La Comunidad de Madrid incumple su compromiso con la Sanidad Universal
Hoy se cumplen 5 años de la reforma sanitaria que excluyó a 800.000 personas del sistema sanitario. Recordamos a la presidenta Cristina Cifuentes el compromiso que adquirió con la atención sanitaria universal en la Comunidad de Madrid y pedimos que exija la derogación del decreto en la próxima reunión del Consejo Interterritorial de Salud A principios de 2016 la Consejería de Sanidad de la CAM, a través de la Dirección General de Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria, invitó a varias organizaciones de la sociedad civil que realizan labores en defensa del derecho a la salud a participar en un grupo de trabajo denominado “Garantía de Derechos Humanos”, cuyo objetivo era, primero, la identificación de los puntos más vulnerables en la garantía del mismo en la región, en base a la experiencia de dichas organizaciones, y, segundo, poder elaborar un plan de acción para la mejora de la garantía de los derechos humanos (y particularmente, del derecho a la salud) en el sistema socio-sanitario de la Comunidad de Madrid. A raíz de esta invitación, SOS Racismo Madrid, que ya había entrado en contacto con la Consejería de Sanidad para hacer notar, concretamente, las incidencias detectadas en el acceso a la sanidad de menores extranjeros desde marzo de 2015, se sumó al grupo de trabajo “Garantía de Derechos Humanos” en el mes de abril del año pasado, para participar, específicamente, en las sesiones concernientes con el acceso a la salud de las personas extranjeros. En un contexto de inacción a nivel estatal, este foro autonómico parecía la vía más adecuada para trasladar nuestras preocupaciones a las autoridades regionales madrileñas y estudiar cómo hacer efectiva y mejorar la aplicación de la orden de la Consejería de Sanidad a todos los centros de salud de proporcionar «todo tipo de asistencia sanitaria» a «todas las personas inmigrantes con o sin documentación” (carta del Director General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria, de 21 de agosto de 2015). La primera fase del proceso de diálogo con las ONGs finalizó en septiembre de 2016, tras el cual presentamos conclusiones, tanto conjuntas como particulares, y quedamos a la espera de un plan de acción específico de Garantía de Derechos Humanos por parte de la Consejería para seguir avanzando; la presentación de dicho plan de acción, en el que, según se nos comunicó, se estaba trabajando en enero de este año, no ha tenido lugar, y desconocemos la situación actual, tras la dimisión a principios de febrero del Director General de Humanización, Julio Zarco, y el nombramiento, a principios de marzo, de Fernando Prados para cubrir este puesto. En cualquier caso, en el transcurso del diálogo previo mantenido durante 2016, la Consejería de Sanidad había adquirido los siguientes compromisos: solicitar en el Consejo Interterritorial una reforma del RDL 16/2012, establecer un documento acreditativo que garantice la atención sanitaria en la CAM de las personas excluidas por el RDL 16/2012 y mejorar los procedimientos administrativos para evitar arbitrariedades en la atención sanitaria y para garantizar la continuidad asistencial. Ante la próxima reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (que sigue posponiéndose, pero esperamos que suceda próximamente, por el tema que nos atañe y en general en beneficio de la sanidad española, al ser una pieza fundamental para la coordinación del sistema sanitario estatal), recordamos a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid sus compromisos adquiridos con la universalidad de la atención sanitaria y exigimos que solicite formalmente la derogación del RDL 16/2012, que excluyó del sistema sanitario a más de 800.000 personas extranjeras, y defienda la vuelta a un sistema sanitario universal. Por otra parte, desde SOS Racismo Madrid valoramos las intenciones de la Consejería de Sanidad de la CAM, pero lamentamos que en este año y medio no se hayan tomado las medidas adecuadas para llevarlas a cabo, no habiendo a día de hoy establecido el documento acreditativo arriba mencionado, ni mejorado los procedimientos administrativos de forma significativa. En cualquier caso, ha llegado el momento de hacer balance de la situación desde que en verano de 2015 la Comunidad de Madrid se sumó a aquellas Comunidades Autónomas que declaraban su intención de proporcionar atención sanitaria a inmigrantes, independientemente de su situación administrativa, oponiéndose a lo establecido al RDL 16/2012. A nivel autonómico, pocas cosas han cambiado, e iniciativas municipales como la campaña del Ayuntamiento de Madrid “Madrid Sí Cuida”, lanzada a principios de 2016, sólo pueden tener un efecto parcial y subsidiario, dadas las competencias municipales en la materia. Incluso si la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid mostrara una actitud más decidida que la actual para implementar las medidas administrativas pendientes para hacer cumplir de forma efectiva las instrucciones de agosto de 2015, parte de las trabas administrativas detectadas surgen