Mujeres migrantes creando estrategias contra las violencias
La migración, como estrategia de las mujeres para resistir a la violencia que sufren en sus países de origen por Elena Delgado Migrar no es viajar. Migrar es huir, buscar, resistir, necesitar, anhelar, sufrir, es violencia, discriminación, hipocresía, fronteras y racismo. Estos fueron algunos de los términos más verbalizados durante una jornada, organizada por Alianza por la Solidaridad, y que ha reunido el pasado 7 de junio a importantes activistas y profundas conocedoras de los contextos que rodean y afectan a las mujeres migrantes. Bajo el título ‘Mujeres creando estrategias frente a las violencias’, se han analizado las circunstancias y razones que llevan a muchas mujeres a migrar. La conclusión, al finalizar el encuentro, es unánime: las mujeres migran como estrategia para resistir a la violencia que sufren en sus países de origen, asumiendo, además, los riesgos de agresiones durante el trayecto y en los lugares de destino. En este encuentro ha participado nuestra compañera Dánae García, activista y asesora de la Oficina de Información y Denuncia de SOS Racismo Madrid, quien ha comenzado su intervención denunciando el hecho de que las mujeres tengan que normalizar las violencias que se ejercen contra ellas, como único mecanismo para seguir adelante, y ha criticado la invisibilización que existe a nivel social de estos abusos. Para ejemplificar esta afirmación, Dánae tira de actualidad y recuerda las violaciones y la explotación sufridas por 400 mujeres marroquíes trabajadoras en los campos de la fresa de Huelva, y que hasta ahora nadie se había atrevido a denunciar. El horror, califica Dánae, “es que llega un punto en que las mujeres normalizan y aceptan su vulnerabilidad e invisibilidad para poder seguir luchando. Sufren acoso, lo asumen y solo denuncian cuando no pueden más, pero hasta ese momento, pasa mucho tiempo y sufrimiento”. Éste ha sido el caso de las mujeres en Huelva, quienes ahora se enfrentan a represalias y amenazas de intento de deportación, incluso a aquellas que tienen tarjeta de residencia”. De su experiencia, Dánae García destaca el miedo, por un lado, y la desinformación, por otro, como los principales factores que llevan a las personas migrantes a denunciar y pedir asesoramiento legal. En el caso de las mujeres, concreta dos ámbitos donde ellas sienten más miedo, y sufren especialmente las consecuencias del racismo, la discriminación y la falta de información: los centros de asistencia sanitaria y las prisiones. En el ámbito de la asistencia sanitaria, con excepción de los casos de urgencia, la asistencia a menores y a embarazadas, las mujeres migrantes temen acudir al médico, bien por estar en situación administrativa irregular, por el trato discriminatorio y racista que reciben del personal médico y administrativo en centros de salud y hospitales, o porque se cuestiona su credibilidad cuando deciden denunciar estos comportamientos. Las cárceles constituyen otro escenario donde las mujeres migrantes experimentan continuas discriminaciones y agresiones racistas, que quedan totalmente invisibilizadas. Estas mujeres no tienen acceso a asistencia letrada, recursos ni información sobre las opciones de reinserción, o acceso al subsidio de excarcelación, no comprenden las penas que se les imponen, y se enfrentan al racismo de jueces, fiscales, abogados de oficio, policías y funcionarios. “Detrás de los muros de una prisión no existen derechos para ellas”, resalta Dánae. La ‘burorepresión’ de la Ley de Extranjería y otras leyes ad hoc. Durante su exposición, nuestra compañera ha hecho énfasis en el “daño” que está provocando la Ley de Extranjería, bloqueando los procesos de regularización y para conseguir papeles, con interminables y muy costosos procesos burocráticos, que dificultan no solo la consecución de documentación, sino la renovación para quienes ya cuentan con ella, generando en las personas migrantes en una constante incertidumbre, inseguridad y miedo a ser deportadas. El procedimiento empieza con una parada racista donde la policía pide documentación a determinadas personas solo por ser racializadas; si carecen de la documentación las llevan directamente a un CIE y de ahí son expulsadas, “aunque- denunció Dánae- cada vez son más habituales las expulsiones que se hacen desde la comisaría directamente, sin dar opción a la persona detenida a encontrar un abogado para su defensa”. Igualmente, se están aplicando otras leyes, como la denominada ‘Ley Mordaza’, que agravan el menoscabo de derechos e integridad de las personas migrantes– evidencia Dánae, relatando un caso reciente ocurrido en Algeciras. Se trata de una mujer negra, venezolana, de 65 años de edad y en situación administrativa regular, a la que se ha impuesto una multa tras reaccionar indignada al trato al que fue sometida por la policía en su trayecto de Ceuta a Cádiz. Por problemas de salud, tiene que viajar con frecuencia de Ceuta a Algeciras y siempre la someten a controles. Un día la obligaron a hacerse una ecografía para ver si transportaba droga; ella se sintió agredida y reaccionó llamando racistas a los agentes de policía. Esta acción le ha supuesto la imposición de una multa, y le podría dificultar la renovación de papeles. Ésta, como otras cientos de historias, colman los archivos de la OID de SOS Racismo Madrid y la paciencia de los movimientos antirracistas y feministas que, a pesar de las dificultades, seguirán luchando por los derechos y la dignidad de las personas migrantes. Bajo esta premisa, Dánae García advierte: “Necesitaban mano de obra, pero no contaban con que llegáramos personas, que tenemos derechos y los vamos a defender”.
