SOS Racismo Madrid

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Encuentro sobre deportaciones express 17F

El próximo sábado 17 de febrero a las 9.30h SOS Racismo Madrid organiza el encuentro sobre deportaciones express. Queremos construir juntas una red de coordinación, apoyo y denuncia de esta práctica inhumana y racista que detiene y deporta en menos de 72 horas a nuestras/os vecinas/os migrantes en Madrid. Os esperamos el sábado 17 de febrero a las 9.30h en el Centro Cultural Galileo de Madrid. Os podéis inscribir en el enlace https://goo.gl/forms/VvOItoyI0e7tZ1H13 ¡Por una vida libre de racismo! #StopDeportación

El Estado intenta deportar 3 veces a un joven con problemas de salud desde el CIE de Aluche

M.A. tiene 37 años, es de origen tunecino y lleva más de 13 años viviendo en Francia. En el año 2012 le fue denegada la renovación de su permiso de residencia, quedando en una tesitura de extrema vulnerabilidad e irregularidad administrativa que derivó en la pérdida de su libertad en un CIE en Francia para, finalmente, ser deportado en el año 2014. Sin embargo, tal y como él mismo relata, su vida y sus proyectos estaban asentados en Francia: “no tengo nada en Túnez, mi vida, mi pareja, mi gente están en Francia” por lo que decidió regresar a Europa en el año 2016. El cierre de fronteras y la negación de un pasaje seguro por parte de las políticas migratorias europeas exponen a las personas a rutas migratorias peligrosas. De este modo, cuando M.A. intentaba entrar en Europa sufrió un accidente por el cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Se le colocaron varias piezas protésicas a fin de curar su fractura. En marzo de 2017 fue atendido por los servicios sanitarios de Melilla que diagnosticaron una rotura de varios de los tornillos colocados previamente. Sin embargo, a pesar del estado de su fractura y del dolor asociado, fue trasladado al CIE de Aluche con el objetivo de ser nuevamente deportado. En contra de lo que establece el artículo 62.1 de la Ley orgánica 4/2000 que contempla la posibilidad de no internar en CIE cuando exista un riesgo para la salud. En el CIE de Aluche ha sufrido tres intentos de deportación. En el primero le fue negada la posibilidad de llevar una de las muletas alegando que se trataba de muletas propias del CIE. Las dificultades de una persona interna en el CIE para conseguir unas muletas propias son evidentes. De haberse llevado a cabo su deportación sin las muletas facilitadas por SOS Racismo, habría supuesto prescindir del apoyo necesario recomendado para su recuperación. De este modo, tendría que trasladarse hasta su lugar de origen en Túnez sin dicho soporte. Sin embargo, en el tercer intento de deportación afirma que le quitaron de nuevo una de las muletas facilitadas por SOS Racismo. Esta respuesta evidencia una vez más el trato inhumano que reciben las personas que son internadas en los CIE y deportadas. Sus derechos más primarios, como el derecho a la salud, se tambalean a través de éstos procesos donde no se tienen en cuenta las circunstancias individuales y personales. Por otro lado, M.A. está pendiente de la revisión a fin de valorar una nueva intervención que le posibilite recuperar la funcionalidad de su pierna. Sin embargo, no hay garantía de que la operación pueda ser llevada a cabo en su país de origen lo que agrava las consecuencias de esta deportación. Tras el último intento de deportación, M.A. contacta con SOS Racismo y explica que sufrió agresiones por parte de los agentes que le custodiaban. Relata cómo le ataron y recibió golpes, puñetazos y patadas en el cuerpo. Manifiesta que en el avión él gritó durante un tiempo pidiendo que no le deportasen, lo que finalmente evitó su expulsión. Si bien M.A. no ha presentado una denuncia penal por estos hechos, su testimonio se suma a aquellos que refieren que los malos tratos se intensifican en el proceso de deportación con el fin de obligar a las personas a viajar. La remodelación o construcción de nuevos CIE no evita la segregación ni las dolorosas consecuencias para la salud tanto física como psicológica que suponen los procesos de deportación, por lo que la única alternativa humanamente comprometida es el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones.