de instituciones como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), dependiente de la Administración Central, y la solución administrativa que pueda encontrarse a nivel autonómica será, si no hay colaboración por parte del INSS, ineludiblemente una solución basada en la excepcionalidad, más complejo de aplicar y no reconocido por todas las instituciones implicadas en el complejo sistema de gestión sanitaria español, que afecta a varios niveles de la administración y a diferentes organismos. Aunque en el marco autonómico se pueden introducir muchas mejoras que afectan a las personas extranjeras, excluidas o en situación irregular (protocolos de protección contra la trata, formación del personal administrativo y sanitario en materia de diversidad, campañas de información y asesoramiento sobre derechos sanitarios, protección integral al menor independientemente de su situación administrativa), creemos que el primer paso que debe dar la CAM para garantizar sus compromisos hacia la universalidad de la atención sanitaria, es exigir al Gobierno, junto con el resto de consejeros autonómicos presentes en el Consejo Interterritorial, que derogue el RDL 16/2012 y promueva una reforma legislativa que vuelva a garantizar el derecho universal a la atención sanitaria, independientemente de la situación administrativa. Es imposible garantizar la asistencia sanitaria sin discriminación para toda la población
Las 13 propuestas electorales de SOS Racismo Madrid para el 26J
Este año SOS Racismo Madrid entra de lleno en campaña y presenta 13 propuestas electorales concretas y factibles en materia de migración, extranjería, racismo y fronteras. Si te convencen, súmate a ellas y exige a los partidos que las defiendan en el próximo Congreso de los Diputados. Puedes descargarte el kit de GIFs animados para redes sociales aquí. REGULARIZACIÓN 1. Ampliación del acceso a la regularización: desvincular el acceso a permisos de residencia por arraigo de la existencia de contrato laboral, reducir plazos, trámites y tasas para obtener permisos de residencia y la nacionalidad flexibilizar de los procedimientos de reagrupación familiar. RACISMO Y DELITOS DE ODIO 2. Promoción de la diversidad: Aprobación de una Ley para la igualdad de trato, que contemple mecanismos efectivos de denuncia de la discriminación. Fortalecimiento del papel del Observatorio del Racismo y Xenofobia en la definición de políticas públicas. Impulsar estrategias de intervención comunitaria de forma transversal en los políticas sociales, educativas y sanitarias. 3. Prevención y persecución de delitos de odio, y atención a las víctimas Establecer medidas de atención integral a las víctimas de delitos de odio, en todas las fases (prevención, denuncia y acompañamiento), especialmente urgente debido al auge de movimientos de extremas derecha. Potenciar el papel de las Fiscalías especializadas en delitos de odio, poco conocido todavía en nuestra sociedad, y mayor labor de clarificación por parte de la Fiscalía General del Estado de la interpretación de los artículos ya existentes y en vigor para la persecución de dichos delitos. Planes de formación específica en delitos de odio para el personal relacionado con la Administración de Justicia y para las Fuerzas de Seguridad encargadas de su persecución para una verdadera sensibilización y compromiso de todos los operadores antes este problema. DERECHOS 4. Eliminación del apartado 2 del Artículo 13 de la Constitución Española para extender los derechos políticos y la ciudadanía plena a todos los residentes 5. Derogación del Decreto Ley 16/2012 de exclusión sanitaria, y garantía el derecho a la sanidad universal en igualdad de condiciones. 6. Trabajo decente para las trabajadores y los trabajadores domésticos: Ratificación por parte del Estado español del Convenio 189 de la OI Aprobación de las reformas legislativas neecsarias para su aplicación efectiva. Medidas específicas para el colectivo especialmente afectado de las mujeres migrantes 7. Derogación de las Leyes Mordaza, que criminalizan todas las formas de protesta, afectan afectan especialmente a la población extranjera en situación irrregular., penalizando formas del supervicencia como la venta ambulante. CIE-DEPORTACIONES-REDADAS 8. Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y no apertura de otros nuevos. 9. Fin de las deportaciones express y en vuelos colectivos. 10. Implantación urgente de un protocolo policial para detectar y erradicar las identificaciones por perfil étnico. FRONTERA Y POLÍTICA EXTERIOR 11. Vías legales y seguras de acceso a territorio: Aplicación de criterios justos en la concesión de visados Garantía del derecho de asilo y re-establecimiento del asilo por vía diplomática Concesión de visados por razones humanitarias. 12. Respeto de los Derechos Humanos en Frontera Sur: Fin de las devoluciones en caliente Fin de la externalización y militarización de fronteras 13. Política exterior basada en los Derecho Humanos: No ligar los acuerdos de cooperación al desarrollo a la gestión migratoria Puedes descargarte el kit de GIFs animados para redes sociales aquí.