Informe CIE 2015: Lugar y condiciones de la detención
La mayoría de personas a las que hemos visitado en 2015 han sido detenidas en Andalucía (14,4%), Madrid (13,2%), País Vasco (5,4%) y Castilla y León (4,7%). Es importante tener en cuenta que el 66% de las personas visitadas tienen su familia, red de apoyo, vida construida fuera de la Comunidad de Madrid. Esto supone, como mencionábamos en apartados anteriores, que sus familiares tienen grandes dificultades para hacer visitas, enviar sus bienes y despedirse antes de que la persona sea deportada. Por otro lado, una gran dificultad a la que estas personas se enfrentan es en el momento de regresar a su hogar una vez son liberadas. En reiteradas ocasiones, las personas son liberadas al final del día o incluso en horas nocturnas. En ese horario no tienen la posibilidad de recibir el apoyo de las organizaciones que realizan visitas en el CIE de manera que son abandonadas en la calle sin recursos ni información sobre cómo llegar a la estación, dónde dormir o comer. El 30,4% de las personas visitadas fueron detenidas en espacios públicos. Este dato pone el foco sobre los controles de identidad basados en el perfil étnico. Estas personas fueron identificadas por policías con o sin uniforme debido a su perfil étnico. La mayoría de personas que habían sido detenidas en el marco de controles de identidad en el espacio público provenían de Aragón, Cantabria y Madrid. El 3,9% de las detenciones se produjeron a raíz de una denuncia. En muchos casos estas denuncias se han producido como forma de chantaje, acoso y amenaza por parte de quienes emplean a estas personas. En este sentido, la vulnerabilidad de las mujeres es cuantitativamente más grave. En 2014, la mayoría de ellas fueron detenidas a raíz de una denuncia (46,2%), esto refleja lo comentado anteriormente sobre la menor presencia en el espacio público de las mujeres migrantes en situación administrativa irregular. La mayoría de los hombres, en cambio, son más vulnerables en espacios públicos, el 54,2% de ellos fue detenido en este contexto. Resolución colectiva de internamiento En el año 2015 hemos detectado una resolución colectiva de internamiento. Se trata de una resolución emitida por un juzgado de Andalucía que acordaba el internamiento de 40 personas para la ejecución del acuerdo de devolución. Esta resolución de internamiento se acordó sin haber analizado si se cumplían los requisitos para la expulsión de las 40 personas y sin hacer referencia individualizada a ninguna de las personas de las que se acordaba el internamiento. Sin embargo, entre estas 40 personas se encontraban personas susceptibles de necesitar protección internacional, presuntos menores de edad, familiares directos de residentes regulares en España o madres y padres de menores que se encontraban en la misma embarcación y de quienes fueron separados cuando los menores pasaron al sistema de acogida y protección. Por este motivo consideramos que este auto de internamiento no se ajusta a derecho y es lesivo para las personas implicadas. Con esta resolución se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva así como el estudio individualizado de cada uno de los casos. La existencia de esta resolución resulta especialmente preocupante y es representativa de la tendencia en política migratoria de los últimos tiempos. Las personas son deshumanizadas y tratadas como mercancía que hay que almacenar y transportar. Esto recuerda a los episodios más oscuros de la historia europea y vemos cómo se repite con las devoluciones en caliente, los acuerdos con países como Turquía o Marruecos y la firma de contratos con compañías aéreas. Condiciones del internamiento En 2015 ha cambiado la dirección del CIE de Aluche, sin embargo, la gestión sigue siendo exclusivamente policial. No se ha incorporado la figura de Administrador/a como personal ajeno a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como exige el Reglamento. Como se ha analizado, no se cumplen las garantías sanitarias establecidas en el Reglamento y, por supuesto, no se han observado mejoras en el respeto de los Derechos Humanos. El respeto de los Derechos Humanos es incompatible con la existencia de los CIE y por este motivo el Estado de Derecho no puede permitir albergar estos centros entre sus ciudades. Las mejoras que se han dado en la cotidianidad para las personas internas se deben a las resoluciones de los juzgados de control. En este sentido, cabe señalar la permisión para utilizar teléfonos móviles durante 4 horas al día tras el auto emitido por el juzgado de instrucción nº6 en funciones de control. Esto ha facilitado la comunicación con familiares y abogadas/os. Sin embargo, no comprendemos la limitación en el uso de teléfonos durante el resto de horas. Este tipo de limitaciones inciden en el carácter carcelario de los CIE. 2015 es el año en el que ha habido al menos un brote de sarna en el CIE de Aluche poniendo de manifiesto, una vez más, las condiciones de insalubridad que se dan en estos centros donde las personas son encerradas en celdas de 8 personas y donde no se garantizan los suficientes materiales de higiene, ropa limpia, etc. Consecuencias psicosociales En términos humanos, el internamiento en CIE supone una ruptura con la vida. Representa una ruptura con la red de apoyo pues las personas son privadas de libertad y alejadas de sus seres queridos. Quiénes viven en Madrid pueden tener la posibilidad de recibir una breve visita al día, sin embargo para quienes no viven en Madrid esto se torna complejo y prácticamente imposible. También supone una ruptura con el empleo y esto tiene como consecuencia incidir en la precariedad de la vida de muchas personas. Concretamente de quienes son las únicas personas que aportan un salario a la familia y en este sentido genera una ruptura con el rol de las personas y en las estructuras familiares, máxime si la persona es deportada. Supone igualmente una ruptura con la vida cotidiana y con el proyecto migratorio de las personas, rompiendo sus sueños, expectativas y esfuerzos. El encierro en CIE genera sentimientos de desconfianza hacia las instituciones y hacia la
#Las5DeSOSRacismo: Análisis de programas electorales
