Tentativa de suicidio en el CIE de Aluche
Tentativa de suicidio y deportaciones inmediatas desde el CIE de Aluche La misma semana en que el Ministro del Interior Zoido anunciaba la construcción de tres nuevos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), SOS Racismo Madrid ha tenido conocimiento de la tentativa de suicidio y posterior deportación de una persona desde el CIE de Aluche. Karim (nombre ficticio) tiene 23 años y llegó solo desde Marruecos cuando tenía 14 años. Tras 9 años viviendo en España se podría decir que era un vecino más si no fuese por el hostigamiento policial al que estaba acostumbrado mediante los controles de identidad y la negación constante de oportunidades. Según su testimonio, en uno de estos controles el pasado mes de marzo, fue detenido y trasladado a la comisaría donde intentó suicidarse. Ignorando las recomendaciones de la Circular 6/2014 de la Dirección General de Policía sobre Criterios para solicitar el ingreso en CIE, se solicitó su internamiento en el CIE, desde donde se fugó el pasado mes de marzo al no poder soportar la idea de ser deportado a un país del que se marchó cuando todavía era un niño. Fue encontrado y llevado de vuelta al CIE donde intentó suicidarse por segunda vez. Según relata, tras esta tentativa fue aislado y se le restringieron las visitas, tanto de familiares como de las organizaciones de apoyo. De las dos personas que fueron testigo de su tentativa de suicidio, una fue inmediatamente deportada y la otra, aún en el CIE, teme que traten de acelerar su deportación. Karim fue trasladado al hospital para recibir una valoración desde los servicios de Salud Mental pero no recibió apoyo psicológico durante los días posteriores ya que los CIE carecen de este servicio. Sin embargo, también fue deportado tras pasar varios días aislado. La activista de SOS Racismo Madrid que visitaba a Karim refiere que “es un chico con una gran voluntad de vivir sin embargo no aguantaba más esta persecución por ser migrante”. Como él mismo nos ha explicado: “el sistema no me deja vivir. ¿Qué he hecho para merecer esto? Sólo he nacido en un barrio pobre.” La historia de Karim pone de manifiesto, una vez más, el diseño de los CIE como espacios de sufrimiento, opacidad e impunidad, piezas de un sistema de deportación que debería avergonzarnos como sociedad. La política migratoria actual dedica sus esfuerzos a excluir, expulsar, reprimir y controlar mediante dispositivos como los controles de identidad, los CIE, las deportaciones express y los vuelos de deportación, en lugar de preocuparse por defender la dignidad y generar políticas de inclusión. El caso de Karim documenta además cómo la aceleración de las deportaciones se utiliza como método para acallar las constantes vulneraciones de derechos en los CIE. La construcción de nuevos CIE en el Estado español no hace sino incidir en un modelo que vulnera los derechos humanos, civiles y políticos: la única alternativa a los CIE es su cierre. Desde las organizaciones de defensa de derechos se seguirá trabajando por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones.
Manifiesto en el Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial
Un año más, y coincidiendo con el Día Internacional contra la Discriminación Racial, celebramos las Jornadas Antirracistas, bajo el lema “Stop al racismo en redes sociales”. Aprovechamos esta fecha para recordar algunas de las cuestiones que nos preocupan en este año 2017. Nos inquietan las recientes recomendaciones de la Comisión Europea en materia de política migratoria: ampliar el plazo de internamiento de las personas con orden de expulsión, y financiar mediante acuerdos con terceros países (Libia, en este caso) nuevos centros de internamiento fuera de nuestras fronteras. Con esto, lejos de acelerar los procesos de expulsión, como se argumenta, lo que se hace es crear un marco más laxo, más vulnerador de derechos y con mayor indefensión para las personas afectadas, reduciendo, además, las posibilidades de fiscalización por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Y mientras esto sucede, los gobiernos europeos siguen olvidando sus compromisos en materia de asilo. Comprobamos, además, que la exclusión sanitaria sigue siendo una realidad ante la cual ayuntamientos y comunidades autónomas no pueden hacer más que poner parches: para revertir la situación se precisa una actuación a nivel estatal que sigue sin producirse. Seguimos echando en falta una política integral de igualdad de trato, que contemple mecanismos efectivos de lucha contra la discriminación y con una adecuada dotación presupuestaria para desarrollar actuaciones en el ámbito educativo, laboral o cultural. Y está, por último, la batalla del discurso: tópicos racistas, actitudes xenófobas, islamofobia… Dedicamos las jornadas este año al racismo en las redes sociales para así poner de relieve cómo este tipo de narrativas encuentran allí su refugio y su altavoz, pero también cómo es posible, mediante estas mismas redes sociales y respetando la libertad de expresión, contrarrestarlas, fomentando una línea de pensamiento antirracista fuerte y basada en argumentos. No sirve la indiferencia. Reaccionar al racismo que se transmite a través de las redes sociales es importante, especialmente, por el papel que juegan para las generaciones más jóvenes, siendo un medio básico para informarse, crearse una opinión, relacionarse… y también, ¿por qué no? para movilizarse y protestar. Este año 2017 es un año especial para nosotros, ya que estamos de aniversario: SOS Racismo Madrid cumple 25 años. Un cuarto de siglo. No habría sido nada fácil para una organización como la nuestra, de vocación fundamentalmente voluntaria, seguir adelante tanto tiempo si no fuera por el esfuerzo de tantas personas que, con generosidad, han ido uniéndose a SOS Racismo y tomando el relevo. El ver cómo cada año se incorpora gente joven con ganas de luchar contra el racismo, la xenofobia y la islamofobia nos enorgullece, nos llena de agradecimiento y nos da fuerzas para seguir. A todas las personas que formaron, forman y formarán parte de la comunidad de SOS Racismo, gracias. «No a las fronteras», Daniel Boyano. Premio del Jurado del concurso de fotografía 2017.
