Histórica actuación de la Fiscalía frente a las devoluciones en caliente
MIENTRAS EL GOBIERNO PRETENDE LEGALIZAR LAS «DEVOLUCIONES EN CALIENTE», LA FISCALÍA INCOA DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PENAL POR CONSIDERAR QUE ESTAS PRÁCTICAS PUEDEN SER DELICTIVAS Por primera vez en la historia de la justicia en España, la Fiscalía actúa frente a las «devoluciones en caliente». La Fiscalía de Área de Melilla ha incoado Diligencias de Investigación Penal 17/2014 por los hechos ocurridos el pasado 15 de octubre y que se muestran en los siguientes videos: http://vimeo.com/109091397 y http://vimeo.com/109010316 Mientras la Fiscalía considera que existen indicios delictivos en estas conductas que deben ser investigados, el Gobierno pretende legalizarlas introduciendo extemporáneamente una enmienda inconstitucional, que lesiona flagrantemente el derecho comunitario así como tratados y convenios internacionales. En respuesta a la queja de numerosas personas por pasividad mostrada por la Fiscalía ante las “devoluciones en caliente” y otras conductas ilegales y con indicios delictivos que tienen lugar en la Frontera Sur, se recibió la siguiente contestación, que consideramos de interés: «Se acusa recibo de su escrito que ha tenido entrada en esta Fiscalía General del Estado por correo electrónico y con el que se ha incoado el procedimiento de referencia. Le informamos que por el Ministerio Fiscal se realizan las actuaciones oportunas para el esclarecimiento de los hechos en las Diligencias de Investigación Penal 17/2014 incoadas en fecha 20 de octubre de 2014 por la Fiscalía de Área de Melilla. Agradecemos su correo. Atentamente» La apertura de diligencias por parte de la fiscalía debería hacer reflexionar al Gobierno sobre su intención de convertir en legal una práctica que podría llegar a ser considerada como delito.
Imputado Coronel Jefe de la Comandancia de Guardia Civil de Melilla por presunto delito de prevaricación en las devoluciones en caliente
El Juzgado de 1ª instancia y de Instrucción número 2 de Melilla ha dictado auto de imputación penal contra el Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla por el presunto delito de prevaricación, en el caso de las devoluciones en caliente de personas inmigrantes ocurridas el pasado 18 de junio y 13 de agosto, “al ser la persona que dicta la Orden de Servicio 6/2014 titulada Dispositivo anti intrusión en la valla perimetral de Melilla y protocolo operativo de vigilancia de fronteras, fechada el día 11 de abril de 2014 y ser la persona al mando del dispositivo”, según el texto literal de la decisión judicial. El auto es resultado de las diligencias acordadas por el Juzgado el pasado 4 de agosto, a partir de la querella presentada en julio por Andalucía Acoge, la Federación de SOS Racismo y P.R.O.D.E.I.N-Melilla, basada de un vídeo grabado en el que se aprecia como policías de Marruecos y guardias civiles, en el espacio entre vallas, conducen a un grupo de inmigrantes para realizar una “devolución” en caliente. Sobre el auto, José Luis Rodríguez Candela, coordinador del equipo jurídico de Andalucía Acoge destaca tanto el papel del juez que “ha entendido que había motivos suficientes para actuar de oficio y llevar a cabo las diligencia” como la definición de los límites de la frontera entre España y Marruecos en Melilla “reconociendo que la zona entre vallas es territorio nacional, utilizando para ello una amplia argumentación fundamentada y basada en convenios internacionales”. Para éste, la imputación del mando de la Guardia Civil supone que “el Estado, o cualquier agente que esté al servicio de éste, no pueden saltarse los acuerdos y tratados internacionales” por ello, el juez “da a entender que en el procedimiento llevado a cabo los dias 18 de junio y 13 de agosto no se ha solicitado la aplicación del convenio de Readmisión firmado con el Reino de Marruecos. Por ello, la imputación del Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil es el primer paso de un proceso penal para acabar con esta práctica”. Mikel Mazkiaran, Secretario General de SOS Racismo, reflexiona sobre esta cuestión: “Ésta ha sido la tónica hasta ahora: desmentir lo que es evidente. No es sólo una cuestión de un mando de la Guardia Civil que supuestamente comete un delito o de los efectivos de las fuerzas de seguridad