Aprovechando que estamos a las puertas de las Elecciones Generales, y celebrándose las mismas en fechas prácticamente navideñas, desde SOS Racismo nos hemos propuesto escribir nuestra particular carta a los reyes. Sin embargo, como tendremos que esperar hasta el final de la próxima legislatura para ver si nuestros deseos se ven cumplidos, vamos a intentar anticiparnos, analizando si nuestros principales partidos políticos, dentro de sus buenos propósitos, es decir, sus programas electorales, recogen nuestras peticiones. ¿Y qué es lo que pedimos desde SOS? Estas son nuestras propuestas, en el marco de la campaña #Las5DeTodas, que ha recogido las propuestas de decenas de organizaciones sociales: 1. DEROGACIÓN DEL DECRETO DE EXCLUSIÓN SANITARIA. Nuestro actual Gobierno, aprobó en abril del 2012 el Real Decreto de Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Este RDL transformó el carácter universal de nuestro sistema sanitario, dejando fuera del mismo a las personas extranjeras extracomunitarias, (excepto los ciudadanos suizos), que se encontrasen en España de forma irregular. A estas personas sólo se les atendería en casos especiales, a través de urgencias para enfermedades graves y accidentes, asistencia al embarazo, parto y postparto. Los perjuicios que ha originado la aplicación de esta ley pueden consultarse en nuestro artículo: “Tras dos años de exclusión sanitaria, seguimos en lucha contra el RDL 16/2012”. El Partido Popular, no tiene ninguna intención de que las cosas cambien, siendo su gobierno el responsable de la aprobación de esta ley, a pesar de que presumen de la universalidad y generosidad de nuestro sistema sanitario, tal y como dicen en su programa: “España cuenta con un sistema sanitario más universal, al que tienen acceso todos los españoles y los residentes en nuestro país; con 700.000 tarjetas sanitarias más que al principio de la legislatura; en el que se ha puesto freno al turismo sanitario; y que garantiza el acceso de los más vulnerables a la asistencia sanitaria más generosa de toda Europa”. Si no fuese por las dramáticas situaciones que provoca y ha provocado esta ley, sería para echarnos a reír. Por supuesto, no encontramos en su programa nada que nos haga pensar que tengan ninguna intención en mejorar la situación sanitaria de los migrantes en situación irregular. Afortunadamente, PSOE, IU y Podemos, incluyen en su programa la derogación del RDL 16/2012. Ciudadanos, sin embargo, habla de un pacto europeo que de una cobertura mínima en toda la UE. Sus palabras son “Propondremos un Pacto Europeo para asistencia sanitaria a inmigrantes sin tarjeta de residencia que unifique la cobertura mínima exigible a los países de la unión”. No nos queda muy claro, si esto mejoraría o no la situación sanitaria de estas personas, pero la experiencia nos dice que la falta de concreción en las propuestas da como resultado la falta de propuestas y de compromisos. Abundando en las promesas de los partidos que pretenden derogar la ley, el PSOE promete hacerlo de forma inmediata, y sin embargo, leemos “El PP ha modificado unilateralmente el modelo sanitario acabando con el carácter universal de la sanidad pública que pasó de reconocerse por razón de ciudadanía a ser un sistema de cobertura en función de estar asegurado..” y “…que sea público, universal, gratuito en el acceso, equitativo y de calidad, con una misma cartera básica de servicios para toda la ciudadanía en un marco de amplia descentralización…”. Tendríamos por tanto, que saber, si el PSOE consideraría ciudadanos a los migrantes en situación irregular. IU y Podemos son menos ambiguos, ambos hablan de “universalización de la sanidad”. IU dice en su programa: “defendemos la universalización de la sanidad como prestación no contributiva y derecho universal e igualitario reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía”, aunque más adelante prometen la “Universalización de la sanidad como prestación no contributiva y derecho subjetivo ciudadano. Es urgente también acabar con la privación del acceso a la sanidad pública de las personas más vulnerables, como las mujeres emigrantes en situación administrativa irregular”. También hacen mención al Real Decreto, indicando que priva a las mujeres migrantes del acceso gratuito a los servicios de salud sexual y reproductiva y a la atención sanitaria de la violencia de género, lo que hace que nos preguntamos si aquellos migrantes en situación irregular que no se encuentran dentro de estos grupos tendrían acceso a la sanidad pública en las mismas condiciones. Podemos, parece ser el grupo político que cumpliría, al menos en su programa, plenamente con nuestra propuesta. “Cobertura sanitaria universal: derecho a la tarjeta sanitaria para todas las personas, también para los inmigrantes o emigrantes de nacionalidad española, quienes pierden el acceso a la cobertura sanitaria universal noventa días después de su salida del país.” Si entendemos aquí, que los inmigrantes también son aquellos que se encuentran en nuestro país en situación irregular, ellos también tendrían derecho a la cobertura sanitaria en las mismas condiciones que el resto de personas a los que da cobertura nuestro sistema. 2. CIERRE DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS (CIEs). La figura de los Centros de Internamientos de Extranjeros, (CIEs), aparece por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico en la primera ley de extranjería (Ley Orgánica 7/1985 sobre Derechos y Libertades de Los Extranjeros en España aprobada en el Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero). La existencia de estos centros de internamiento supone una vulneración de los derechos de las personas que se encuentran en situación irregular en nuestro país, privándolos de libertad, (incluso a menores), encerrándolas en establecimientos insalubres, hacinados, sin acceso a una defensa legal efectiva y bajo el control de la policía y personal no cualificado para dar servicio en estos centros. Desde SOS Racismo, tenemos claro que por todas las razones expuestas dichos centros deben desaparecer, y aquí, nos encontramos tristemente, con que solamente IU y Podemos se comprometen a cerrar los CIEs. Podemos, además se compromete a “Eliminar la responsabilidad penal de las víctimas de trata que se encuentran
Propuesta ciudadana en Decide Madrid: Cierre del CIE de Aluche