De las Leyes Mordaza a una seguridad ciudadana que que proteja nuestros derechos y libertades
NO SIN DEBATE SOCIAL Desde la primera votación de las elecciones generales hemos sido testigo de un debate entre los partidos del Congreso en torno a la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015 (LSC), más conocida ya por Ley Mordaza, ocasionado por la fuerte crítica social a la misma. Las organizaciones, colectivos sociales y personas que lanzamos este comunicado hemos estado siguiendo este proceso y tras el estudio de los proyectos de ley presentados y en vista de las negociaciones iniciadas con el Partido Popular todo apunta a que en breve tendremos el texto de una nueva ley de seguridad ciudadana con las mismas bases que la anterior; en definitiva, que tendremos una “Ley Mordaza” reformada. Quienes llevamos años denunciando las denominadas Leyes Mordaza (Ley de seguridad ciudadana y reforma del Código Penal) consideramos que ahora que se pretende derogar esta ley es el momento de cuestionar las bases de una norma que, en el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, hace primar la «seguridad ciudadana» por encima del libre ejercicio de dichos derechos y libertades con los que supuestamente nacemos. Una ley que, además, se vale del derecho administrativo sancionador, es decir, las sanciones son impuestas a las personas sin que medie ningún tribunal de justicia, dejando a la ciudadanía indefensa ante la ley. Desde que entró en vigor la Ley Mordaza, estamos siendo testigo del creciente abuso que ha ido tomando la aplicación de esta ley con un incremento de la represión policial debido, en muchos casos, al abuso por parte de los agentes de la presunción de veracidad que les otorga el ámbito administrativo (su testimonio está por encima del de la ciudadanía) y al poder de valoración que les confiere la Ley Mordaza. En este tiempo, se han reportado miles de casos de personas sancionadas en nombre de la «seguridad ciudadana» por ejercer derechos como la libertad de expresión o de información, no sólo en el ámbito de las movilizaciones activistas, sino casos de personas denunciadas por motivos tan desproporcionados como no tratar de usted a la policía, criticar la extralimitación de sus funciones o llevar una camiseta con una leyenda reivindicativa, o sindicalistas y periodistas sancionados por realizar su trabajo. Se han registrado además casos de represión e imposición de sanciones a personas que realizaban labores de observación de Derechos Humanos como las cuatro personas pertenecientes al grupo de observación de Frontera Sur de las entidades Irídia, Fotomovimiento y Novact, que fueron multadas durante las tareas de documentación gráfica en el paso fronterizo del Barrio Chino en Melilla. Bajo una iniciativa en apariencia positiva como es promover la seguridad ciudadana, el Gobierno lo que realmente ha conseguido con la Ley Mordaza es impedir de hecho y de derecho que los ciudadanos expresen públicamente su opinión, castigando especialmente la pobreza y la protesta. Las principales preocupaciones que las organizaciones hemos denunciado sobre la ley actual son: nuevas infracciones que amenazan el ejercicio de derechos como la libertad de reunión pacífica expresión e información, falta de mecanismos independientes de supervisión de la actuación policial y de rendición de cuentas ante los abusos, el abuso de conceptos indeterminados para justificar controles preventivos, el uso de la fuerza o la imposición de infracciones, dejando éstas al criterio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, menor garantía de los ciudadanos frente a la Administración, debido al traslado de las faltas del ámbito penal al administrativo, atribuciones de nuevas facultades preventivas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para controlar manifestaciones y reuniones, que pueden impedir el ejercicio legítimo de estos derechos o el registro de infractores contra la seguridad ciudadana una medida exagerada que puede suponer un control excesivo sobre las actividades de los ciudadanos y que podría utilizarse como información para perseguir a grupos de oposición. Además, nos preocupa gravemente que esta ley pretenda legalizar las expulsiones de inmigrantes en la frontera, algo que, de facto, es ilegal, vulnerando el derecho al asilo y protección subsidiaria, la prohibición de expulsiones colectivas, el principio de no devolución y los derechos de protección del menor, o que siga permitiendo la práctica policial de redadas racistas. Una Ley que se justificó por la necesidad de actualizar la norma anterior, Ley Corcuera o «de la patada en la puerta» de 1992, ante nuevos cambios y demandas sociales así como nuevas formas de poner en riesgo la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía, según argumentaba el Gobierno. Después de tres años de denuncia seguimos sin encontrar ninguna referencia a cuáles eran esas carencias que había que cubrir. Por tanto entendemos que si la Ley Mordaza no era necesaria, tampoco lo son nuevas reformas que sigan justificando la restricción de nuestros derechos en pro de la seguridad manteniendo muchos de los supuestos