VI encuentro estatal por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones

Los días 2, 3 y 4 de diciembre se ha celebrado en Barcelona el sexto encuentro anual  de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el fin de las deportaciones. En esta ocasión han participado unas 50 personas procedentes de CIEs NO Valencia, Tanquem els CIE (Cataluña), Canarias libre de CIES, CIEs No Madrid, Observatorio del Racismo Institucional (RAIN) y Convivir sin Racismo de Murcia. Desde la Campaña estatal queremos destacar, en primer lugar, que seguiremos trabajando para que no se vulneren los derechos de las personas internadas en los Centros de Internamiento del estado español ni en las deportaciones, a la vez que seguiremos avanzando en un horizonte firme de cierre de los CIE y de fin de las deportaciones forzadas. Tras las participación de diversas personas de Murcia a través de las que hemos podido conocer de primera mano la situación del CIE de Sangonera la Verde, nos mostramos especialmente preocupadas por las situaciones que se están viviendo durante los últimos meses en el CIE de Murcia, en el cual de forma sistemática se están dando fuertes vulneraciones de derechos en un CIE completamente sobresaturado, con fuertes déficits estructurales y con una situación de violencias cotidianas contra las personas internadas. Asimismo, exigimos que, con la máxima celeridad posible, se esclarezcan los hechos  y se depuren responsabilidades ante las situaciones de malos tratos vividas en el CIE de Aluche tras la protesta que se produjo el pasado 18 de octubre de la misma manera que exigimos que se investiguen las denuncias de agresiones en el CIE de Zona Franca referidas por algunos internos, que según estas denuncias se dieron en la única zona común sin cámaras durante la protesta del 1 de noviembre. La situación en Valencia, con un CIE cerrado temporalmente no es mucho mejor. Una enésima plaga de chinches lo mantiene cerrado y por tanto exigimos que no se vuelva a abrir. Por último lugar, el CIE de Barranco Seco, instalado en una antigua cárcel franquista en Gran Canaria, no cumple con los mínimos estructurales para seguir funcionando entre otras denuncias acumuladas por las personas que día tras día tienen contacto con las personas internas. Cabe destacar la presencia sostenida desde hace un mes de efectivos de la unidad de antidisturbios, en los CIE de Madrid y Murcia lo que nos preocupa enormemente por cuánto ello supone de violencia e intimidación hacia las personas internas. En ningún caso debería ser una situación habitual y prolongada en el tiempo. Si bien, la situación, el régimen de vida, y la relación de las instituciones con las entidades en cada uno de los CIE varía según el Director de turno y el trabajo de los Jueces de control de los CIE y de la Fiscalía, en lo efectivo, dichos mecanismos no están evitando que se sigan vulnerando los derechos en los CIE. En cualquier caso, nuestro principal objetivo es el cierre de estos centros de internamiento y el fin de las deportaciones. Vamos a trabajar para que el consenso social existente respecto al cierre de los CIE  se haga más fuerte cada día y que se haga efectivo lo antes posible, aun siendo conscientes del desafío que supone. No hay alternativas a los CIE. La única alternativa es cerrarlos y generar un cambio de paradigma en las políticas públicas de migración. En el camino por el cierre de los CIE no vamos a tolerar que el actual modelo de privación de libertad sea sustituido por otros modelos de privación de libertad con regímenes “semi-abiertos” centros más pequeños o aparentemente más humanos y mucho menos con modelos privatizados de gestión. Cerrar los CIE debe suponer necesariamente un cambio de paradigma en política migratoria que deje de ver las deportaciones forzosas de personas como un mecanismo válido para la gestión de los flujos migratorios. El sistema actual vulnera los Derechos Humanos de las personas migradas y es inútil para los fines que se propone. Asimismo, consideramos que es muy importante que la campaña profundice su trabajo en la situación de las deportaciones exprés, que representan actualmente el 60% de las deportaciones anuales. Es inadmisible desde un punto de vista ético y jurídico que una persona pueda ser deportada en el marco de 72 horas directamente por la policía, sin garantías jurídicas y sin la posibilidad de llevar a cabo un efectivo derecho de defensa. Se están produciendo a diario situaciones de vulneración y de ruptura de proyectos vitales. También seguiremos abordando la problemática de los vuelos colectivos de deportación realizada hasta el momento por Air Europa y en adelante por Air Nostrum – filial de Air Nostrum – como elemento clave a erradicar para poder hablar de políticas migratorias basadas en los derechos humanos. Y no olvidamos la Frontera Sur del estado español, hacia la que seguiremos mirando, por lo que damos todo nuestro apoyo a la iniciativa de llevar a cabo una caravana a Melilla, propuesta por colectivos que trabajan en el apoyo a las personas migrantes y/o refugiadas. En ello trabajaremos durante el próximo año, sin dejar de seguir atentamente aquello que ocurra en Ceuta y Melilla, así como en otros lugares frontera sur del estado español como pueda ser Canarias. Salimos de éste encuentro, el sexto consecutivo, con la sensación de haber aprovechado al máximo estos días para pensar y analizar en común, resolver debates difíciles y estrechar lazos que nos hagan seguir juntas y firmes hacia el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones forzadas, y en definitiva, por un cambio de paradigma en la política migratoria. Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el Fin de las Deportaciones