#Las5DeSOSRacismo: Análisis de programas electorales
Aprovechando que estamos a las puertas de las Elecciones Generales, y celebrándose las mismas en fechas prácticamente navideñas, desde SOS Racismo nos hemos propuesto escribir nuestra particular carta a los reyes. Sin embargo, como tendremos que esperar hasta el final de la próxima legislatura para ver si nuestros deseos se ven cumplidos, vamos a intentar anticiparnos, analizando si nuestros principales partidos políticos, dentro de sus buenos propósitos, es decir, sus programas electorales, recogen nuestras peticiones. ¿Y qué es lo que pedimos desde SOS? Estas son nuestras propuestas, en el marco de la campaña #Las5DeTodas, que ha recogido las propuestas de decenas de organizaciones sociales: 1. DEROGACIÓN DEL DECRETO DE EXCLUSIÓN SANITARIA. Nuestro actual Gobierno, aprobó en abril del 2012 el Real Decreto de Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Este RDL transformó el carácter universal de nuestro sistema sanitario, dejando fuera del mismo a las personas extranjeras extracomunitarias, (excepto los ciudadanos suizos), que se encontrasen en España de forma irregular. A estas personas sólo se les atendería en casos especiales, a través de urgencias para enfermedades graves y accidentes, asistencia al embarazo, parto y postparto. Los perjuicios que ha originado la aplicación de esta ley pueden consultarse en nuestro artículo: “Tras dos años de exclusión sanitaria, seguimos en lucha contra el RDL 16/2012”. El Partido Popular, no tiene ninguna intención de que las cosas cambien, siendo su gobierno el responsable de la aprobación de esta ley, a pesar de que presumen de la universalidad y generosidad de nuestro sistema sanitario, tal y como dicen en su programa: “España cuenta con un sistema sanitario más universal, al que tienen acceso todos los españoles y los residentes en nuestro país; con 700.000 tarjetas sanitarias más que al principio de la legislatura; en el que se ha puesto freno al turismo sanitario; y que garantiza el acceso de los más vulnerables a la asistencia sanitaria más generosa de toda Europa”. Si no fuese por las dramáticas situaciones que provoca y ha provocado esta ley, sería para echarnos a reír. Por supuesto, no encontramos en su programa nada que nos haga pensar que tengan ninguna intención en mejorar la situación sanitaria de los migrantes en situación irregular. Afortunadamente, PSOE, IU y Podemos, incluyen en su programa la derogación del RDL 16/2012. Ciudadanos, sin embargo, habla de un pacto europeo que de una cobertura mínima en toda la UE. Sus palabras son “Propondremos un Pacto Europeo para asistencia sanitaria a inmigrantes sin tarjeta de residencia que unifique la cobertura mínima exigible a los países de la unión”. No nos queda muy claro, si esto mejoraría o no la situación sanitaria de estas personas, pero la experiencia nos dice que la falta de concreción en las propuestas da como resultado la falta de propuestas y de compromisos. Abundando en las promesas de los partidos que pretenden derogar la ley, el PSOE promete hacerlo de forma inmediata, y sin embargo, leemos “El PP ha modificado unilateralmente el modelo sanitario acabando con el carácter universal de la sanidad pública que pasó de reconocerse por razón de ciudadanía a ser un sistema de cobertura en función de estar asegurado..” y “…que sea público, universal, gratuito en el acceso, equitativo y de calidad, con una misma cartera básica de servicios para toda la ciudadanía en un marco de amplia descentralización…”. Tendríamos por tanto, que saber, si el PSOE consideraría ciudadanos a los migrantes en situación irregular. IU y Podemos son menos ambiguos, ambos hablan de “universalización de la sanidad”. IU dice en su programa: “defendemos la universalización de la sanidad como prestación no contributiva y derecho universal e igualitario reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía”, aunque más adelante prometen la “Universalización de la sanidad como prestación no contributiva y derecho subjetivo ciudadano. Es urgente también acabar con la privación del acceso a la sanidad pública de las personas más vulnerables, como las mujeres emigrantes en situación administrativa irregular”. También hacen mención al Real Decreto, indicando que priva a las mujeres migrantes del acceso gratuito a los servicios de salud sexual y reproductiva y a la atención sanitaria de la violencia de género, lo que hace que nos preguntamos si aquellos migrantes en situación irregular que no se encuentran dentro de estos grupos tendrían acceso a la sanidad pública en las mismas condiciones. Podemos, parece ser el grupo político que cumpliría, al menos en su programa, plenamente con nuestra propuesta. “Cobertura sanitaria universal: derecho a la tarjeta sanitaria para todas las personas, también para los inmigrantes o emigrantes de nacionalidad española, quienes pierden el acceso a la cobertura sanitaria universal noventa días después de su salida del país.” Si entendemos aquí, que los inmigrantes también son aquellos que se encuentran en nuestro país en situación irregular, ellos también tendrían derecho a la cobertura sanitaria en las mismas condiciones que el resto de personas a los que da cobertura nuestro sistema. 