vagos e indeterminados que aparecen en la actual ley, reformas que no introducen modificaciones sustantivas que protejan los derechos a la libertad de expresión, reunión e información propuestas por la sociedad civil. Sin embargo, sí que consideramos que es urgente revisar esta ley al completo partiendo de una definición clara y respetuosa con los derechos humanos a través de un debate público sobre qué entendemos por seguridad ciudadana. Nos preocupa que se sigan equiparando conceptos como «seguridad ciudadana» y «seguridad pública» y la identificación de ambas con la protección del «orden público». Es necesario abandonar la concepción legal que entiende que seguridad ciudadana como aquello que sirve para limitar el ejercicio de derechos y libertades (STC 37/1998) así como romper con el enfoque franquista (Ley de Orden Público de 1953) sobre la cuestión, ya que las personas no somos un problema de orden público, como tampoco lo son gran parte de las cuestiones que recoge el articulado de la LSC. Frente al eje «libertad-seguridad» tradicional, al que parece que solo cabe oponer «más libertad individual», toca apostar por un tercer eje que rompa la dicotomía: igualdad. La seguridad ciudadana se construye sobre discursos y lógicas de desigualdad y toca recuperar la esfera pública
Exigimos plazas de acogida humanitaria para las personas liberadas del CIE
Las organizaciones Karibu, Pueblos Unidos y SOS Racismo Madrid presentan una queja a la Defensora del Pueblo y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para que se garanticen las plazas de acogida humanitaria a las personas que son liberadas del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. A finales de la semana pasada, once jóvenes subsaharianos quedaron en las calles de Madrid sin conseguir la atención de las plazas de acogida humanitaria que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social les debiera facilitar. Sucedió tras ser liberados del CIE, cuando las temperaturas en la capital eran especialmente bajas, y acompañadas de lluvia y viento. Estas once personas se encontraron sin más apoyo que el de la campaña de frío del SAMUR Social, lo que significaba volver a quedarse en la calle desde las nueve de la mañana del día siguiente, como lo contaba Mamadou, uno de ellos: “Estar en la calle todo el día con este frío es horrible. Nunca había conocido una sensación de frío como ésta”. “En nuestras asociaciones somos testigos de que todos ellos estaban totalmente desorientados, sin saber a dónde ir, sin un sólo euro en el bolsillo y humillados por el trato recibido”, afirman desde las organizaciones. Durante los últimos meses se ha constatado que en 2 ocasiones, en concreto los días 17 de diciembre 2016 y el 1 de febrero 2017, alrededor de 23 personas liberadas, según las informaciones disponibles, no han tenido plaza en los programas de acogida humanitaria financiados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de subvenciones a entidades y organizaciones que realizan actuaciones de atención humanitaria a personas migrantes, de acuerdo con lo estipulado en el RD 441/2007, de 3 de abril. Las organizaciones Karibu, Pueblos Unidos y SOS Racismo Madrid denuncian que es la segunda vez que se repite esta situación en los últimos meses y temen que pueda volver a ocurrir en el futuro dada la falta de plazas para acoger a estas personas en las entidades que colaboran en el Programa de Acogida Humanitaria del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Tras un duro itinerario migratorio, estas personas son encerradas en los Centros de Internamiento de Extranjeros. En lugar de recibir apoyo, son privadas de libertad y posteriormente quedan desatendidas sin recibir la suficiente protección en términos humanitarios y dignos. Y es que las políticas migratorias actuales dejan morir de frío en las fronteras a quienes necesitan acogida, o los encierran en los CIE para luego no garantizar las plazas en los centros de acogida. La Europa fortaleza y el gobierno español responden con indiferencia ante esta situación. El cierre de fronteras genera rutas migratorias cada vez más peligrosas, y perpetúa la existencia y la extensión de las fronteras al interior de las ciudades mediante los CIE, los vuelos de repatriación y la exclusión forzosa. Ante los hechos descritos, las organizaciones Karibu, Pueblos Unidos y SOS Racismo Madrid, han presentado una queja ante la Defensora del Pueblo y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en la que solicitan que se garanticen las plazas de acogida humanitaria a las personas que son liberadas del CIE de Aluche. A través de esta queja, dichas organizaciones instan al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a garantizar la acogida digna de las personas tras su privación de libertad en un CIE, y a ampliar las plazas de acogida que parecen haber quedado reducidas tras el cierre de DIANOVA, cubriendo además sus necesidades de ropa, alimentación y asistencia sanitaria completa. Las mismas organizaciones no cesan de exigir al gobierno el cierre de los CIE y el cambio de la política migratoria para garantizar la acogida y la inclusión.