La Asamblea Madrid Libre de CIE, formada por varios colectivos entre los que se encuentra SOS Racismo Madrid, ha presentado una propuesta en el portal de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid para convertir a Madrid en una ciudad de acogida e integración, libre de CIEs, deportaciones forzosas y redadas racistas. Si la propuesta recibe más de 53.000 apoyos y es aprobada en votación ciudadana, el Ayuntamiento se compromete a asumirla, evaluarla técnicamente e implementarla. Por eso es muy importante que la sociedad civil madrileña y todos los vecinos y vecinas de Madrid nos movilicemos para eliminar de nuestra ciudad esta lacra para los derechos humanos y para impulsar verdaderas políticas de vigilancia y promoción de los derechos humanos y la inclusión social. La propuesta Aunque la existencia y el funcionamiento de los CIEs escapa a la competencia municipal, hemos articulado una propuesta integral sobre lo mucho que se puede hacer en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid para contribuir al cierre del CIE de Aluche y construir una ciudad en la que no se persiga a las personas por su situación administrativa. La propuesta se articula en 5 puntos: Una votación en el pleno del ayuntamiento con el objetivo de declarar a Madrid Ciudad Libre de Centros de Internamiento para Extranjeros y de pedir al Gobierno que cierre el CIE de Aluche La creacción de un grupo de trabajo municipal junto con organizaciones sociales y vecinales encargado de la promoción del cierre efectivo del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, la vigilancia para que no se proceda a la apertura de ningún otro centro de estas características y, finalmente, trabajar para la trasformación del actual CIE de Aluche (antigua enfermería de la Cárcel de Carabanchel) como un espacio para la difusión y la investigación de la memoria histórica de la guerra y la postguerra civil, tal y como reclaman los/as vecinos/as del barrio Erradicación de la situación de estancia administrativa irregular, otorgando con el empadronamiento un documento acreditativo válido para justificar ante las autoridades que así lo requieran una certificación de estancia autorizada, válido en toda la localidad y en aquellas localidades con las que se establezcan acuerdos de reciprocidad Creación de una oficina observatorio para la defensa de los derechos de las personas en situación de especial vulnerabilidad, en especial las personas en situación irregular, con el fin de denunciar y evitar la discriminación y el racismo institucional Evaluación y mejora de los recursos municipales de cara a desarrollar actuaciones que faciliten la incorporación de las personas que actualmente se encuentran en situación de estancia irregular. Asegurar la autonomía personal real de las personas afectadas y su empoderamiento ciudadano desde el impulso de los programas de desarrollo comunitario en los barrios de la ciudad Puedes leer y apoyar la propuesta en la página del Portal: https://decide.madrid.es/proposals/48 Además aquí puedes encontrar una versión extendida de la propuesta, con más detalles programáticos. ¿Quiénes pueden apoyarla? Pueden participar en el proceso todas las personas empadronadas en Madrid mayores de 16 años. Esto significa que pueden participar en igualdad de condiciones muchas personas que no tienen derecho a voto en las elecciones municipales (personas entre 16 y 18 años, extranjeros de países sin acuerdo de reciprocidad, personas en situación irregular, etc.). Queremos que este alto grado de inclusión democrática dé fuerza a la propuesta y sea un impulso para seguir construyendo una ciudad integradora y defensora de los derechos fundamentales. Instrucciones para votar Hay dos formas de votar la propuesta para que llegue a 53.000 apoyos y sea considerada: Registrarse en el Portal online y apoyar la propuesta en su página: https://decide.madrid.es/proposals/48 Para registrarse hay que abrir un perfil y validarlo con un código que se envía al teléfono móvil. Además, para participar en la votación final de una propuesta (después de que haya obtenido los 53.000 apoyos) hay que verificar la cuenta con un código adicional que se envía al domicilio o se recoge en las oficinas del ayuntamiento. No olvidéis ese paso, porque con la verificación parcial se puede apoyar una propuesta pero no se podrá votar una vez que sea considerada Firmar físicamente en una de las hojas de firmas habilitadas (descarga aquí). Puedes entregarla directamente en las 26 Oficinas de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Madrid, dejarla en nuestro buzón (C/Lavapiés 13, Madrid) o enviárnosla por correo postal. Se trata por tanto de una carrera de fondo que necesita del apoyo y la implicación de todas. Comparte la propuesta entre todos los contactos que puedas, explícala y difúndela y si quieres, escríbenos para ver de qué otras formas puedes colaborar. Entre todas vamos a lograr una Madrid libre de CIE y en la que no se persiga a nadie por su situación administrativa. Vota aquí la propuesta online Descarga aquí la hoja de firmas en papel Descarga aquí el documento resumen de la propuesta en pdf Más información en: https://madridlibrecie.wordpress.com/
Contra la criminalización de la pobreza: Concentración por la muerte de Mor Sylla, vendedor senegalés, en Salou
Ayer por la tarde los colectivos Migrapiés, SOS Racismo Madrid, Red interlavapiés, Asociación Sin Papeles de Madrid, Asociación Senda de Cuidados, Cooperativa Mbolo Moy Dole, colectivo la Gaitana, Valientes Banglas y Círculos de Silencio de Madrid convocamos una concentración en la Puerta del Sol para recordar a Mor Sylla, vendedor ambulante que ha muerto en una redada policial contra el top manta en Salou, en circunstancias todavía por aclarar. En la concentración se leyó el siguiente comunicado: Queremos mostrar nuestra repulsa de los hechos sucedidos en Salou el pasado martes: la muerte de Mor, vecino de Salou desde hace más de veinte años de origen senegalés, que ha fallecido en circunstancias todavía no esclarecidas debidamente por las autoridades, durante el allanamiento de su vivienda en una operación contra el denominado “top manta” por parte de los mossos de escuadra. Compartimos el dolor de las personas conocidas y allegadas, la preocupación por la arbitrariedad en el uso de la fuerza y la actuación general de las fuerzas policiales así como el racismo detrás de los hechos, y trasladamos nuestro apoyo a las protestas y actos de repulsa que ya han tenido lugar en Salou y otras localidades como Barcelona, así como nuestra solidaridad con las personas detenidas durante las protestas. Pero sobre todo queremos también denunciar que no se trata de un hecho aislado, ni alejado de la realidad que vivimos en muchos otros lugares del Estado, y en la propia ciudad de Madrid. De forma habitual se producen vulneraciones de derechos, como es la presencia policial en los domicilios sin orden judicial o en actuaciones arbitrarias sin protocolos de actuación claros que respeten los derechos fundamentales mínimos; las redadas racistas o el reclamar a los manteros no sólo su documentación, sino el acceso al contenido de sus teléfonos móviles sin orden judicial, en contra de su derecho a la privacidad en las comunicaciones. Actuaciones policiales desproporcionadas derivan en lesiones, y lamentablemente esta nueva muerte se suma a otras muertes producidas en circunstancias similares, lo que constituye el ejemplo más dramático y concluyente de la ineficacia de tratar un tema social desde una óptica meramente represiva y xenófoba por parte de las fuerzas de seguridad. La criminalización de la migración y la pobreza sólo genera más exclusión social, y un círculo vicioso que nada aporta a nuestra