actitud de los pasajeros ha sido crucial para detener algunas deportaciones. En la madrugada de ayer se efectuó otro vuelo de deportación a Nigeria, organizado por la Comisaría General de Extranjería y Frontera, que tenía previsto llegar a Lagos a las 7 de esta mañana. Las repatriaciones a Nigeria continúan a pesar de la situación que vive el país, donde han sido asesinadas más de 2.000 personas y otros miles se han visto obligados a desplazarse como consecuencia del violento avance del grupo terrorista Boko Haram, que tiene atemorizada a la población nigeriana. Ante esta situación, la deportación podría suponer grandes riesgos para las personas que han sido expulsadas a la fuerza. Algunas personas procedentes de Nigeria y otros países en conflicto intentan solicitar asilo desde el su encierro en el CIE, aunque, como ocurre en la frontera, resulta un lugar demasiado hostil para que alguien se decida a contar su historia y pedir ayuda. Además, el mecanismo para hacer la solicitud, que se realiza a través de un buzón dirigido al director, resulta arbitrario, genera indefensión al no ofrecer ninguna garantía y es del todo inadecuado ante la gravedad de las situaciones de las que estamos hablando. De esta manera, la mayor parte de las solicitudes de asilo no son ni siquiera tramitadas. Para más información sobre los Vuelos de Deportación, click aquí
Libro «Paremos los vuelos. Las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa»
Cada año, el Estado español fleta más de cien vuelos de deportación para la expulsión de miles de personas migrantes. Las compañías aéreas Air Europa y Swift Air han firmado con el Ministerio del Interior un contrato de 24 millones de euros para la realización de los vuelos de deportación entre los años 2013 y 2015. La Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y otros colectivos contra las fronteras hacemos un llamamiento al boicot a estas dos compañías aéreas y a todo el grupo empresarial Globalia, al que pertenece Air Europa. Nos negamos a naturalizar los vuelos de deportación, nos negamos a que formen parte de nuestra normalidad. Si quieres leer la información completa puedes hacerlos pinchando en este enlace: http://www.localcambalache.org/libros/comentarios_libros/paremos_los_vuelos.htm