Presentamos denuncia por malos tratos en el CIE de Aluche
Durante la noche del 18 al 19 de octubre una treintena de personas pasó la noche en la azotea del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche a la intemperie para exigir de forma pacífica dignidad frente a las deficientes condiciones de internamiento que vulneran los derechos más elementales y exigir su libertad ante una medida que consideraban injusta y desproporcionada. Diversas organizaciones han tenido acceso a testimonios de personas que refieren haber sufrido malos tratos y tratos degradantes por parte de la policía tras los hechos ocurridos entre los días 18 y 19 de octubre. Estos testimonios aseguran que las agresiones fueron dirigidas tanto a personas que habían participado en la reivindicación como a personas internas que no habían participado de ésta. Esta mañana se ha presentado en el Juzgado de guardia una denuncia por estos hechos firmada por Coordinadora de Barrios y SOS Racismo Madrid y apoyada por Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura en la que se pide la investigación de lo ocurrido y la asunción de las medidas cautelares pertinentes para evitar la expulsión del territorio nacional de las personas que han podido sufrir agresiones o los posibles testigos hasta que se esclarezcan los hechos. Así mismo denunciamos la restricción de las comunicaciones, ya que pese a que personas acreditadas para el acceso al CIE de diferentes colectivos intentaron realizar visitas al CIE, la entrada no fue permitida por la policía durante todo el día 19 de octubre. No fue hasta la mañana del 20 de octubre cuando se permitió a los colectivos acceder, si bien con obstáculos y restricciones como la negación a la posibilidad de utilizar traductor para la comunicación con las personas encerradas. El CIE continúa, por tanto, siendo un lugar opaco, en el que se violan sistemáticamente los derechos humanos. Pese a que el acuerdo entre la policía y las personas que participaban en la protesta incluía la promesa de que no habría represalias policiales, hemos podido comprobar en base a los testimonios que esto nofue así. Ni siquiera la enorme atención mediática y social a los hechos producidos disuadió a la policía de utilizar la violencia contra las personas encerradas según los testimonios recogidos. No se trata por tanto de un hecho aislado sino de la práctica sistemática en estos centros y en general hacia la población migrante. Recordamos que la protesta ha estado motivada por los malos tratos ejercidos por la policía durante las últimas semanas: A través de testimonios de las personas encerradas hemos podido tener constancia una vez más de la insuficiente atención médica en el CIE, incluso de la negación de ésta en algunos casos, habiéndose llegado a deportar a personas enfermas contra su voluntad. Asimismo, refieren cómo la policía habría ejercido estos malos tratos a distintos niveles, no respetando el descanso de las personas internas mediante la reproducción de música estridente en la madrugada y comentarios obscenos durante las horas de rezo. Es por ello que condenamos la respuesta policial y nos reafirmamos en la denuncia que, junto con otras organizaciones, venimos realizando del desproporcionado uso de la fuerza, la violencia, los tratos vejatorios y los malos tratos como práctica frecuente en el CIE. Denunciamos los CIE como lugares de no-derecho, en los cuales se priva de libertad a migrantes por una simple falta administrativa. Expresamos nuestro apoyo a las reivindicaciones y la resistencia de estas personas en lo que consideramos un acto de dignidad y de valentía contra un sistema estructuralmente injusto, opresor y racista. [gview file=»https://www.sosracismomadrid.es/wp-content/uploads/2016/10/CIE-Denuncia-21-octubre-1.pdf»] Actualización -sábado 22 de octubre 19:50 – Huelga de hambre Desde la tarde del viernes 21 de octubre, la gran mayoría de las personas internas han iniciado una huelga de hambre en protesta por su situación y por la represión de su protesta. Así lo ha explicado esta mañana un interno a una de nuestras activistas. La voz está distorsionada para proteger su identidad (click en la imagen) -sábado 22 de octubre 21:00 – Abandono provisional de la huelga de hambre Según nos cuentan las personas internas con las que contactamos, han mantenido una reunión con el director del CIE (ésta era una de las principales demandas de la huelga de hambre). Tras la entrevista acuerdan abandonar la huelga de hambre por dos días, hasta recibir la visita del Juez de Control del CIE. Las personas internas agradecen las movilizaciones y consideran importante que se sigan produciendo fuera del CIE. Una de las personas internas explica la situación: Las entidades denunciantes, SOS Racismo Madrid y Coordinadora de Barrios, creemos que sigue existiendo riesgo de que se produzca la devolución o expulsión de las víctimas, perjudicados y testigos, por lo que consideramos que como sociedad civil debemos mantener la movilización.