convivencia. La venta callejera es un trabajo que no debería nunca considerarse una actividad delictiva, sino el resultante de una situación social desesperada de miles de personas que se suman a este tipo de prácticas ante la preocupación de no poder cubrir las necesidades más elementales: vivienda, alimentación, medicamentos y atención médica… Pero, la reciente reforma del Código Penal, que eleva las penas y tipifica el top manta como delito, refuerza esta visión represiva policial, favorece aún más la multiplicación de situaciones de acoso e intimidación, y refuerza un discurso criminalizador de las personas que se encuentran en situación de exclusión por parte de los medios de comunicación y de nuestros y nuestras responsables políticas. Un discurso que trata a las personas manteras como ajenas a la sociedad española, negándoles su condición de conciudadanas y convecinas y que en lugar de escuchar sus problemas y atender sus necesidades, les etiqueta como otro problema y les niega su derecho y libertad a protestar frente a situaciones injustas, incluso a veces manifiestamente ilegales. Pero frente a los intentos de acallarnos elegimos alzar la voz, y exigimos a las autoridades judiciales competentes, el adecuado seguimiento de los sucesos acaecidos en Salou, donde se suceden todavía los interrogantes: ¿por qué no se encontraba el secretario o la secretaria judicial presente en el momento del allanamiento, como debiera haber sucedido? ¿existen grabaciones de la intervención policial, tal y como es habitual en el protocolo de actuación en estos casos? Reclamamos además de los y las responsables políticas, y en particular al Ayuntamiento de Madrid, ciudad en la que vivimos y trabajamos, que reaccionen con urgencia y de forma clara y contundente para mejorar la situación de las personas manteras y otros colectivos en situación similar, y exigimos: La derogación de la Ley Mordaza y la última reforma del Código Penal, que eleva las penas y cambia la consideración de la venta en top manta de falta administrativa a delito, y que busca, además, acallar la protesta de las personas migrantes, que pueden ver afectada su situación administrativa como consecuencia de su participación en acciones de protesta colectiva. La adecuada vigilancia de las actuaciones policiales relacionadas con el top manta y, en general, de la venta ambulante no regulada, con el objetivo de erradicar las vulneraciones de derechos y libertades y los actos intimidatorios que actualmente se producen. Asimismo, y con el mismo objetivo, la puesta en marcha de acciones formativas y protocolos de actuación para una acción policial siempre respetuosa de la dignidad y los derechos de la persona, y sin elementos de índole xenófobo o racista. Un viraje en las estrategias actuales en relación al top manta, basadas en la persecución policial, para centrarse y dar respuesta a la cuestión de fondo: la necesidad de crear oportunidades de trabajo para un colectivo compuesto de personas tanto en situación administrativa irregular como, cada vez más, en situación regular, que no tienen acceso a otras oportunidades laborales, entrando en un círculo vicioso de exclusión. Colectivos, vecinas y vecinos de Madrid, con manta y sin manta, personas subsaharianas o no, reiteramos nuestra voluntad de trabajar juntas por un Madrid en el que tengamos lugar y derechos –sobre todo derechos- todas las personas, con independencia del lugar de procedencia o la situación administrativa. ¡No más persecuciones clasistas y racistas! Otros artículos de interés sobre el tema: -Raquel Pérez Ejerique. Eldiario.es. Top manta: primer verano bajo amenaza de cárcel -Xoán Perillán. Diagonal. ¿Muerte accidental de un africano? -Javier de Lucas. Al revés y al derecho. Muerte de un mantero senegalés -Lola Hierro. Blog Migrados El País. Los altercados de #Salou en las redes sociales: racismo y solidaridad –La Red de Inmigración lleva
Nuevos vuelos de la vergüenza a Georgia y Nigeria: continuamos la lucha
Los vuelos de deportación, ya se efectúen en vuelos comerciales o en aviones especialmente fletados para tal finalidad, siguen teniendo lugar prácticamente de forma mensual. La identificación y denuncia de estos vuelos es relativamente reciente, pero los vuelos de deportación no son ninguna novedad, y existen datos de vuelos masivos de expulsión desde finales de los 90. A partir de 2012, la colaboración entre diferentes colectivos, la mayoría integrantes de la campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), comenzó a hacer posible la denuncia anticipada de los conocidos como vuelos de la vergüenza, y alertar a los ciudadanos de los países involucrados del peligro que corren ante la inminencia de un vuelo organizado. En esos días previos a la salida del vuelo se producen un mayor número de redadas racistas con el fin de detener a ciudadanos de una determinada nacionalidad para llenar el avión, en algunas ocasiones previo paso por el CIE. Los vuelos de deportación son también conocidos por la violencia que se ejerce en el dispositivo policial que los controla, que ha llegado a provocar víctimas mortales. Después de la muerte de una persona en el transcurso de una deportación, el Gobierno promulgó en 2007 un protocolo de actuación para las repatriaciones que, entre otras cosas, recoge los casos en los que se podrán utilizar medidas coercitivas como inmovilizaciones o el uso de sedantes. Uno de los mayores inconvenientes para la documentación de estos vuelos es la escasa información de lo que sucede en ellos, que proviene de una fuente en muchos casos única y, por lo tanto, fundamental: las personas deportadas desde sus países de origen. Cabe destacar que la complicidad de los países de origen es un factor esencial que permite estas deportaciones. Consciente de ello, el Estado español gasta grandes cantidades de dinero para asegurar que los países de destino aceptan a los repatriados a través de ofensivas diplomáticas que, en ocasiones, se traducen en el aumento de la ayuda al desarrollo para los países que faciliten las deportaciones. Otro actor imprescindible para que las repatriaciones se lleven a cabo es Air Europa, del grupo Globalia, la empresa que obtuvo el monopolio de los vuelos de deportación para el período 2013 – 2015, que tiene un contrato con el gobierno español de más de 24 millones de euros. El pasado 14 de enero el Gobierno español publicó el anuncio de la nueva licitación de este contrato, cuya ejecución está prevista para el 1 de mayo, para los años 2015 y 2016. La Campaña contra los Vuelos de la Vergüenza está impulsada por los colectivos pertenecientes a la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, de la que forma parte SOS Racismo Madrid. La campaña se lleva a cabo a través de diferentes medios