Al menos un interno escapa del CIE de Aluche para evitar su inminente deportación

NOTA DE PRENSA 3 de noviembre de 2016, 21:30 horas AUTORIZADA SU PUBLICACIÓN   Veinte personas internas que protestaron en la azotea del centro y sufrieron agresiones como represalia serán deportadas mañana en un ferry con destino a Argelia. Según la información obtenida por activistas de SOS Racismo, al menos un interno ha escapado del centro esta noche para tratar de evitar su deportación   Según los testimonios a los que ha tenido acceso SOS Racismo, a última hora de este jueves al menos un interno ha huido del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, donde se hallaba retenido a la espera de ser deportado. Han conseguido escapar tras recibir, junto con otra veintena de compañeros, la notificación de su inminente deportación. Esta tendrá lugar mañana a las 19:00, en un ferry que saldrá de Alicante con destino a Orán (Argelia) de la empresa Romeu & Cía. Esta información ha sido recabada por activistas de SOS Racismo que mantienen contacto directo con las personas internas. Las veinte que serán deportadas mañana participaron o fueron testigos de la protesta del pasado 19 de octubre, cuando ocuparon la terraza del centro durante toda la noche para demandar su puesta en libertad. Entre estas mismas personas que mañana serán expulsadas están las que presuntamente sufrieron agresiones como represalia de las autoridades del centro. Varias asociaciones denunciaron en los juzgados estas agresiones (físicas y verbales) el pasado 21 de octubre y la denuncia está todavía siendo investigada, un hecho de sobra conocido por las autoridades del CIE y por el Ministerio del Interior. Es muy probable que deportar a estas personas imposibilite la correcta investigación de los hechos y facilite el archivo del caso. Según los autos de los juzgados de control de los CIEs, las personas internas deben recibir la notificación de su deportación al menos 12 horas antes de que salga el avión o el barco, sin contar con las horas de sueño. En esta ocasión las autoridades del CIE de Aluche han seguido su política habitual de ceñirse al reglamento, pero informando a las personas internas lo más tarde posible dentro de lo permitido. Así limitan al máximo la posibilidad de recibir asesoramiento legal o de informar a familiares y amigos, y provocan el desasosiego y la desesperación de los afectados.