2. CIERRE DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS (CIEs). La figura de los Centros de Internamientos de Extranjeros, (CIEs), aparece por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico en la primera ley de extranjería (Ley Orgánica 7/1985 sobre Derechos y Libertades de Los Extranjeros en España aprobada en el Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero). La existencia de estos centros de internamiento supone una vulneración de los derechos de las personas que se encuentran en situación irregular en nuestro país, privándolos de libertad, (incluso a menores), encerrándolas en establecimientos insalubres, hacinados, sin acceso a una defensa legal efectiva y bajo el control de la policía y personal no cualificado para dar servicio en estos centros. Desde SOS Racismo, tenemos claro que por todas las razones expuestas dichos centros deben desaparecer, y aquí, nos encontramos tristemente, con que solamente IU y Podemos se comprometen a cerrar los CIEs. Podemos, además se compromete a “Eliminar la responsabilidad penal de las víctimas de trata que se encuentran
La exclusión sanitaria: una enfermedad que afecta a toda la sociedad
Una mesa redonda con la participación de SOS Racismo analizó el daño causado por el RDL 16/2012 que limita la asistencia sanitaria a las personas en situación irregular La exclusión sanitaria genera consecuencias terribles para toda la sociedad, además de para las personas que se ven directamente afectadas. Este fue el hilo de la mesa redonda celebrada en el Centro Cultural la Alhóndiga de Getafe bajo el título ‘La exclusión sanitaria: el caso de Alpha Pam’. El acto, en el que participó SOS Racismo junto con otros colectivos, fue acompañado de la proyección del documental ‘Muerte accidental de un inmigrante’ y sirvió para generar debate en torno a una idea: cómo los recortes sanitarios aplicados sobre una de las partes más vulnerables de la sociedad, los inmigrantes en situación irregular, han terminado con el derecho a la sanidad universal, algo que concierne a la sociedad en su conjunto. El Real Decreto Ley 16/2012, llamado “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”, dejó sin tarjeta sanitaria a casi 900.000 personas por hallarse en situación irregular. Su puesta en marcha se tradujo en un caos asistencial en el que cada administración sanitaria autonómica limitó “a su manera” las prestaciones en materia de salud para estas personas y que, en general, supuso que una buena parte de la población dejase de poder acudir al médico. Según explicaron los ponentes, no se sabe con exactitud cuantas personas pueden haber enfermado o muerto en total como consecuencia de la entrada en vigor de esta ley, ya que no hay estudios oficiales. Sin embargo, hay casos individuales bien documentados. Uno de ellos es el de Alpha Pam, el inmigrante senegalés cuya historia relata ‘Muerte accidental de un inmigrante’ y que en el momento de fallecer de tuberculosis tenía solo 27 años. El reportaje, dirigido por Pedro de Echave y Javier González, combina la investigación periodística con el trazo humano. El vídeo, que impresionó fuertemente al público asistente al acto, narra el calvario de desatenciones que Pam, un joven que recaló en Mallorca buscando una vida mejor, tuvo que sufrir hasta acabar encontrando una muerte tan absurda como evitable. Tras su proyección tomaron la palabra representantes de distintos colectivos que luchan contra la exclusión sanitaria. Ester Alía, miembro de SOS Racismo Madrid, explicó que la primera orden que recibieron los centros de salud tras la entrada en vigor del RDL 16/2012 es “no renovar las tarjetas sanitarias” de miles de beneficiarios. A continuación cada centro de salud comenzó a limitar el servicio en mayor o menor medida a aquellos que carecían del documento. Dado que la ley es ambigua, había diferentes formas de actuar entre unos y otros hospitales y ambulatorios. En algunos casos, incluso se negaba la asistencia en supuestos en los que la ley lo garantizaba o se pretendían cobrar facturas abusivas. “Ante estas situaciones de vulneración de derechos surgieron grupos de acompañamiento como ‘Yo sí, sanidad universal’”, explicó Alía. Alía recordó que, pese a que numerosos ciudadanos que han conseguido recibir su asistencia gracias a la intermediación y asesoramiento de estos grupos de acompañamiento, muchos inmigrantes en situación irregular dejaron de asistir a los centros de salud. Existía y existe el temor a dar sus datos sin tener tarjeta sanitaria conlleve la apertura de un expediente de expulsión. Consecuencias para toda la sociedad El resto de los ponentes aportaron más