y acciones, y su objetivo prioritario es visibilizar la existencia de los vuelos de deportación para conseguir acabar con ellos. Las redes sociales son una herramienta esencial para denunciar hechos como la complicidad de Air Europa, o avisar de próximos vuelos. Y tanto o más lo son las acciones informativas en los casos de vuelos comerciales: en estas acciones se informa tanto a la tripulación como a los pasajeros de los aviones de la presencia de personas migrantes que van a ser deportadas a la fuerza. Ayer 4 de febrero, tres activistas de la campaña acudieron al aeropuerto a la una de la tarde para informar a los pasajeros del vuelo LO 434, con destino a Varsovia y que hacía escala en Georgia, de que en su avión la policía pretendía hacer viajar a la fuerza a un ciudadano georgiano, a quien se expulsaba del territorio nacional por una falta administrativa, como lo es no tener su documentación en regla. Además, esta persona había solicitado asilo porque su vida corre peligro en su país, y su petición fue desatendida. No se trata de un caso aislado. Los pasajeros, en general, acogieron la información con interés y sorpresa, y se mostraron dispuestos a manifestar su rechazo a la tripulación frente a este tipo de prácticas. Muchos pasajeros nos contaron que nunca habían oído hablar de estas deportaciones. Tampoco de los Centros de Internamiento de Extranjeros. Es necesario que la sociedad conozca estas realidades injustas para que puedan pronunciarse. De hecho en ciertas ocasiones la actitud de los pasajeros ha sido crucial para detener algunas deportaciones. En la madrugada de ayer se efectuó otro vuelo de deportación a Nigeria, organizado por la Comisaría General de Extranjería y Frontera, que tenía previsto llegar a Lagos a las 7 de esta mañana. Las repatriaciones a Nigeria continúan a pesar de la situación que vive el país, donde han sido asesinadas más de 2.000 personas y otros miles se han visto obligados a desplazarse como consecuencia del violento avance del grupo terrorista Boko Haram, que tiene atemorizada a la población nigeriana. Ante esta situación, la deportación podría suponer grandes riesgos para las personas que han sido expulsadas a la fuerza. Algunas personas procedentes de Nigeria y otros países en conflicto intentan solicitar asilo desde el su encierro en el CIE, aunque, como ocurre en la frontera, resulta un lugar demasiado hostil para que alguien se decida a contar su historia y pedir ayuda. Además, el mecanismo para hacer la solicitud, que se realiza a través de un buzón dirigido al director, resulta arbitrario, genera indefensión al no ofrecer ninguna garantía y es del todo inadecuado ante la gravedad de las situaciones de las que estamos hablando. De esta manera, la mayor parte de las solicitudes de asilo no son ni siquiera tramitadas. Para más información sobre los Vuelos de Deportación, click aquí
SOS Racismo Madrid participa en acto contra la Ley Mordaza organizado por No Somos Delito
SOS RACISMO MADRID PARTICIPA EN ACTO CONTRA LA LEY MORDAZA ORGANIZADO POR NO SOMOS DELITO El martes 3 de febrero de 2015 la plataforma ciudadana No Somos Delito organizó un acto en el que diversos partidos políticos se comprometieron a derogar o reformar de forma íntegra la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como “Ley Mordaza”. Las formaciones firmantes fueron Izquierda Unida, Amaiur, Esquerra Republicana, Equo-Compromís, Podemos, BNG y PNV. En el acto, llevado a cabo en el Ateneo de Madrid, también participaron diversos representantes de organizaciones y colectivos sociales como Greenpeace, Avaaz, Democracia Real YA, la PAH, Comisión Legal SOS, Asociación Libre de Abogados y Abogadas, Amnistía Internacional, Pueblos Unidos y SOS Racismo Madrid, entre otras. Tras la firma por parte de los partidos políticos se realizó a una asamblea ciudadana, en la que los portavoces de los distintos colectivos sociales reflexionaron sobre las implicaciones de la “Ley Mordaza” y en la que compartieron programas de acción previstos para 2015. A continuación dejamos la intervención de la presidenta de Sos Racismo Madrid en el evento, un análisis jurídico de cómo las Leyes Mordaza afectan con especial gravedad a la población extranjera. “De un tiempo a esta parte han sido muchas las reformas iniciadas por el Gobierno (Lecrim, C.P, LSC, Tasas, LSP, etc.). El presente proyecto de ley de Seguridad Ciudadana no puede ser analizado sin detenernos en su razón de ser, su matriz: la reforma del Código Penal. Reforma penal: Doble condena Tres son los puntos a los que haré referencia del Código Penal proyectado, que conciernen a los ciudadanos extranjeros. Primero. Arts. 270.2 y 274.3: Venta o comercialización ambulante (Top Manta). Tras la ardua batalla librada para que dicha infracción se entendiera como falta, nuevamente se impone la pena privativa de libertad en dichos supuestos castigada con prisión de 6 meses a 2 años. Consecuencia: Antecedentes penales. Y, a pesar de la inclusión de la pena atenuada de multa de 1 a 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 60 días, según el art. 53 C.P, si el condenado a multa no puede pagar ésta, la pena de multa se puede transformar en pena privativa de libertad (1 día de privación a razón de dos cuotas de multa impagadas) Prelación de pagos: 1) sociedad gestora, SGAE, 2) costas procesales y 3) en último término, la multa. Más consecuencias: En los casos de extranjeros a los que se les impongan penas de prisión de más de 1 año, cabe la sustitución por expulsión (art. 89.1 CP). Asimismo, si tuvieran un procedimiento de expulsión iniciado, y resultasen procesados o imputados penalmente, también se acordaría su expulsión (art. 57.7 LOEX). Segundo. Art. 311bis y 318bis. Criminaliza dar trabajo a un extranjero irregular y criminaliza la hospitalidad. Art. 311bis. Criminaliza la conducta de quien pretenda dar trabajo a un extranjero en situación irregular. Conducta que, por cierto, ya es sancionada como infracción muy grave en la LOEX (art. 54.1) con multas de 10.000 a 100.000€. Promueve situación de discriminación, pobreza y marginalidad. Art. 318bis. Bajo la interpretación del precepto, nos damos cuenta de la ambigüedad del mismo. La diabólica redacción del art. 318bis criminaliza la hospitalidad, salvo por razones humanitarias. Pero, ¿qué se entiende por razones humanitarias? Habría que demostrar que la ayuda sólo fue humanitaria y siempre quedará a la libre discrecionalidad del juez. Contradicción moral. No ayuda ni a la regularización ni a la integración de los inmigrantes. Aumentarán las situaciones de desamparo y la falta de hospitalidad. Tercero. Supresión del Libro III de las faltas y creación de los llamados “delitos leves” Consecuencia: Todo es delito. Antecedentes penales. Para los