Informe CIE 2015: Situaciones de extrema vulnerabilidad

En el CIE se interna a personas que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad incumpliendo de este modo los artículos 62.1 y 62.4,  de la LOEx 4/2000 así como la Circular 6/2014 de la DGP para solicitar el ingreso en los CIE. En última instancia, el Real Decreto 162/2014 que regula el funcionamiento y régimen interior de los CIE establece en su artículo 37 que el Director tiene la potestad para poner en libertad a una persona cuando existan razones médicas fundadas, sin embargo, el caso de la mujer embarazada encerrada en el CIE en el mes de octubre nos demostró que, a pesar de tener un embarazo de alto riesgo, permaneció encerrada varios días antes de ser puesta en libertad. En el año 2015 hemos visitado a personas en el CIE de Aluche que declaraban vivir dificultades tales como: sufrir amenazas en el país de origen ser apátridas ser homosexuales y tener miedo a que el resto de personas internas lo supiese por lo que no querían solicitar asilo tener dificultades para que sus familiares pudiesen visitarles tener familiares en situación de dependencia a su cargo sufrir enfermedades físicas estar embarazada sufrir trastornos de salud mental no tener familia ni red de apoyo en el país de origen declararse en huelga de hambre ser engañadas por abogadas/os fraudulentas/os ser víctimas de trata con fines de explotación laboral o sexual tener discapacidad tener hijas/os menores a cargo ser víctimas de violencia machista vivir situaciones de precariedad y pobreza haber sufrido restricciones al derecho de visitas de familiares y conocidas/os tener escasas o nulas vías de contacto telefónico no comprender su situación jurídica haber sido internada/o en CIE en reiteradas ocasiones Ante estas circunstancias de especial vulnerabilidad, el encierro y la deportación se tornan, si cabe, más inhumanos y crueles, incidiendo en la exclusión y victimización de estas personas. Menores en el CIE Resulta especialmente preocupante el hecho de que, tan solo en el año 2015 hemos visitado a 12 personas que declaraban ser menores de edad en el CIE de Aluche. El daño, en términos humanos, que causa el CIE a las personas que son encerradas en él es de profundo calado. En el caso de menores de edad, además de tratarse de una ilegalidad pues no se permite el internamiento de menores (artículo 62.4 LOEx 4/2000), genera un daño del que el Estado debe responsabilizarse. El encierro de menores en el CIE evidencia fallos en el sistema de protección a la infancia. Una vez más, se pone de manifiesto que en materia migratoria, el control de fronteras tanto exteriores como interiores prima sobre el respeto a los Derechos Humanos y, en este caso concreto, el de protección a la infancia, así como su deber y compromisos adquiridos en la Convención sobre los Derechos del Niño de actuar en base al interés superior de niños y niñas, respetando el principio de no discriminación, garantizando el derecho a tener un desarrollo adecuado y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. El encierro de menores de edad pone de manifiesto cómo en los CIE se vulneran los derechos fundamentales. Asilo De las 257 personas que hemos visitado en 2015, sólo 36 de ellas solicitaron asilo. Teniendo en cuenta que el CIE es uno de los puestos habilitados para solicitar asilo dentro del Estado Español, cabría esperar un número de solicitudes más elevado, máxime cuando se encierra y deporta a personas originarias de países en conflicto y de países que persiguen a determinados grupos de personas. Una de las razones por las que esta cifra no es más elevada puede atribuirse al miedo y la desconfianza que pueden desarrollar las personas solicitantes de asilo hacia las instituciones, por los abusos que han podido sufrir. Además esta desconfianza se ve agravada por la hostilidad del CIE como espacio de control represivo. Asimismo, hay que tener en cuenta que muchas personas conocen las pocas posibilidades de ver su solicitud admitida a trámite. Es por esto que muchas veces prefieren esperar para solicitar asilo en otro lugar. Las personas encerradas en el CIE saben que la solicitud desde el CIE es menos susceptible de generar credibilidad que la realizada en libertad y en territorio, directamente en la Oficina de Asilo y Refugio o en las comisarías habilitadas. Según los datos de CEAR, en 2014 se registraron 587 solicitudes de asilo en todos los CIE y 170 en el CIE de Aluche. Tan solo el 62,6% de las solicitudes de asilo presentadas en puestos fronterizos y CIE fueron admitidas a trámites frente al 98% de solicitudes presentadas en territorio. Esta diferencia sustancial en las cifras evidencia las dificultades reales de acceso al derecho de asilo desde los CIE. En esta línea, hemos detectado que una de las preguntas más habituales que se hace a las personas durante las entrevistas de asilo en el CIE es si solicitan el asilo para evitar la expulsión. Consideramos que se trata de una pregunta fuera de lugar que predispone la evaluación del caso en contra del relato de la persona solicitante y dificulta el acceso al derecho de asilo puesto que resulta evidente que una persona cuya vida corre peligro en el país de origen y que se enfrenta a una posible deportación, solicita protección justamente para no ser expulsada al país en el que su vida peligra. Esta tendencia se ve reflejada en los datos de las personas visitadas: tan solo el 0.4% de las solicitudes presentadas fue admitido a trámite. Durante los años que llevamos realizando visitas hemos sido testigo de la obstaculización policial para acceder al derecho de asilo. Son numerosos los casos de personas que han realizado un escrito para solicitar asilo en el CIE y cuyo escrito no ha sido tramitado por las autoridades del CIE para hacerlo llegar a la Oficina de Asilo y Refugio. De esta manera, muchas personas han sido deportadas sin haber sido siquiera escuchadas. Por este motivo, el 23 diciembre de 2015, los juzgados de instrucción en funciones