casos de abusos y añadieron la idea de que el RDL 16/2012 no sólo perjudica al colectivo de migrantes “sin papeles”, sino a la sociedad en su conjunto. De dos maneras: añadiendo una excepción a la universalidad de la salud que puede extenderse a otros colectivos y dejando de controlar en su conjunto a las poblaciones en riesgo de sufrir determinadas enfermedades. “No hay ningún documento desde el gobierno donde se analice cuánto se ha ahorrado con este decreto”, explicó Enrique Revilla, médico de familia del Centro de Salud El Greco de Getafe. Revilla, que forma parte del colectivo de médicos objetores que han contribuido a paliar la situación de los excluidos, sostuvo que, más que contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario, la medida ha servido para lo contrario, ya que ha podido multiplicar los indicadores de determinadas enfermedades, al dejarse de seguir y atender centenares de casos. Revilla compartió con el resto de los ponentes la certeza de con el RDL 16/2012 el Gobierno de Rajoy no perseguía la mejora del sistema sanitario, sino satisfacer a su electorado. Además tildó la medida de contraria “a la constitución y a los derechos humanos”. “La sanidad deja de ser un derecho con esta ley pasa a convertirse en un privilegio”, apostilló. En la misma línea, Javier Jiménez, miembro del colectivo ‘Yo sí, sanidad universal’, recalcó que no estamos ante un simple cambio normativo, “sino a todo un cambio de modelo que permite estirar o encoger el número de beneficiarios en función del momento electoral”. La idea es que, una vez abolida la universalidad de la sanidad es mucho más fácil añadir colectivos a la lista de excluidos y a los inmigrantes en situación irregular les pueden seguir los desempleados o las personas que no cotizan. Según señaló Revilla, en la actualidad, tras tres años de la aprobación del RDL 16/2012 se está volviendo a atender a los excluidos. Sin embargo esta situación es de “provisionalidad” y ligada al “momento político”, por lo que el facultativo se sumó al resto de los ponentes en exigir la inmediata derogación del Real Decreto.
Instrucciones para la asistencia sanitaria de personas extranjeras en la Comunidad de Madrid
Desde septiembre de 2015, la Comunidad de Madrid permite la asistencia sanitaria de todos los residentes en Madrid aunque no estén asegurados por la Seguridad Social. Esta asistencia incluye las visitas al médico de Atención Primaria, incluso las no urgentes. También incluye los descuentos en la medicación. Sin embargo, si eres una persona extranjera residente en Madrid sin derecho a la tarjeta sanitaria y te pones enferma, puede suceder que intenten facturarte ilegalmente si acudes a las urgencias de un hospital sin estar registrado en la base de datos de la Comunidad de Madrid. Regístrate en un Centro de Salud cuanto antes, no esperes a ponerte enfermo. Si no tienes Seguridad Social por ser extranjero, tanto si tienes NIE, como si sólo tienes Pasaporte, incluso si no tienes ningún documento acude al Centro de Salud más cercano a tu domicilio. Aquí puedes consultar cual es: Callejero Sanitario Solicita el “registro como extranjero residente no asegurado”. Tendrás que llevar un certificado de empadronamiento y una declaración con tus ingresos. Te la puedes bajar de aquí. Si tienes pasaporte o NIE también lo tienes que llevar. Si no tienes empadronamiento también puedes solicitar el registro. Quizá te citen con la Trabajadora Social para que compruebe que vives en Madrid. Si tienes cualquier duda sobre derechos sanitarios y sobre cómo acceder a los servicios de salud públicos en la Comunidad de Madrid, contáctanos. ¡ACUDE A TU CENTRO DE SALUD! ¡NO RENUNCIES A TU DERECHO! Actualización: El Ayuntamiento de Madrid ha lanzado la campaña «Madrid sí cuida» con la que ofrece información y asesoramiento a través de su web y del teléfono de atención 010.
Alter número 19. Mayo 2015
Descarga el último número de la revista Alter. Índice: Editorial sobre las Elecciones Municipales y Autonómicas Entrevista a Iris Urquidi: esto no ha tirado para abajo, sigo en la lucha (por Paula Guerra) Me llamo Adou… (por Roberto López) Campaña estatal contra los CIE (por Clara García y Maite Blanco) Preparando el 15J, Día por el cierre de los CIE (por Dánae García) La sentencia del TJUE: expulsión o multa (por Sandra Delgado) Llamamiento al Consejo Europeo (Red Migreurop) ¿Drama humanitario o guerra contra migrantes? (por Peio Aierbe) En el nombre del inmigrante africano No 1150 (por Mohamed Gerehou) Manifiesto: Por el fin del genocidio migratorio en el Mediterráneo Sanidad: ¿qué va a ocurrir con los menores extranjeros? (por Ester Alía) Marca España: Legalizar lo ilegal (por Carlos Escaño) Taller con mujeres marroquíes (por Sara Bounajm) Así fueron las Jornadas Antirracistas 2015 (por Paco Poveda) DESCARGA
Análisis: Después de la rectificación de la Consejería de Sanidad, ¿qué va a ocurrir con los menores extranjeros en Madrid?