que cumplen órdenes. Es una política deliberada la que genera el drama que se está viviendo en la Frontera Sur de Europa”, Asimismo, en palabras de José Palazón, presidente de PRODEIN, el auto trae consigo una clara advertencia: “Cualquier agente público que viole la legislación nacional o internacional, y dicte resoluciones injustas, podría verse ante los tribunales. Nadie podrá esgrimir el principio de la obediencia debida para incumplir la ley”. Por último, las organizaciones firmantes recuerdan que este auto contradice las palabras del Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en las que de forma reiterada –incluso en el Senado- desmentía la existencia de estas prácticas: “sólo desde el desconocimiento puede llamarse devolución en caliente porque lo que es, es un rechazo en frontera”. Por este motivo, solicitan al gobierno una explicación pública y urgente sobre esta cuestión, así como que con carácter inmediato y cautelar ordene que se ponga fin a las devoluciones en caliente por atentar contra la legislación vigente. Enlace al auto del Juzgado de Melilla: https://drive.google.com/file/d/0BzEEXM-xHBCITDk1WS1LbXJJbFE/edit?usp=sharin Lee el informe del grupo de juristas Iusmigrante “Expulsiones en caliente: cuando el Estado actúa al margen de la ley” (Foto de portada: Stringer/Reuters)
Comunicado de la red Migreurop: Guerra sucia contra migrantes en Marruecos
Recrudecimiento de la guerra sucia contra migrantes a cargo del gobierno de Marruecos con la colaboración de España Tras la citación judicial a las autoridades marroquíes, -a partir de la denuncia formulada por PRODEIN, la Federación de SOS Racismo y Andalucía Acoge–, para esclarecer unos hechos ocurridos en la frontera entre Melilla y Marruecos, que incluyeron –tal y como se muestra en los vídeos hechos públicos- expulsiones ilegales y apaleamiento de inmigrantes por parte de fuerzas policiales marroquíes; el gobierno marroquí, en vez de colaborar con los tribunales para el esclarecimiento de los hechos, hizo una demostración de lo que es capaz si no se le garantiza impunidad para la actuación de sus fuerzas policiales en las tareas de represión de quienes intentan acceder a la UE. Hizo saber a cientos de personas subsaharianas que tenían luz verde para, durante 48 horas, lanzarse al mar y llegar a las costas españolas. Las más de mil personas que lo lograron fueron la respuesta al auto judicial emitido por el juzgado de Melilla. A continuación, y ante la total pasividad, cuando menos, de la policía marroquí, se han sucedido este fin de semana ataques con machetes, apaleamientos y vejaciones sexuales contra migrantes subsaharianos que han acabado con varios de ellos en el hospital. Entre las agredidas se encuentra Helena Maleno, de Ca-minando Fronteras, conocida defensora de las personas migrantes cuya única defensa, cuando se puso en peligro su vida, no vino por la acción de la policía, que estaba presente y no intervino, sino gracias a la protección de las personas subsaharianas que estaban, también, siendo agredidas. Este es un paso más en la invisibilización de esta realidad: tratar de eliminar a quienes defienden los derechos humanos. En paralelo, y en la frontera de Melilla, el gobierno español, lejos de cesar su actuación a la espera de la resolución judicial sobre la legalidad de las expulsiones “en caliente”, sigue aplicándolas. En este sentido, esta política de expulsiones en caliente se ha plasmado en los últimos días -según denuncia de PRODEIN- en al menos, seis inmigrantes muertos y en el aumento de heridos hospitalizados en Marruecos, a consecuencia de apaleamientos y lesiones provocadas en los saltos, tal y como ha quedado recogido en varias grabaciones. De todo ello, nada trasciende dado el pacto de silencio y colaboración sellado entre Marruecos, España y la Unión Europea. Este es un paso más en la escalada de la guerra sucia contra los migrantes que se encuentran en tránsito en el país magrebí: no sólo se trata de blindar la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes, e invisibilizar la realidad de la vulneración en territorio marroquí de derechos fundamentales de estas personas, sino también eliminar la fiscalización de la sociedad civil organizada. Ante esta situación, las organizaciones españolas de la red Migreurop demandamos el cese inmediato de las