La dignidad no puede ser encerrada en un CIE
Unas 60 personas han pasado toda la noche en la azotea del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche de Madrid a la intemperie para exigir de forma pacífica dignidad frente a las deficientes condiciones de internamiento que vulneran los derechos más elementales y exigir su libertad ante una medida tan ilegítima como desproporcionada. Durante la última semana, en el CIE de Aluche, varios enfermos han recibido una atención sanitaria inadecuada, enfermos que además han sido expulsados a pesar de tener un cuadro febril complejo, como ha podido comprobar una de las organizaciones sociales que visitan este CIE. Cabe recordar que hace 5 años murió Samba Martine, interna en este mismo centro, tras serle negada la asistencia médica hasta en diez ocasiones. Esta misma semana también se ha podido contrastar falta de prendas de abrigo, lo que ha empeorado la situación de las personas enfermas. El cuadro más dantesco se vivió el pasado domingo por la tarde con enfermos esparcidos por el suelo sin ningún tipo de atención médica, al no estar concertada en ese horario, como denuncian las organizaciones sociales. Asimismo, esta semana, se ha podido documentar casos de expulsiones sin notificación en tiempo y forma, algo especialmente grave si tenemos en cuenta que el propio Juez ha recordado al director del CIE que ha de respetar el derecho de asilo (no respetarlo implica expulsar a personas cuya vida puede estar en peligro en caso de retorno forzoso a su país). Las lamentables condiciones del CIE de Aluche no son ni un problema puntual ni específicas de este CIE sino que reflejan un problema estructural que afecta a todos los centros de internamiento del Estado, sentencian las organizaciones sociales. Por ejemplo, el CIE de Zapadores (Valencia) se encuentra cerrado temporalmente debido a una plaga de chinches a la que no se acaba de poner solución y somete a los internos a una tortura cotidiana. El CIE de Barcelona ha reabierto en medio de una fuerte polémica por no cumplir las mínimas condiciones humanitarias. Del CIE de Murcia se han fugado cerca de 70 internos la semana pasada. Hace unos meses las trabajadoras sociales solicitaron de nuevo el cierre del CIE de Barranco Seco en Canarias ante las deficientes infraestructuras. Incluso el propio Ministerio del Interior ha reconocido ante un juez que no puede garantizar las mínimas condiciones y que eso podŕia llevar al cierre de los CIE por imperativo legal, como ya denunció la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE. Por todo ello, la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, manifesta y denuncia que: La dignidad no puede ser encerrada ni sometida dentro de un CIE, por esta razón la reivindicación de libertad y trato digno es una expresión de protesta tan importante como legítima ante las políticas migratorias de UE. Los CIEs quedan muy lejos de ser centros de acogida de migrantes como se pretende hacer creer en ocasiones a la opinión pública; son calabozos ampliados en los que se priva de libertad a personas para ser deportadas contra su voluntad. Por ello, consideramos legítimos y justos y vamos a seguir apoyando los movimientos de resistencia de las personas internas. Las políticas migratorias de la UE no sólo no respetan los Derechos Humanos sino que además generan racismo institucional en forma de denegación de asilo, identificaciones policiales, internamientos y expulsiones. El comportamiento de las personas internas y de las personas congregadas en apoyo en torno al CIE de Aluche demuestran cómo aún hay espacio para la solidaridad. La situación de los CIE es tan ilegítima como desproporcionada e insostenible al no ser ni un problema puntual en el CIE de Aluche ni específico de este centro, es un problema estructural que clama por el cierre de todos los CIEs del Estado Es necesario un seguimiento de los casos de cada una de las personas movilizadas, el trato al que son sometidas y el destino que se les depara. Asegurando sus derechos como la defensa judicial adecuada o la asistencia sanitaria. Ante todo esto, los colectivos de la Campaña Estatal apelan a la solidaridad y la movilización sostenida de la sociedad por el cierre definitivo y sin condiciones de todos y cada uno de los CIEs del Estado Español e instan a participar en próximas convocatorias que serán difundidas en las redes sociales mediante etiquetas propias como #CIEsNo. Migrar es un derecho, no un delito. ¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Cerremos los CIEs!
Sin derecho al asilo en el CIE de Aluche
El juzgado de control insta al director del CIE de Aluche a garantizar el derecho de asilo de las personas internas Tras las reiteradas quejas presentadas por Asociación Karibu y SOS Racismo Madrid, el Juzgado de Instrucción nº6 en funciones de control del CIE de Aluche ha emitido un auto con fecha de 3 de octubre de 2016, por el que insta al director de este centro a garantizar el derecho de asilo a las personas internadas. Cabe recordar que las personas que sufren el encierro en estos centros tienen derecho a solicitar protección internacional en España como establece el artículo 16.1 de la Ley de Asilo. Del mismo modo, estas personas tienen derecho a ser informadas en un idioma que les sea inteligible de su situación y sus derechos así como a que la información relativa al asilo tenga carácter confidencial. Sin embargo, desde hace años venimos denunciando cómo de manera sistemática, el derecho al asilo se ve vulnerado en el CIE de Madrid. La información que se da a las personas internas se reduce a una fotocopia prácticamente ilegible que no facilita la comprensión del procedimiento. Además, en numerosas ocasiones, hemos detectado cómo las solicitudes presentadas por las personas internas no son tramitadas por las autoridades del CIE. De este modo, muchas personas han sido deportadas a países donde su vida corre peligro sin siquiera haber sido escuchadas, vulnerándose así el principio de no devolución. Actualmente, la solicitud de asilo se realiza por las personas interesadas mediante un escrito que depositan en un buzón puesto a tal efecto en el pasillo del CIE, de modo que el solicitante pierde el control de su solicitud en ese momento. En este auto, el Juzgado de Instrucción nº6 insiste en garantizar el derecho al asilo en el CIE de Aluche. Así, recuerda que cuando una persona internada presenta un escrito del tipo que sea, tiene “el derecho a que se le selle la copia del escrito”, siguiendo el procedimiento administrativo habitual. Para garantizar este punto, el juzgado requiere al CIE que adopte varias medidas, como “el establecimiento de un horario, lugar y personal suficiente para que los internos puedan entregar en mano su solicitud de asilo y recibir, en ese momento, copia sellada de su solicitud de asilo”. Además, pide que dichas peticiones de asilo se registren en el libro de registro del centro Este no es el primer auto de un juzgado instando al CIE de Aluche a garantizar el derecho de asilo. En Karibu y SOS Racismo Madrid esperamos que esta nueva comunicación contribuya definitivamente al respeto de un derecho especialmente importante para personas que se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad. El derecho al asilo es uno de tantos derechos que, a día de hoy, siguen sin respetarse en el CIE de Aluche. Además, desde Karibu y SOS Racismo Madrid consideramos que la mera existencia de estas cárceles para extranjeros es contraria a la dignidad humana por lo que exigimos su cierre como única vía posible para una sociedad justa.