El corto ‘Express’, en abierto en Vimeo

La Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs No) presentó este jueves, en el marco de las celebraciones por el 15J, día contra los CIEs en Madrid, el documental ‘Yerro: Capitán de su destino’ y el corto ‘Express’, dos obras que tratan de explicar «la espiral de violencia» de las políticas de inmigración en España, desde la privación de libertad por no tener permiso de residencia hasta la expulsión en 72 horas desde una comisaría. ‘Express’ es una idea de Carlos Olalla, que lo dirige junto a Juan Herreros y cuenta basándose en casos reales, la historia de un senegalés afincado en España con su mujer y sus hijos que perdió el permiso de residencia al quedarse en paro. Un día, dos policías llamaron a su puerta y le invitaron a personarse en comisaría para «un asunto de su interés». Dos días después estaba volando hacia Senegal sin que su abogada pudiera hacer nada al respecto. Según han explicado los directores, la idea es «divulgar una realidad que la ciudadanía desconoce«, la de las conocidas como ‘expulsiones express’, por las que personas que son identificadas en situación irregular son deportadas directamente desde el calabozo de una comisaría, donde por ley un individuo puede ser detenido un máximo de 72 horas. El corto sobre el drama de las ‘expulsiones exprés’ ya está disponible en Vimeo: Cortometraje Express  