extranjeros, la condena es doble, pues sufrirán las consecuencias propias de una sanción penal (estigmatización) y ello repercutirá en su situación administrativa. Impedirá el acceso a la residencia legal Obstaculizará la renovación de la autorización en vigor, dificultando su concesión por arraigo social y laboral. Impedirá la adquisición de la nacionalidad por residencia Puede suponer causa de expulsión Ley Mordaza Por su parte, el proyecto de ley de seguridad ciudadana, respecto a la población migrante, a pesar de haber eliminado el art. 38 f) y g), que suponía la pérdida de las autorizaciones en vigor por la comisión de infracciones graves o muy graves y la disposición final primera que contemplaba la posibilidad de imponer conjuntamente la sanción de multa y expulsión para los extranjeros que cometieran infracciones graves o muy graves, contiene otros aspectos. En primer lugar, nos gustaría manifestar nuestro rechazo absoluto a la enmienda presentada por el grupo popular (Partido Popular), en cuanto al rechazo en frontera, las llamadas “devoluciones en caliente” (devoluciones sumariales). Esta enmienda: Contradice la Ley de extranjería en lo relativo al procedimiento de devolución de extranjeros, pues no se garantizaría el traslado a la comisaría para su identificación, la asistencia letrada y, en su caso de intérprete, ni la posibilidad de interponer recurso. La interceptación de personas que hayan entrado clandestinamente en España por puesto no habilitado no justifica la aplicación de dichas prácticas. Vulnera la normativa española, la de la Unión Europea y los convenios internacionales ratificados por España, pues contraviene el amparo concedido por la protección internacional (término que engloba tanto el derecho de asilo como la protección subsidiaria) que consisten en el principio de no devolución y la prohibición de expulsiones masivas. Su decisión, ejecución y colaboración activa y pasiva por la autoridad competente incurrirán en responsabilidad penal y disciplinaria. En segundo lugar, el art. 13 en cuanto a la acreditación de identidad de extranjeros, a diferencia de los españoles que, en ningún momento pueden ser privados, ni siquiera temporalmente, de su documento de identidad, dicha posibilidad sí cabe respecto a los extranjeros a fin de comprobar las medidas de seguridad por el tiempo imprescindible para dicha comprobación (sin limitación expresa alguna). Asimismo, en el art. 16 párrafo tercero, tras haberse denunciado en innumerables ocasiones, tanto por colectivos como por organismos nacionales e internacionales, se contempla la
Manifiesto ante la redada europea contra personas migrantes «Mos Maiorum»
Manifiesto de 37+ colectivos de la sociedad civil ANTE LA REDADA EUROPEA CONTRA PERSONAS MIGRANTES ‘MOS MAIORUM’ PREVISTA DEL 13 AL 26 DE OCTUBRE Una traducción literal de la expresión latina Mos Maiorum podría ser “las costumbres de nuestros mayores”. Si nos detenemos a pensar cuáles son esas “costumbres” que “nuestros mayores” nos dejaron, en este país que ha vivido históricamente tanto la realidad de los que llegaron a nuestra tierra como la de los que se tuvieron que ir, nos vienen a la mente valores como acogida, hospitalidad, actitud de servicio y disponibilidad para el que llegaba hasta la puerta de nuestra casa con una necesidad. Mos Maiorum, irónicamente, es también el nombre que el Consejo Europeo ha decidido darle a su nuevo operativo continental de captura de personas migrantes. El supuesto objetivo, expresado en el documento oficial compartido por los medios, es “recopilar información relevante con el fin de investigar y desarticular grupos de crimen organizado”. A lo largo de la semana, España ha confirmado su participación en el operativo sin dar más información ni señalar los procedimientos que seguirá este operativo policial en nuestro país. Foto: Edu León http://www.fronterasinvisibles.org/Fotos-de-Madrid,15.html Huyendo de la traducción literal, Mos Maiorum era entendido en la antigua Roma como el conjunto de leyes que una persona debía de observar dentro de la sociedad romana. Desde ese mismo respeto a la ley, y con la precaución y las sospechas que el precedente que otras operaciones similares como Perkunas (2013), Aphrodite (2012), Balder (2012) o Demeter (2011) han dejado, las asociaciones y colectivos abajo firmantes EXIGIMOS al Ministerio del Interior: • El absoluto respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, y muy especialmente de las personas migrantes, con independencia de su situación administrativa, garantizando su seguridad jurídica y personal, que no van a ser sometidos a identificaciones ni detenciones arbitrarias y que bajo ningún concepto se van a aplicar criterios de perfil racial o étnico. • La mayor transparencia en la gestión del operativo que por su grave afectación de derechos fundamentales tiene que ser objeto de control judicial y escrutinio público como garantía democrática de que las operaciones de seguridad se realizan sin menoscabo de la libertad de los ciudadanos. Desde los colectivos firmantes, animados por la Declaración de los Derechos Humanos que reconoce el “derecho de toda persona a disfrutar de una nivel de vida adecuado y la obligación de comportarnos fraternalmente” DENUNCIAMOS: • Que la actual política de cierre y control de fronteras ejercida por el Ministerio del Interior – y amparada por Europa -obliga a los refugiados y a los migrantes a elegir rutas cada vez más peligrosas que les somete a situaciones de mayor vulnerabilidad. • Que los instrumentos de control, como la operación Mos Maiorum, son utilizados para justificar redadas con un claro perfil racial (absolutamente ilegales según la legislación española) que criminalizan a las personas migrantes al ser sometidas a identificaciones y detenciones en lugares públicos. Afectando a su dignidad personal y conculcando sus derechos fundamentales. • Que las políticas de gestión de las fronteras exteriores de la Unión generan 8 muertes diarias tan solo en la FRONTERA SUR, así como un número importante de heridos Asimismo, las asociaciones y colectivos firmantes, informamos que a lo largo de los 13 días previsto que dure el operativo estaremos realizando labores de vigilancia y observación de los Derechos Humanos así como denunciando públicamente cualquier atentado contra los mismos que pudiera darse durante dicha operación: Mos Maiorum. Madrid 13 de Octubre de 2014 Colectivos firmantes hasta la fecha: Coordinadora de Barrios, SOS Racismo Madrid, Red Acoge, Por un Mundo + Justo, Colla Xicalla, Asociación Apoyo Coordinadora de Barrios de Murcia, Psicólogos sin Fronteras, Brigadas Vecinales Observación DD.HH., CGT, Convivir sin Racismo, Asociación Integrando, SoS Racismo Guipuzkoa, Foro Galego de Inmigración, Andalucía Acoge, InmigraPenal, Red Interlavapies, Colectivo Agar, Madres Unidas contra la droga, Círculo Podemos Inmigrantes Madrid, Pueblos Unidos, CP San Carlos Borromeo, Asociación Madres contra la Represión, Cristianos y Cristianas de Base de Madrid, Centro de Defensa y Estudio de DD.HH., Cerremos los CIE – Ferrocarril Clandestino, Karibu Amigos del Pueblo Africano, Asociación La Tavaya, As. Vecinal “Madre de Dios”, As. Desarrollo Comunitario “Buenos Aires”, Movimiento ATD Cuarto Mundo, Valencia Acoge, Asociación civil Jarit, Campaña CiEsNo, Fundación Acción Pro Derechos Humanos, Centro Documentación Contra la Tortura, Asociación sin Papeles de Madrid Para leer más sobre las redadas racistas: Informe Identificación policial por perfil étnico en España. Tirant lo Blanc 2013 Open Society. España: Reclamación administrativa contra el ‘perfil étnico’