No a la propuesta de Ciudadanos de privatizar los CIE
Los Derechos Humanos no se privatizan Ciudadanos ha presentado una Proposición No de Ley en el Congreso en la que propone que la gestión y la seguridad interna en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) se privatice para «modernizarlos». Asimismo propone «abrir los módulos de prisiones que actualmente están cerrados para convertirlos en nuevos CIE». En cuanto a la primera de las medidas que Ciudadanos propone, queremos denunciar que el modelo de privatización esconde intereses económicos ya que grandes empresas pueden ganar grandes sumas de dinero. Además, la lógica del coste-beneficio provoca que se deterioren las condiciones de estancia y, en consecuencia, se pongan en riesgo los derechos de las personas privadas de libertad. El fracaso de la privatización de centros de privación de libertad no es algo nuevo en otros países, pero es la primera vez que un partido en el Estado Español realiza una propuesta semejante. Por otro lado, la propuesta de convertir módulos de centros penitenciarios en nuevos CIE es también muy preocupante. En primer lugar, se trata de una propuesta incompatible con el actual marco jurídico, ya que la propia Ley de Extranjería señala que los CIE no deben tener carácter penitenciario. Una propuesta de este tipo no haría más que seguir criminalizando a la población migrante. Además, ha quedado demostrado que los CIE son una institución cruel y absolutamente innecesaria en una sociedad democrática. No toleraremos la apertura de un solo CIE más. Finalmente, queremos denunciar que este posicionamiento de Ciudadanos es un profundo menosprecio a las organizaciones y entidades que desde hace tiempo hemos logrado que dicha institución se encuentre bajo una fuerte crisis de legitimidad y credibilidad democráticas. A ello hay que añadir la actitud poco dialogante con las organizaciones que trabajamos en esta materia. En la aprobación de las Conclusiones sobre los CIE en el Parlamento de Cataluña ni siquiera se dignaron reunirse con las entidades promotoras del grupo de trabajo. Con estas propuestas Ciudadanos parece subirse al carro del populismo xenófobo que está impulsando políticas de extrema derecha en parte de Europa. Lo realmente novedoso es querer además convertir en un negocio el internamiento administrativo de personas. Una rentabilidad electoral y económica incompatible con los Derechos Humanos pues su mera existencia supone una vulneración fragante de las libertades más elementales. El problema no es el modelo público o privado de los CIE sino su mera existencia, como han denunciado diversas instituciones nacionales e internacionales. ¡No nos detendremos hasta cerrar todos los CIE! Tanquem els CIE Plataforma Canarias Libre de CIE SOS Racismo Madrid Cies NO Valencia Convivir sin Racismo
Informe CIE 2015: Situaciones de extrema vulnerabilidad
En el CIE se interna a personas que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad incumpliendo de este modo los artículos 62.1 y 62.4, de la LOEx 4/2000 así como la Circular 6/2014 de la DGP para solicitar el ingreso en los CIE. En última instancia, el Real Decreto 162/2014 que regula el funcionamiento y régimen interior de los CIE establece en su artículo 37 que el Director tiene la potestad para poner en libertad a una persona cuando existan razones médicas fundadas, sin embargo, el caso de la mujer embarazada encerrada en el CIE en el mes de octubre nos demostró que, a pesar de tener un embarazo de alto riesgo, permaneció encerrada varios días antes de ser puesta en libertad. En el año 2015 hemos visitado a personas en el CIE de Aluche que declaraban vivir dificultades tales como: sufrir amenazas en el país de origen ser apátridas ser homosexuales y tener miedo a que el resto de personas internas lo supiese por lo que no querían solicitar asilo tener dificultades para que sus familiares pudiesen visitarles tener familiares en situación de dependencia a su cargo sufrir enfermedades físicas estar embarazada sufrir trastornos de salud mental no tener familia ni red de apoyo en el país de origen declararse en huelga de hambre ser engañadas por abogadas/os fraudulentas/os ser víctimas de trata con fines de explotación laboral o sexual tener discapacidad tener hijas/os menores a cargo ser víctimas de violencia machista vivir situaciones de precariedad y pobreza haber sufrido restricciones al derecho de visitas de familiares y conocidas/os tener escasas o nulas vías de contacto telefónico no comprender su situación jurídica haber sido internada/o en CIE en reiteradas ocasiones Ante estas circunstancias de especial vulnerabilidad, el encierro y la deportación se tornan, si cabe, más inhumanos y crueles, incidiendo en la exclusión y victimización de estas personas. Menores en el CIE Resulta especialmente preocupante el hecho de que, tan solo en el año 2015 hemos visitado a 12 personas que declaraban ser menores de edad en el CIE de