Deportaciones exprés: una vulneración de garantías mínimas

Son las 9 de una mañana de primavera de 2011. José, boliviano, vuelve de una fiesta con su hermano pequeño; tiene 18 años recién cumplidos. Lleva viviendo –y estudiando– en España casi 10 años, pero en ese momento carece de permiso de residencia. Entrando al metro la policía le pide la documentación y, ante la negativa de él, lo lleva detenido. Ese mismo día recibe una carta de expulsión, un documento que lo convierte en susceptible de ser deportado en cualquier momento. Normalmente, en el momento de recibir la carta, el interesado cuenta con dos meses para presentar un recurso contencioso, pero el documento que recibe José lleva un nombre equivocado, y su abogada le aconseja no tomar ninguna medida debido al error. A partir de entonces comienzan para él cinco años de calvario con múltiples detenciones policiales y un mes en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, tras el cual será puesto de nuevo en libertad. El proceso culmina, finalmente, con su abrupta deportación en noviembre de 2015, ejecutada en menos de 24 horas. “Fue un miércoles. Mi hijo me llamó desde el aeropuerto, llorando, diciéndome que se lo llevaban. Esa noche había llamado a su novia a las tres de la mañana”, relata Teresa, su madre. Lo habían detenido al salir del metro la tarde anterior. Él volvía de trabajar, llevaba solo una mochila y 300 euros que había cobrado ese día. “El avión lo llevó a Santa Cruz, donde no tenemos familia. Estuvo allí tirado todo el día, y por la noche pudo irse a Sucre, donde viven mi hermana y su padre. Mi hermana me contó que José tenía moretones en los brazos y en la espalda”. Teresa acudió a la comisaría para reclamar. “Les dije que por lo menos podrían haberme avisado, pero me contestaron que él quería irse, que había firmado el papel. Pero mi hijo me contó que eso era mentira: lo habían llevado dos policías y le habían dicho que si se amotinaba no sabrían qué pasaría. Le dieron golpes, lo cogieron durísimo”. José tenía cita para casarse con su novia dos meses después, en diciembre. Su hija, de nacionalidad española, cumplirá seis años en agosto. Los nombres han sido modificados para proteger el anonimato de la familia. Pero la historia de José es real: él sufrió lo que se conoce como una deportación exprés. Según la legislación española de extranjería, una persona que ya haya recibido una orden de expulsión puede ser deportada a las 72 horas de ser detenida, sin necesidad de comparecer ante un juez y pasando esas noches en la comisaría. Una directiva europea (la 2008/115/CE) avala que los Estados miembros priven de libertad a una persona sin papeles hasta 18 meses, con vistas a expulsarla. Según un informe de Pueblos Unidos publicado en 2015 esta práctica, aunque no es ilegal, suele vulnerar todas las garantías jurídicas del detenido. La campaña estatal Stop Deportación denuncia que el Estado español fleta más de cien vuelos al año con el fin de deportar a migrantes sin papeles. El Estado utiliza dos tipos de vuelos para expulsar migrantes: aviones especiales para llenarlos exclusivamente de personas deportadas, o billetes individuales en viajes comerciales, en los que los expulsados comparten pasaje con turistas y otros viajeros voluntarios, habitualmente sentados al fondo y de forma discreta. El pasado mayo las empresas Air Europa y Swift Air, ambas pertenecientes al grupo Globalia, renovaron por tercera vez el contrato de vuelos especiales con el Ministerio del Interior que les permite alquilar aviones enteros al Estado para deportar a personas sin papeles. Según la Campaña por el Cierre de los CIE, la proporción de vuelos fletados al año es de unos 100 a Marruecos, de Swift Air, y otros 40 de Air Europa a América Latina, África subsahariana, Europa del Este o Asia. Existen pocos datos públicos acerca de esta práctica, pero se sabe que durante 2013 la policía ejecutó 6.462 deportaciones exprés frente a las 4.726 que realizó desde los centros de internamiento. Las cifras de Eurostat indican que el número de detenidos por no tener papeles en la Unión Europea subió un 46% entre 2013 y 2014, periodo en que se privó de libertad a 626.000 personas. Francisco Solans, portavoz de la subcomisión de extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, ilustró en 2015 una de las fórmulas utilizadas para detener a migrantes en los días previos a un vuelo programado: citarlos en comisaría “para asuntos de interés o porque tienen que ver unos papeles. Él acude confiado y con lo puesto y le dicen que se queda allí, al día siguiente está el vuelo preparado. Parar eso requiere una tarea ímproba de su abogado”. En el caso de José, éste ni siquiera tuvo la oportunidad de llamar a su letrada. Por Laura Rivas (Comisión CIE’s – SOS Racismo Madrid)

Comunicado de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE: deportación «exprés»