prácticas de expulsión ilegales y violación de derechos llevadas a cabo por el gobierno español; que el Gobierno de España y la UE exijan a Marruecos que cese la represión sobre inmigrantes y sobre quienes defienden sus derechos; la denuncia del Convenio de devolución con Marruecos dada la sistemática violación de derechos sobre las personas migrantes; y la urgente intervención de instancias internacionales, como la OSCE y la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, que se desplacen a los lugares en que están ocurriendo estos hechos, informen de los mismos y exijan la depuración de responsabilidades a que haya lugar. ACTUALIZACIÓN: La Federación de SOS Racismo y SOS Racismo Madrid se han adherido, junto con decenas de organizaciones, a este comunicado promovido por la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE que denuncia el incremento de la violencia contra migrantes y activistas en Tánger y exige la actuación inmediata de los gobiernos español y marroquí. Para adhesiones y más información: cies.no@gmail.com
Respuesta a la Circular 6/2014 sobre criterios para el ingreso de extranjeros en los CIE
El pasado 27 de julio la Dirección General de la Policía emitió una circular para recordar los criterios que, de acuerdo con la Ley de Extranjería, deben reglar las solicitudes de ingreso de personas en situación irregular en los CIE. En SOS Racismo Madrid trabajamos estrechamente con los internos en el CIE de Aluche, y llevamos años denunciando la vulneración de derechos humanos que la existencia de estos centros supone. Como miembros de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, compartimos el comunicado lanzado como respuesta a esta circular. RESPUESTA A LA CIRCULAR 6/2014 sobre criterios para solicitar el ingreso de ciudadanos extranjeros en los centros de internamiento El ingreso en los CIE, desde su creación, se contemplaba como una medida cautelar a efectos de garantizar la expulsión de las personas que se encuentran en situación administrativa irregular. Si bien consideramos que el internamiento se trata de una medida desproporcionada para el fin perseguido, entendemos la emisión de esta Circular como una mera operación de maquillaje: La Circular simplemente vuelve a dejar por escrito lo que debería haberse cumplido durante todo este tiempo. La jurisprudencia constitucional* ya configuró el internamiento como medida excepcional en 1987 y si no se ha cumplido la legalidad hasta ahora no ha sido por falta de una Circular, sino por una absoluta falta de voluntad política e interés en el respeto de los derechos humanos de las personas migradas. La emisión de esta Circular supone, por lo tanto, una autoinculpación en toda regla, el reconocimiento de que hasta ahora no se ha cumplido esta legalidad. La Circular explicita cómo durante años se ha internado a personas que de acuerdo con la ley serían no expulsables; mujeres embarazadas, personas enfermas, personas con cuyo país de origen el Estado español no tiene acuerdos de repatriación, personas que pudieran encontrarse en situación de solicitar asilo, personas con hijos, etc. Así, la Circular reconoce que en los 29 años de vigencia de la LOEX miles y miles de personas han sido capturadas e internadas de forma ilegal e ilegítima, aún sabiendo que no iban a ser expulsadas. En otros casos, han terminado siendo expulsadas por un entramado burocrático sordo y ciego a la violación de derechos que produce con su actividad. Los argumentos que motivan la Circular responden exclusivamente a criterios de eficiencia y no a una voluntad real de ampliar las garantías en los procedimientos de internamiento y expulsión reduciendo las situaciones de sufrimiento que suponen. Por un lado se refiere al excesivo número de peticiones de internamiento por parte de la policía que resultan inviables, reconociendo la discrecionalidad imperante hasta ahora en su actuación. Por otro lado, apela a los medios limitados con los que cuentan los centros, constatando que el único criterio de fondo es «aumentar la eficiencia” del internamiento para agilizar las expulsiones forzosas del Estado Español. Los Centros de Internamiento para Extranjeros no pueden ser pensados fuera de un entramado de frontera que actúa como un mecanismo represivo. Para llenar los CIE se realizan redadas racistas, para que los CIE se vacíen