Respuesta a la Circular 6/2014 sobre criterios para el ingreso de extranjeros en los CIE
El pasado 27 de julio la Dirección General de la Policía emitió una circular para recordar los criterios que, de acuerdo con la Ley de Extranjería, deben reglar las solicitudes de ingreso de personas en situación irregular en los CIE. En SOS Racismo Madrid trabajamos estrechamente con los internos en el CIE de Aluche, y llevamos años denunciando la vulneración de derechos humanos que la existencia de estos centros supone. Como miembros de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, compartimos el comunicado lanzado como respuesta a esta circular. RESPUESTA A LA CIRCULAR 6/2014 sobre criterios para solicitar el ingreso de ciudadanos extranjeros en los centros de internamiento El ingreso en los CIE, desde su creación, se contemplaba como una medida cautelar a efectos de garantizar la expulsión de las personas que se encuentran en situación administrativa irregular. Si bien consideramos que el internamiento se trata de una medida desproporcionada para el fin perseguido, entendemos la emisión de esta Circular como una mera operación de maquillaje: La Circular simplemente vuelve a dejar por escrito lo que debería haberse cumplido durante todo este tiempo. La jurisprudencia constitucional* ya configuró el internamiento como medida excepcional en 1987 y si no se ha cumplido la legalidad hasta ahora no ha sido por falta de una Circular, sino por una absoluta falta de voluntad política e interés en el respeto de los derechos humanos de las personas migradas. La emisión de esta Circular supone, por lo tanto, una autoinculpación en toda regla, el reconocimiento de que hasta ahora no se ha cumplido esta legalidad. La Circular explicita cómo durante años se ha internado a personas que de acuerdo con la ley serían no expulsables; mujeres embarazadas, personas enfermas, personas con cuyo país de origen el Estado español no tiene acuerdos de repatriación, personas que pudieran encontrarse en situación de solicitar asilo, personas con hijos, etc. Así, la Circular reconoce que en los 29 años de vigencia de la LOEX miles y miles de personas han sido capturadas e internadas de forma ilegal e ilegítima, aún sabiendo que no iban a ser expulsadas. En otros casos, han terminado siendo expulsadas por un entramado burocrático sordo y ciego a la violación de derechos que produce con su actividad. Los argumentos que motivan la Circular responden exclusivamente a criterios de eficiencia y no a una voluntad real de ampliar las garantías en los procedimientos de internamiento y expulsión reduciendo las situaciones de sufrimiento que suponen. Por un lado se refiere al excesivo número de peticiones de internamiento por parte de la policía que resultan inviables, reconociendo la discrecionalidad imperante hasta ahora en su actuación. Por otro lado, apela a los medios limitados con los que cuentan los centros, constatando que el único criterio de fondo es «aumentar la eficiencia” del internamiento para agilizar las expulsiones forzosas del Estado Español. Los Centros de Internamiento para Extranjeros no pueden ser pensados fuera de un entramado de frontera que actúa como un mecanismo represivo. Para llenar los CIE se realizan redadas racistas, para que los CIE se vacíen se utilizan contratos millonarios con compañías aéreas como Air Europa y Swift Air. Resulta sorprendente que la Circular no de cuenta de en qué situaciones y de qué forma esas personas son identificadas y detenidas. La Campaña Estatal por el Cierre de los CIE ha denunciado en el libro “Paremos los vuelos: las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa” cómo las redadas por perfil racial conviven con redadas específicas por nacionalidad días antes a los vuelos programados por la Comisaría General de Fronteras. Las redadas no sólo han continuado sino que han mutado a pesar de todas las circulares emitidas. Todas estas comunicaciones que se “filtran” buscan legitimar unas prácticas policiales que han sido duramente cuestionadas por la sociedad civil. Resultan a la práctica una forma de blindarse ante las críticas apelando a leyes que no sólo no se estarían cumpliendo sino que son muy cuestionables desde el punto del derecho internacional vigente y el respeto a la dignidad de las personas. Finalmente, entendemos que las delcaraciones de la DGP sobre supuestos avances hacia modelos de actuación policial menos arbitrarios y más garantistas se están produciendo por la acción, la denuncia y las críticas vertidas desde las diversas organizaciones sociales. Todo ello en un contexto de pérdida de legitimidad de las redadas, los CIE y las deportaciones. Una trasformación que hay que emmarcar en un proceso irreversible que culminará con el cierre de los CIEs, ya que el único camino para el respeto de los derechos de las personas es su cierre inmediato. Exigimos al Gobierno y al Ministerio del Interior un reconocimiento explícito a fin de reparar activa y efectivamente a todas las personas internadas de manera ilegal e injusta, y cuyos derechos no han sido respetados. Un reconocimiento a la memoria de todas las personas muertas en los CIEs: de Mohamed Abagui, de Idrissa Diallo, de Samba Martine, de Alik Manukyan, y de tantas otras para las que el internamiento o la deportación supuso la ruptura de sus proyectos de vida, y los de de sus familias y amigos. _______________________ *La Sentencia del Tribunal Constitucional del 12 de enero de 1987 ha mantenido que este caracter excepcional exige la aplicación del criterio hermenéutico del favor libertatis, el que supone que la libertad deberá ser respetada excepto si se estima indispensable la pérdida de libertad del extranjero por razón de cautela o de prevención, que deberá ser valorada por el órgano judicial. Más información en: http://cerremosloscies.wordpress.com/ http://tanquemelscies.blogspot.com.es/ http://ciesno.wordpress.com/