El Gobierno quiere deportar de “forma exprés” a un ciudadano mexicano, vecino de Tetuán desde 2007 y con un precontrato de trabajo que iba a comenzar en los próximos días   En la noche del martes, Juan Gabriel, ciudadano de origen mexicano que residía en el Estado español desde el año 2007, fue detenido tras saltarse un semáforo en rojo en bicicleta por dos policías municipales, que tras comprobar que se encontraba en situación administrativa irregular procedieron a su traslado a la Brigada Policial de Extranjería, situada en Aluche, dónde ha permanecido desde ese momento hasta esta misma mañana, antes de ser conducido al aeropuerto de Barajas para ser deportado. Sus vecinos y amigos del barrio de Tetuán en el que vivía llevan desde el martes en una carrera contrarreloj por evitar su deportación. Juanga es una persona conocida y querida en el barrio del que forma parte activa. Tanto es así que en pocas horas habían reunido casi un centenar de firmas para presentar en el Consulado y pedir la paralización de su expulsión. Muy querido entre la comunidad de bicimensajeros que éstos días lanzaban tweets de apoyo, Juan Gabriel tenía un precontrato con una conocida empresa de mensajería de la capital, a la que pensaba incorporarse próximamente.  La deportación de Juan Gabriel “rompe con todas sus ilusiones, dejando atrás amigos y relaciones de más de 8 años, y todo en menos de 72 horas” expresaba una de sus amigas esta mañana. Desde Stop deportación (Campaña estatal por el cierre de los CIE) recuerdan que cómo han denunciado en diferentes ocasiones, cada vez que el gobierno fleta un vuelo de deportación masiva se suceden historias como la de Juan Gabriel. “Hace unos meses era Moudou, Eljhadi o Sandra y hoy es Juan Gabriel, en unos días pasas de estar viviendo con su familia y realizando su proyecto vital a ser deportado de manera forzosa a un país que dejaste hace años” indica una portavoz de la Campaña. Recuerdan que en el caso de las deportaciones express, que comenzaron a ser habituales en el Estado español en los años 2013 y 2014, se trata de deportaciones que pueden cursarse directamente a través de las comisarías, sin necesidad de que la persona migrante pase por un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), y que en muchas ocasiones , carecen de garantías jurídicas como derecho a un intérprete o a asistencia letrada. Como ya anunciaba la Abogacía española hace un año, nos encontramos ante un cambio de modelo; del internamiento en el CIE y la posterior expulsión, a la expulsión express. Sin embargo lo que no ha cambiado, afirman, es la opacidad con la que se llevan a cabo estos dispositivos. Apenas hay datos sobre deportaciones express, el primer y único dato oficial corresponde al año 2013, cuándo el Gobierno cifró en 6.462 deportaciones desde calabozo, frente a las 4.726 devoluciones que practicó  desde los centros de internamiento (en respuesta a una pregunta parlamentaria).  Sin embargo los datos de 2014 son un baile de cifras confusas. Por ello desde la Campaña Estatal por el cierre de los CIEs exigen al Gobierno que paralice de manera inmediata la deportación de Juan Gabriel y que deje de realizar vuelos masivos de deportación que no sólo generan indefensión sino que además justifican el aumento de redadas por perfil étnico. E insisten en recordar la importancia de las redes de solidaridad como en el caso de Juan Gabriel y la capacidad de todas las personas para denunciar las redadas por perfil étnico, los vuelos de deportación.

Libro «Paremos los vuelos. Las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa»

Cada año, el Estado español fleta más de cien vuelos de deportación para la expulsión de miles de personas migrantes. Las compañías aéreas Air Europa y Swift Air han firmado con el Ministerio del Interior un contrato de 24 millones de euros para la realización de los vuelos de deportación entre los años 2013 y 2015. La Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y otros colectivos contra las fronteras hacemos un llamamiento al boicot a estas dos compañías aéreas y a todo el grupo empresarial Globalia, al que pertenece Air Europa. Nos negamos a naturalizar los vuelos de deportación, nos negamos a que formen parte de nuestra normalidad. Si quieres leer la información completa puedes hacerlos pinchando en este enlace: http://www.localcambalache.org/libros/comentarios_libros/paremos_los_vuelos.htm

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Asociación SOS Racismo Madrid

Número de Registro Autonómico 12.162, en virtud de Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid, dictada con fecha 3 de abril de 1992.