se utilizan contratos millonarios con compañías aéreas como Air Europa y Swift Air. Resulta sorprendente que la Circular no de cuenta de en qué situaciones y de qué forma esas personas son identificadas y detenidas. La Campaña Estatal por el Cierre de los CIE ha denunciado en el libro “Paremos los vuelos: las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa” cómo las redadas por perfil racial conviven con redadas específicas por nacionalidad días antes a los vuelos programados por la Comisaría General de Fronteras. Las redadas no sólo han continuado sino que han mutado a pesar de todas las circulares emitidas. Todas estas comunicaciones que se “filtran” buscan legitimar unas prácticas policiales que han sido duramente cuestionadas por la sociedad civil. Resultan a la práctica una forma de blindarse ante las críticas apelando a leyes que no sólo no se estarían cumpliendo sino que son muy cuestionables desde el punto del derecho internacional vigente y el respeto a la dignidad de las personas. Finalmente, entendemos que las delcaraciones de la DGP sobre supuestos avances hacia modelos de actuación policial menos arbitrarios y más garantistas se están produciendo por la acción, la denuncia y las críticas vertidas desde las diversas organizaciones sociales. Todo ello en un contexto de pérdida de legitimidad de las redadas, los CIE y las deportaciones. Una trasformación que hay que emmarcar en un proceso irreversible que culminará con el cierre de los CIEs, ya que el único camino para el respeto de los derechos de las personas es su cierre inmediato. Exigimos al Gobierno y al Ministerio del Interior un reconocimiento explícito a fin de reparar activa y efectivamente a todas las personas internadas de manera ilegal e injusta, y cuyos derechos no han sido respetados. Un reconocimiento a la memoria de todas las personas muertas en los CIEs: de Mohamed Abagui, de Idrissa Diallo, de Samba Martine, de Alik Manukyan, y de tantas otras para las que el internamiento o la deportación supuso la ruptura de sus proyectos de vida, y los de de sus familias y amigos. _______________________ *La Sentencia del Tribunal Constitucional del 12 de enero de 1987 ha mantenido que este caracter excepcional exige la aplicación del criterio hermenéutico del favor libertatis, el que supone que la libertad deberá ser respetada excepto si se estima indispensable la pérdida de libertad del extranjero por razón de cautela o de prevención, que deberá ser valorada por el órgano judicial. Más información en: http://cerremosloscies.wordpress.com/ http://tanquemelscies.blogspot.com.es/ http://ciesno.wordpress.com/
Comunicado de la Federación Estatal de SOS Racismo con motivo del hundimiento de un barco en la costa de Lampedusa
200 personas muertas y alrededor de 150 desaparecidas. En estos momentos es la estimación que se baraja sobre la catástrofe de Lampedusa. Estimación que irá subiendo según pasen las horas. Cientos de personas muertas. Cientos de personas a las que se les ha negado el auxilio en alta mar. Nos preguntamos cuántas personas han de morir para que la Unión Europea asuma sus responsabilidades en esta sangría y abra los ojos a una realidad que no tiene visos de cambiar en un futuro próximo. Hay personas que arriesgan sus vidas en busca de un futuro mejor y quieren llegar a Europa. Negar esta realidad poniendo puertas al Mediterráneo para convertirlo en un cementerio no hace sino aumentar la tragedia que implica esta inmigración desesperada. La Federación Estatal de SOS Racismo pide a los gobiernos de la Unión Europea una reflexión urgente sobre el coste humano que está generando la actual política migratoria y que se abra una investigación para esclarecer los hechos que han provocado el hundimiento de este barco en las costas de Lampedusa. Al hilo de esta última cuestión deseamos denunciar la hipocresía con la que se intenta justificar la falta de auxilio prestado con la excusa de que en Italia la ayuda a la inmigración irregular está castigada penalmente. Los más elementales principios del derecho marítimo obligan a prestar ayuda a cualquier embarcación a la deriva y cualquier excepción a esta regla supone situar el debate de la inmigración irregular en un grado de deshumanización que debería hacernos reflexionar a todas y todos. Donostia San Sebastian 4 de octubre de 2013.