Aluche. El daño, en términos humanos, que causa el CIE a las personas que son encerradas en él es de profundo calado. En el caso de menores de edad, además de tratarse de una ilegalidad pues no se permite el internamiento de menores (artículo 62.4 LOEx 4/2000), genera un daño del que el Estado debe responsabilizarse. El encierro de menores en el CIE evidencia fallos en el sistema de protección a la infancia. Una vez más, se pone de manifiesto que en materia migratoria, el control de fronteras tanto exteriores como interiores prima sobre el respeto a los Derechos Humanos y, en este caso concreto, el de protección a la infancia, así como su deber y compromisos adquiridos en la Convención sobre los Derechos del Niño de actuar en base al interés superior de niños y niñas, respetando el principio de no discriminación, garantizando el derecho a tener un desarrollo adecuado y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. El encierro de menores de edad pone de manifiesto cómo en los CIE se vulneran los derechos fundamentales. Asilo De las 257 personas que hemos visitado en 2015, sólo 36 de ellas solicitaron asilo. Teniendo en cuenta que el CIE es uno de los puestos habilitados para solicitar asilo dentro del Estado Español, cabría esperar un número de solicitudes más elevado, máxime cuando se encierra y deporta a personas originarias de países en conflicto y de países que persiguen a determinados grupos de personas. Una de las razones por las que esta cifra no es más elevada puede atribuirse al miedo y la desconfianza que pueden desarrollar las personas solicitantes de asilo hacia las instituciones, por los abusos que han podido sufrir. Además esta desconfianza se ve agravada por la hostilidad del CIE como espacio de control represivo. Asimismo, hay que tener en cuenta que muchas personas conocen las pocas posibilidades de ver su solicitud admitida a trámite. Es por esto que muchas veces prefieren esperar para solicitar asilo en otro lugar. Las personas encerradas en el CIE saben que la solicitud desde el CIE es menos susceptible de generar credibilidad que la realizada en libertad y en territorio, directamente en la Oficina de Asilo y Refugio o en las comisarías habilitadas. Según los datos de CEAR, en 2014 se registraron 587 solicitudes de asilo en todos los CIE y 170 en el CIE de Aluche. Tan solo el 62,6% de las solicitudes de asilo presentadas en puestos fronterizos y CIE fueron admitidas a trámites frente al 98% de solicitudes presentadas en territorio. Esta diferencia sustancial en las cifras evidencia las dificultades reales de acceso al derecho de asilo desde los CIE. En esta línea, hemos detectado que una de las preguntas más habituales que se hace a las personas durante las entrevistas de asilo en el CIE es si solicitan el asilo para evitar la expulsión. Consideramos que se trata de una pregunta fuera de lugar que predispone la evaluación del caso en contra del relato de la persona solicitante y dificulta el acceso al derecho de asilo puesto que resulta evidente que una persona cuya vida corre peligro en el país de origen y que se enfrenta a una posible deportación, solicita protección justamente para no ser expulsada al país en el que su vida peligra. Esta tendencia se ve reflejada en los datos de las personas visitadas: tan solo el 0.4% de las solicitudes presentadas fue admitido a trámite. Durante los años que llevamos realizando visitas hemos sido testigo de la obstaculización policial para acceder al derecho de asilo. Son numerosos los casos de personas que han realizado un escrito para solicitar asilo en el CIE y cuyo escrito no ha sido tramitado por las autoridades del CIE para hacerlo llegar a la Oficina de Asilo y Refugio. De esta manera, muchas personas han sido deportadas sin haber sido siquiera escuchadas. Por este motivo, el 23 diciembre de 2015, los juzgados de instrucción en funciones
Caravana a Grecia en defensa de las personas migrantes y refugiadas
Por Dánae García (Comisión CIE) y Paula Guerra (Comisión Comunicación) Hace un mes y medio un grupo de activistas tuvo la idea de organizar una Caravana a Grecia con el objetivo de denunciar que la UE y el gobierno español están incumpliendo los acuerdos adquiridos en materia de asilo y refugio y para exigir con carácter urgente el respeto de estos compromisos. La iniciativa original fue promovida por la Asamblea de apoyo a personas migrantes de Salamanca, Iniciativa Ciudadana Pamplona Ciudad de Acogida, Vitoria Abierta, Bienvenidxs Refugiadxs Bizkaia, Pasaje Seguro y la Red Solidaria de Acogida de Madrid. Poco tiempo después ya se habían sumado una veintena de organizaciones y plataformas de toda España, entre ellos, Ecologistas en Acción, Red Solidaria de Acogida de Leganés, Mujeres de Negro y Sos Racismo Madrid. El 15 de julio, después de varias asambleas territoriales en las que se definieron objetivos y acciones, partimos por fin cinco autobuses con casi 300 activistas llenos de ilusión