La Comunidad de Madrid ha decidido rectificar su medida de borrar a los bebés mayores de tres meses que no habían sido regularizados, después de que a mediados de febrero decidiesen sacar a 6.000 recién nacidos del registro sanitario, como denunciamos desde SOS Racismo Madrid y Yo Si Sanidad Universal. Se trataba de una decisión que dificultaba aún más la asistencia médica especializada de estos menores y que reducía en nueve meses el plazo que tienen estos niños para recibir asistencia aunque no tengan su cobertura regularizada. Desde SOS Racismo creemos que la rectificación del gobierno regional es una buena noticia relativa, que soluciona el problema inmediato pero no el problema estructural que persiste, con graves consecuencias para la atención sanitaria a los menores extranjeros en Madrid. Con esta rectificación, el gobierno regional ha decidido “reactivar automáticamente” el registro de estos menores programando una rutina informática para «volver a pasar al activo de la base de datos» todos los registros que cumplen determinados requisitos. Aunque no nos extrañaría que esta medida no se vaya a adoptar con los bebés que nazcan a partir de ahora, ya que según han asegurado desde la Consejería a los medios de comunicación, el plazo de regularización continúa siendo de 90 días para las nuevas altas. Una reducción de plazo que afecta a la salud de los menores, ya que la asistencia médica durante el primer año de vida es fundamental, incluyendo hasta 18 vacunas, la mayor parte del calendario de inmunización. Aunque el grave error del borrado ha sido reparado, el problema fundamental sigue siendo el tipo de ciudadano que se utiliza para esta alta provisional, “Transeúnte Recién Nacido”, que lleva implícitos una serie de condicionantes que dificultan la atención médica normalizada: No se fabrica tarjeta sanitaria, pero tampoco se entrega ningún documento que identifique al bebé como usuario del Sistema Nacional de Salud y ni como usuario del Servicio Madrileño de Salud. Esto dificulta, aunque menos que el borrado, las consultas en Atención Especializada y el acceso a los medicamentos en las farmacias. Nos consta que los padres no reciben una información completa de los trámites que deben realizar: se envía a todos los padres al INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), incluidos los extranjeros sin permiso de residencia, sin informarles que, si en el INSS les deniegan el derecho a la asistencia sanitaria de sus hijos, deben volver al Centro de Salud para que sean codificados como “Menores sin permiso de Residencia”. Nos consta que las instrucciones de Aseguramiento para codificar a estos últimos son confusas, cuando no dudosamente legales. No queda claro quiénes son los supuestos “menores sin permiso de Residencia”, ¿cualquier niño extranjero que aún no tenga permiso de residencia? ¿cualquier niño extranjero que no tenga el permiso antes de 90 días? ¿solo los niños extranjeros cuyos padres no tienen permiso de residencia? ¿los niños extranjeros cuyos padres tienen permiso de residencia pero a sus hijos se les deniega el re-agrupamiento familiar por no contar con recursos suficientes? Estas deficiencias en las instrucciones que reciben en los centros de salud está provocando una gran indefensión y situaciones inusitadas como, por ejemplo, la que se trataba de “solucionar” con el borrado de los 6.000 bebés; el hecho de que hubiese cientos de niños codificados como “transeúntes recién nacidos” con más de un año, con dificultades reales de acceso al sistema por no tener ningún documento de registro. Buro-represión y trabas administrativas Consideramos que este tipo de instrucciones son, como han definido con gran acierto Juan Antonio Palacios Castaño y Raúl Sánchez Fernández en eldiario.es, “buro-represivas”, un término utilizado para definir la represión burocrática que se ejerce mediante mecanismos administrativos. Es necesario que se distinga bien entre un niño que está en una “situación administrativa temporal” y uno que es un “menor sin permiso de residencia”, para poder corregir las situaciones administrativas que provoca su confusión. De los 6.000 bebés que fueron apartados del sistema de citas, solo 1.600 estaban registrados como extranjeros, a pesar de que la mayoría de ellos los son. Esto se debe a que “codificarles” como extranjeros implica que hay que poner una fecha de caducidad del documento que les identifica (que no tienen) y las administrativas prefieren inscribirles como “españoles” para que no haya obstáculos en el proceso de inscripción del sistema. De esta forma desde la administración se desconoce cuántos niños hay en situación irregular viviendo en Madrid. Es necesario conocer este dato, así como dónde viven y cuántos años tienen, para poder tomar las medidas necesarias para su integración completa, tanto en el Sistema Nacional de Salud como en la sociedad en la que han nacido. La Comunidad de Madrid ha justificado el borrado de menores alegando que 90 días son suficientes para regularizar la asistencia sanitaria de un menor. Han querido difundir el concepto