Informe Anual 2013 sobre el racismo en el estado español
El pasado jueves 19 de septiembre, SOS Racismo Madrid presentó en la librería Traficantes de Sueños, el 17º Informe Anual sobre el racismo en el estado español. Desde 1995, la Federación de Asociaciones de SOS Racismo del estado español viene analizando la situación del racismo y la xenofobia en España y en Europa mostrando las diferentes tipologías y espacios donde se manifiesta: políticas de extranjería y asilo, ascenso de la ultraderecha, discriminación en el trabajo, acceso a la vivienda, a la educación, abusos de cuerpos policiales o agresiones racistas. Estas y otras cuestiones se analizaron en la decimo séptima edición del Informe Anual. – Ante los recortes en materia sanitaria producidos con la aprobación del Real Decreto ley de 6/2012, de 20 de abril, PROPUESTA: 1) Impulsar una declaración institucional que establezca el derecho a la atención sanitaria como un derecho fundamental de carácter universal que abarca a todos los ciudadanos y ciudadanas del estado español al margen de su situación administrativa de residencia. – Ante los sucesos ocurridos el pasado mes de diciembre de 2012 con la colisión entre una patera y una patrullera en Lanzarote. PROPUESTA: 1) Crear una comisión de investigación en el parlamento para esclarecer lo ocurrido. 2) El retorno a España de los supervivientes del accidente que fueron devueltos a Marruecos. – Ante el aumento de opiniones contrarias al fenómeno migratorio y el aumento del racismo social en el acceso a servicios y locales públicos, discriminación laboral, educación y vivienda. PROPUESTA: 1) Aprobar cuanto antes una ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. 2) Establecer medidas para combatir el racismo en elámbito institucional. – Exigir, una vez más, que se recojan estadísticas sobre delitos de odio y delitos en los que se aprecia la agravante de racismo. Los abusos policiales son una realidad en aumento que no puede permanecer oculta por más tiempo. PROPUESTA: 1) Aumentar el número de Fiscalías especializadas en delitos de odio y discriminación. 2) Evitar que de manera sistemática se interpongan denuncias por atentado a la autoridad a quien denuncia un caso de abuso policial. Aquí podéis leer completo el 17º Informe Anual sobre el racismo en España
17º Informe anual sobre el racismo en el estado español
El próximo 19 de septiembre la Federación Estatal de SOS Racismo y la librería Traficantes de Sueños presentamos el «17º Informe Anual sobre el racismo en el estado español». Estáis todos invitados al acto, que será a las 11 horas en la calle Embajadores nº 35, en el local 6. ¡No os lo perdáis!