y energía, convencidos de que ante la injusticia no debemos callarnos, que ante el dolor de seres humanos no nos podemos quedar impasibles. Tras una parada en Milán, en la que participamos en una manifestación con colectivos locales para denunciar las muertes de inmigrantes y refugiados en el Mediterráneo, seguimos hacia Tesalónica con el objetivo de unirnos a la acampada de No Borders en la universidad Aristóteles de esta ciudad. En Tesalónica llevamos tres días compartiendo experiencias con activistas de Italia, Alemania y Grecia, y realizando una serie una actividades. La primera de ellas fue la visita a un asentamiento de refugiadas y refugiados sirios en el puerto de Tesalónica. Haciendo una comparativa con lo que ocurre en España, el asentamiento que visitamos podría parecerse, con muchas matizaciones, a un CETI, que son los centros de estancia temporal para las personas que llegan a Ceuta o a Melilla, aunque en este caso se trata de un asentamiento informal, compuesto por un trozo de puerto rodeado de vallas. Allí, tras esas rejas y a pocos pasos de una de las zonas más turísticas de Tesalónica, pasan sus días 250 seres humanos, muchos de ellos niñas, niños e incuso bebés, repartidos en tiendas de campaña, y otros, la mayoría, hacinados en dos barracones que han dividido internamente con trozos de cartones y telas. La decisión de entrar al asentamiento no fue fácil. Tras hablar con la policía que custodia el lugar y obtener la autorización para el ingreso, muchas de nosotras dudamos, pensando que nuestra visita podría generar molestia en los refugiados y refugiadas, algo normal si tomamos en cuenta sus condiciones de vida. Sin embargo, no sólo nos recibieron con amabilidad, sino que nos llevaron hasta la zona de los barracones para mostrarnos cómo viven, para decirnos qué necesitan y para pedirnos que contemos fuera lo que están viviendo. Lo primero que nos dicen es que algunos de ellos están en huelga de hambre porque en cuatro días les reubican en un campo, ya no asentamiento, en el que hay al menos 1.500 personas. Tienen miedo. Dicen que estarán aún más hacinados, que puede haber problemas de convivencia y de escases de alimentos y ropa. Otra cosa que nos cuentan es que necesitan con urgencia un proyecto educativo para los niños, les preocupa que pasen los meses y los niños continúen sin ser escolarizados. Al escucharlos hablar, ver cómo intentan explicarnos en una mezcla de inglés y árabe lo que están viviendo, la sensación de impotencia se vuelve insoportable. En inglés también intentamos decirles que fuera hay mucha gente trabajando porque las cosas cambien, que estamos con ellos, que nos solidarizamos con su dolor y que no dejaremos de contar lo que nos han dicho. Algunas mujeres nos preguntan cómo pueden ir a España, les explicamos cuál es la postura del actual gobierno español y de cómo diversos colectivos estamos trabajando para que eso cambie. Asienten con una sonrisa y nos dan las gracias, mientras varios niños y niñas revolotean a nuestro alrededor. Una de ellas, de unos doce años, nos coge de la mano y nos lleva a recorrer el asentamiento. Al poco rato se nos une otra, de unos nueve, y así es como las cuatro hacemos un recorrido por el lugar mientras ambas nos comentan quién vive en cada tienda, cómo se llaman los niños, las edades, quiénes son hermanos entre sí, etc. Son niñas inteligentes, probablemente podrían conseguir todo lo que quisieran si tuviesen acceso a una vida digna y a una educación. Sin embargo, en su día a día viven en un ambiente de total precariedad, tras unas vallas que las separan de quienes pasean tranquilamente por el puerto de Tesalónica, sin más remedio que pasar las horas jugando entre regueros de agua y demás sustancias que se acumulan por los suelos. Al despedirnos, las dos niñas nos regalan su pulsera y su colgante para el cuello, nosotras les devolvemos el gesto entregándoles también nuestras pulseras. Sin duda nos quedamos con sus sonrisas, su generosidad y las palabras de las mujeres y los hombres allí recluidos pidiendo que se les reconozca por lo que son: personas. Al día siguiente, todavía con las impresiones de la visita al asentamiento a flor de piel, nos movilizamos toda la caravana junto a los activistas de No Borders (en total unas 500 personas), para manifestarnos en dos Centros de Internamiento para Extranjeros, ubicados cerca de la frontera con Macedonia. En el primero de ellos, en Paranesti, conseguimos que ingresara una comisión de 20 personas para hablar con los internos. Nos contaron que son alrededor de 300 hombres, de entre 18 y 40 años, provenientes de Argelia, Afganistán, Marruecos, Pakistán y Turquía. Dicen que a las 8 de la tarde los encierran en celdas y que ya no los dejan salir hasta el día siguiente por la mañana, que la comida que les dan (siempre la misma, arroz con pollo) a veces huele mal y que necesitan ropa, sobre todo camisetas. Manifiestan que están desesperados, que no saben