de que aquellos padres que tardan más es por dejadez. Algo que no es cierto, porque hay que comprender la cantidad de peculiaridades que tiene cada caso, desde padres que han sido expulsados dejando en España mujeres embarazadas, hasta padres a los que no les dan permiso en Canarias para venir a Madrid a registrar a su hijo en el registro civil. Por eso intuimos en esta medida una nueva manifestación de racismo institucional. Conclusión y medidas urgentes La rectificación de esta medida arregla los problemas de acceso sanitario inmediato de los bebés y permite a las administrativas avisar a los padres para que aporten la documentación. Pero, de ninguna manera, subsana el descontrol de la cobertura sanitaria de los menores en Madrid. Algo de lo que se quejaban los profesionales de los centros de salud, y que comenzó con la entrada en vigor el Real Decreto-ley 16/2012. Por eso, insistimos en que la Consejería de Sanidad debe adoptar otras medidas necesarias para garantizar el acceso de todos los ciudadanos al sistema sanitario. Y en el caso particular de los menores sería necesario que: Se defina explícitamente qué se considera un menor sin permiso de residencia
Madrid excluye de su sistema de citas sanitarias a más de 6.000 menores, la mayoría hijos de inmigrantes
Esta semana los profesionales del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid fueron informados de que más de 6.000 menores nacidos después de la entrada en vigor del RDL 16/2012 habían sido borrados del sistema informático con el que se hacen las citas sanitarias. Mediante una circular el Servicio Madrileño de Salud avisaba al personal sanitario de que se había reducido la caducidad de la atención primaria de los “transeúntes recién nacidos” (recién nacidos que aún no han regularizado su situación en el sistema de salud) de 1 año a 90 días. Automáticamente todos los registros de menores no regularizados se borraron de la base de datos y pasaron al histórico. La consecuencia es que decenas de niños de entre 3 meses y 3 años han sido privados de atención primaria normalizada por una decisión administrativa arbitraria y discriminatoria. Denunciamos que esta medida afecta directamente a los hijos de los inmigrantes, especialmente de aquellas personas que se encuentran en situación irregular. El nuevo plazo de 90 días es claramente insuficiente para regularizar la situación sanitaria de estos menores y genera graves situaciones de desamparo: Para los hijos de progenitores con permiso de residencia, la regularización no se puede hacer hasta que el menor no tenga el NIE, proceso que normalmente se demora más allá de los tres meses estipulados por la nueva circular. Para las personas en situación irregular la medida agrava la actual situación de estigmatización y criminalización que les impide registrar a sus hijos en el sistema público de salud. La medida sigue la senda discriminatoria del RDL 16/2012, que excluyó a más de 800.000 personas del sistema público de salud, divide a las personas entre pacientes de primera y de segunda y pone en riesgo la salud de miles de niños en la Comunidad de Madrid. Desde SOS Racismo Madrid exigimos que el Servicio Madrileño de Salud corrija inmediatamente este grave error administrativo y garantice el derecho a la asistencia sanitaria integral y gratuita a todos los menores de la Comunidad de Madrid, con independencia de la situación administrativa de sus progenitores. Ningún derecho fundamental debe ser entorpecido por procedimientos administrativos injustos. Asimismo, pedimos una vez más la derogación del trágico RDL 16/2012 y defendemos un sistema sanitario público, universal y gratuito para todas las personas que viven en España, sea cual sea su situación administrativa. Más información: 23/02/15. Respuesta de las sociedades pediátricas madrileñas ante la nueva normativa sobre la tramitación de la tarjeta sanitaria de los recién nacidos 25/02/15. Comunicado de Yo Sí Sanidad Universal: Yo Sí Sanidad Universal advierte del peligro de las nuevas trabas administrativas del SERMAS y exige la tarjeta sanitaria para todos los menores
Tras dos años de exclusión sanitaria, seguimos en lucha contra el RDL 16/2012
SOS Racismo Madrid, como miembro de la Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado español, se adhiere hoy a este manifiesto en contra de la exclusión sanitaria y en defensa de la sanidad universal. Llevamos dos años denunciando la injusticia de un decreto que ha dejado sin asistencia sanitaria a cientos de miles de personas, en especial migrantes en situación irregular, y seguiremos haciéndolo hasta su derogación. CONTRA LA EXCLUSIÓN SANITARIA, EN DEFENSA DE LA SANIDAD UNIVERSAL Cuando se cumplen dos años de la entrada en vigor del RDL 16/2012, sesenta y una organizaciones y plataformas de los ámbitos social, profesional y científico, denunciamos su impacto y el incumplimiento por parte del Gobierno Español de la legislación internacional de derechos humanos. En Abril de 2012 el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (en adelante RDL). Con este RDL la asistencia