Manifiesto 21 de Marzo 2013 – Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial
“El racismo Institucional impone fronteras en la convivencia” ¿Cómo te sentirías si la policía te pide la documentación cuando vas a recoger a tus hijos o hijas al colegio, delante del resto de madres y padres? No porque hayas cometido ningún delito, sino simplemente por tu aspecto físico, tu color de piel, tu manera de vestir. ¿Cómo te sentirías si, al no poder presentar tu documentación en regla, te llevaran a un Centro de Internamiento de Extranjeros donde pueden encerrarte hasta 60 días, en condiciones peores que una cárcel, mientras se tramita tu expulsión del país? ¿Cómo te sentirías si tus vecinos y vecinas, que ven como repetidamente la policía te aborda por la calle, desconfían de ti y piensan que eres un delincuente?, o que les estás quitando el trabajo, o que abusas de los servicios sociales, cada día más escasos? ¿Cómo te sentirías si enfermas y en el centro de salud no te atienden porque te han retirado la tarjeta sanitaria y no tienes forma de tramitarla? ¿O si no puedes reclamar contra la administración que te deniega el permiso de residencia porque las tasas judiciales tienen un precio que no puedes costear? Casi 50 años después de que Naciones Unidas declarase el 21 de Marzo Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, muchas personas sufren diariamente situaciones como esas. Situaciones que derivan de unas políticas y leyes que vulneran derechos humanos fundamentales y que levantan muros en la convivencia de nuestros pueblos, barrios y ciudades. En su reciente visita a España, el relator especial de Naciones Unidas sobre racismo, discriminación racial y xenofobia, manifestó un retroceso en los derechos humanos de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, especialmente migrantes y solicitantes de asilo, a quienes se estigmatiza desde ciertos ámbitos políticos y mediáticos, acusándoles de ser la causa de la difícil situación económica y social del país. Numerosas asociaciones y colectivos de migrantes están denunciando que en algunos barrios de Madrid aumentan los prejuicios y estereotipos, la desconfianza y la hostilidad de parte de la población autóctona hacia sus vecinos y vecinas llegados de otros países. Esto es la base para que surja un racismo social contra el que expresamos nuestra alerta y rechazo. La actual crisis económica no sólo ha servido como excusa para recortar los recursos sociales, sino también para poner en marcha medidas excluyentes y discriminatorias que afectan especialmente a la población migrante y transmiten la idea de que son los culpables de la dura situación actual, afectando negativamente a la convivencia y la cohesión social en los barrios. Desde hace siete meses, hemos visto como se excluye a cientos de miles de personas de su derecho a la salud, al privarles de tarjeta sanitaria por su situación administrativa irregular. Cada día, en las calles, estaciones de metro y cercanías, y hasta en la puerta de los colegios, observamos como la policía realiza controles de identidad basados en criterios étnicos (color de piel, rasgos físicos, etc.), las llamadas “redadas policiales”. Muchas de esas personas identificadas, sin un permiso de residencia vigente, terminan encerradas en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), sin haber cometido ningún delito, hasta 60 días, en condiciones deplorables. En muchos casos son expulsadas rompiéndoles su vida personal y familiar. El nuevo Código Penal que se está tramitando amenaza con penalizar la solidaridad/ hospitalidad con esas personas, castigando (incluso con penas de cárcel) a las organizaciones o personas que les proporcionen cobijo, alimento o apoyo para que no sean expulsados. Amenaza con criminalizar a los defensores de derechos humanos que vigilan y denuncian prácticas racistas, acusándoles de obstaculizar la tarea policial. Y criminaliza aún más a los propios migrantes, sobre todo a los “sin papeles” al proponer de nuevo la cárcel para quienes sobreviven vendiendo en el “top manta”. El recorte radical de los recursos sociales (en educación, sanidad, dependencia…) fomenta la competencia por los mismos entre los sectores de población más vulnerables, y esta es una de las causas de ese aumento de la desconfianza y la hostilidad hacia las personas de origen extranjero. Además, hay otros factores como las políticas excluyentes, las prácticas discriminatorias y los discursos xenófobos por parte de políticos y funcionarios públicos que se están dando en Europa y en España, que son manifestaciones de un racismo institucional en aumento. Por ello, las organizaciones y colectivos firmantes nos reunimos hoy, 21 de Marzo, bajo el lema «El racismo institucional impone fronteras en la convivencia» para expresar nuestro rechazo ante todas aquellas acciones, conductas o actitudes que tengan por objeto la discriminación o exclusión de personas pertenecientes a otras etnias y culturas. Con ello, queremos unir nuestras voces y esfuerzos para convertir Madrid en una ciudad más solidaria. Y con ellas todos los pueblos y ciudades. Levantamos un ‘muro’ simbólico con los ‘ladrillos’ que dificultan la convivencia. Ladrillos como la restricción en la atención sanitaria, las redadas de carácter racista, los CIE’s, la subida de las tasas judiciales, la falta de protección a las personas refugiadas, la segregación de minorías étnicas, o la desprotección ante hechos discriminatorios. Pero también lanzamos un mensaje positivo, un mensaje que recoge las múltiples experiencias solidarias que se dan entre población autóctona y extranjera: la lucha llevada a cabo desde las asociaciones ciudadanas contra las redadas o los desahucios, la acción conjunta por la educación y la sanidad públicas, por crear espacios comunes donde se dé una convivencia real, profesionales sanitarios que objetan porque creen en la universalidad del derecho a la salud, docentes que desde las aulas educan en la diversidad… En definitiva, experiencias solidarias y ejemplos positivos de integración que, muchas veces, se invisibilizan desde los medios de comunicación y los actores políticos. Queremos alzar nuestra voz para ayudar a la creación de ‘puentes’ que unan a las personas, y hagan de Madrid, de España y de Europa, un espacio más solidario y donde sea un hecho que todos los seres humanos (hombres y mujeres) nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. ¡PUENTES, NO MUROS!
Comunicado: El Tribunal Supremo resuelve la demanda presentada por Andalucía Acoge, SOS Racismo y APDHA contra el reglamento de extranjería
19 de marzo de 2013 El Tribunal Supremo ha dictado sentencia estimando parte de los argumentos presentados por ANDALUCÍA ACOGE, SOS RACISMO y APDH-A (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía) contra el Reglamento de Extranjería Estas entidades valoran positivamente esta sentencia del Tribunal Supremo, en tanto que supone no sólo avalar las reivindicaciones de estos colectivos en el proceso de redacción de este Reglamento, sino también una mejora en el acceso y salvaguarda de los derechos de las personas inmigrantes que residen o tratan de regularizar su situación en nuestro país. En este sentido, la doctrina sentada por el Tribunal en su sentencia supone que: 1. Los consulados y embajadas españoles no podrán inadmitir las solicitudes presentadas en el extranjero para varios tipos de autorizaciones (para estudios, voluntariado, cuenta propia, residencia no lucrativa, entre otras). Este apartado implica en la práctica una mayor seguridad para los extranjeros solicitantes dado que sus solicitudes se resolverán únicamente por las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, evitando posibles arbitrariedades. 2. Se reconoce la ilegalidad de exigir la comparecencia personal de la persona extranjera que solicite una autorización de residencia por circunstancias excepcionales. Este posicionamiento del Tribunal supone que no se imponga una carga burocrática e innecesaria a los solicitantes de este tipo de autorización (y de cualquier otro). 3. El Supremo establece que es necesario comunicar (notificar) a la persona extranjera la denegación de la solicitud de autorización, en lugar de hacerse efectiva sólo al empleador/empresario. 4. El Tribunal reconoce expresamente que se podrán dejar sin efecto (revocar) las órdenes de expulsión ya ejecutadas, y no solo las todavía no ejecutadas que menciona el Reglamento. Revocaciones que las entidades promotoras de este recurso reclaman que, como indica la propia sentencia, se realice de oficio por la propia Administración, cuando se cumplan los requisitos para obtener una autorización por circunstancias excepcionales. Por otro lado, las entidades promotoras lamentan que el Tribunal haya desestimado otras peticiones que hubiesen tenido un gran impacto en la vida de muchas personas extranjeras, como la referida a la ilegalidad del requisito de cotización mínima exigible para las renovaciones de autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta ajena; o al cómputo de la prescripción de las prohibiciones de entrada impuestas junto con las Devoluciones, asunto éste que afecta a todas aquellas personas que entraron en cayucos y pateras Andalucía Acoge, SOS Racismo y APDHA se congratulan del contenido de esta sentencia que ratifica parte de las tesis de estas entidades en su esfuerzo por defender los derechos de las personas extranjeras, en especial de las que se encuentran en situación administrativa irregular o que pueden devenir a dicho estado, reforzando las garantías jurídicas que deben regir los procedimientos de Extranjería. Y emplazan al Gobierno español a la aplicación inmediata de esta sentencia. En estos momentos nos acordamos de D. Iñaki Almandoz, jurista y defensor de los derechos de las personas inmigrantes; D. Juan Antonio Carrillo Salcedo, Catedrático de Dª Internacional y juez del TEDH; D. Nacho de la Mata, jurista y defensor de los derechos de los menores extranjeros. Todos ellos recientemente fallecidos. Sin personas como ellos no sería posible alcanzar este tipo de logros.