sanitaria dejó de ser un derecho de todas las personas, y pasó a ser una prestación vinculada a la condición administrativa de asegurado. Además se restringen ciertas prestaciones y se aumenta la carga económica directa para las personas. Dos años después el balance no puede ser más negativo: Tras la aplicación del RDL, al menos 873000 personas en España perdieron el derecho a la asistencia sanitaria, según cifras del propio Gobierno. Hablamos de una población especialmente vulnerable y que debería gozar de medidas de protección sociosanitarias. Hay que apuntar además, que se trata de un colectivo que, al igual que todo ciudadano viene contribuyendo a su financiación mediante los impuestos. La diferente aplicación del RDL por las Comunidades Autónomas (CCAA) y la disparidad de criterios en la aplicación de la normativa por parte de los centros sanitarios ha deteriorado aún más la cohesión territorial en el Sistema Nacional de Salud, y ha convertido el acceso a la atención sanitaria en un auténtico laberinto administrativo. Incluso en aquellos supuestos en los que el RDL reconoce el derecho a la atención (embarazadas, menores, atención de urgencias…) se han originado numerosos casos de desatención, sin que, hasta la fecha, se haya tomado ninguna iniciativa para atajar estos incumplimientos. El desplazar la atención a las urgencias (si ésta se logra) genera retraso diagnóstico y agravamiento de las patologías, lo que supone un aumento del gasto sanitario para su atención. Estudios en otros países han demostrado que medidas de exclusión sanitaria similares han generado un gasto hasta cuatro veces mayor del que costaría con una atención inclusiva. La exigencia de firma de compromisos de pago, la facturación indebida de la atención en urgencias y otros impedimentos para el acceso al sistema sanitario, han generando un efecto disuasorio y una ruptura de la continuidad asistencial, que está poniendo en grave riesgo la salud y la vida de las personas, tal como organizaciones medicas han evidenciado en los fallecimientos de Alpha Pam en Mallorca, Soledad Torrico en Valencia y Janneth Beltrán en Toledo. A pesar de que algunas CCAA emitieron instrucciones para asegurar asistencia sanitaria para toda la población en los supuestos de salud pública, el citado RDL sienta las bases para que se produzca un retroceso en los programas de prevención, vigilancia y control de enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles. Las dificultades de acceso de sectores de población a las medidas propuestas para evitar la aparición de nuevos casos y/o el control de brotes epidémicos (vacunación, quimioprofilaxis o inmunoprofilaxis, aislamiento, diagnóstico o tratamiento), tiene repercusiones no sólo en el ámbito individual sino también en la salud colectiva. En un contexto de incremento de la desigualdad económica (en los cuatro años iniciales de la crisis, la desigualdad en los ingresos creció en la misma medida que se había logrado reducir en los veintidós años previos) el encarecimiento del acceso a determinadas prestaciones y medicamentos, y la exclusión sanitaria de las personas más vulnerables, provocados por la promulgación del RDL, ha generado un incremento relevante de las desigualdades en salud, como empieza a demostrarse en algunas CCAA. Está demostrado que el incremento en la desigualdad de ingresos produce un aumento de problemas de salud, un peor uso de los medicamentos y un incremento general del sufrimiento. Resulta preocupante el posible impacto de género del RDL, dados los crecientes obstáculos que están encontrando las mujeres migrantes a quienes se les ha retirado la tarjeta sanitaria, lo que dificulta la detección de casos de violencia de género, así como la adecuada asistencia en casos de violencia sexual. En el caso de las víctimas de trata de seres humanos se limita el acceso a quienes se les otorga el periodo de restablecimiento y reflexión, mientras que a la mayoría no se les reconoce el derecho a la asistencia sanitaria. De igual manera, conviene recordar que son las mujeres el colectivo mayoritariamente afectado por la desigualdad económica. Varios organismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han subrayado que esta reforma contraviene estándares internacionales de derechos humanos. Han dirigido numerosas recomendaciones al Gobierno español instándole a garantizar el acceso a la atención sanitaria de las personas migrantes, independientemente de su situación administrativa. Asimismo, le han pedido que evalúe el impacto de la reforma sanitaria en términos de derechos humanos, y le han recordado que las normas de derechos humanos no pueden ser ignoradas por las presiones fiscales. Hasta la fecha el Gobierno no ha cumplido ninguna de estas recomendaciones. Por su parte, el Tribunal Constitucional en dos autos afirma que “el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas…, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”. Efectivamente, antes de implantar el RDL no se analizó ni comunicó con claridad el ahorro que iba a suponer y hasta la fecha no se ha