Comunicado SOS Racismo: Un vídeo desmonta la versión oficial sobre el choque de una patrullera contra una patera
El pasado día 13 de diciembre de 2012 una patrullera de la Guardia Civil embistió a una patera con el resultado de un inmigrante ahogado, otros siete desaparecidos y 17 rescatados del agua que fueron posteriormente detenidos. En relación a este suceso, la Cadena SER ha difundido un video del Sistema de Vigilancia SIVE que aporta más confusión si cabe a las distintas versiones contradictorias sobre estos hechos. Las imágenes mostradas en este vídeo resultan de una gravedad extrema y merecen ser explicadas de manera urgente por los responsables de la Patrullera Río Cabaleiro. A la vista de este vídeo, que obra en poder del Ministerio de Interior desde el primer día, entendemos que sus versiones contradictorias solo se entienden como maniobras de dilación y ocultamiento de los hechos. Por todo ello, desde la Federación estatal de SOS RACISMO: 1º Denunciamos una vez más las expulsiones de las personas que fueron rescatadas tras este incidente con el único motivo (tras visionar el video) de evitar testigos de estos hechos. 2º Exigimos la comparecencia urgente del Ministro del Interior ante el Congreso para que explique estos hechos. 3º A expensas del resultado de la instrucción judicial que se está llevando a cabo y de las explicaciones que deban darse sobre lo ocurrido, las organizaciones firmantes responsabilizamos al Ministerio del Interior de la muerte y desaparición de ocho personas en aguas de la costa canaria. Un menor fue herido en la embestida, causándole fractura craneal por la que estuvo en el hospital más de un mes. Al darle de alta lo internaron en un Centro de Internamiento durante 21 días para tratar de expulsarlo. Tras ser reconocido como menor de edad, se ha querellado por prevaricación contra la Fiscal de Extranjería de Las Palmas. La semana pasada, la política de extranjería se cobraba otras vidas en el estrecho La muerte de cuatro personas (dos desaparecidos), una de ellas tripulante del ferry que quiso socorrerles, nos muestra de nuevo las dos caras de la inmigración clandestina. Por un lado la cara de una España y una Europa cerrada a cal y canto, enrocada en sus miedos, que eleva una fortaleza en sus fronteras y subcontrata a países violadores de los derechos humanos para controlarlas. Una España y una Europa que, con sus países gendarmes como Marruecos, son responsables de todas estas muertes. Su política ha provocado que durante el año 2012 murieran 225 personas intentado llegar a nuestro país, a los que habrá que sumar cuantos perdieran la vida en el anonimato, sin que nadie fuera testigo de ello. Y, desgraciadamente, tantos otros precedentes… Condenan a España por la muerte de un senegalés a quien pincharon el flotador La OTAN ignoró una patera libia en la que murieron 63 náufragos