La madrugada del 4 de septiembre de 2012, el Gobierno de España expulsó y puso en manos de las autoridades de Marruecos a 73 personas de origen subsahariano que habían tomado la deshabitada isla de Tierra, de soberanía española pero a 50 metros de la costa marroquí.
Un año y un mes después, Emmanuelle Mahop y Denis Hiondi, dos cameruneses que formaban parte de ese grupo, han demandado al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Consideran que fue una expulsión colectiva «expresamente prohibida por el convenio europeo de derechos humanos» hacia un país «donde se violan sistemáticamente los derechos humanos».
SOS Racismo y otras cinco ONGs apoyan el texto de 23 páginas presentado en Estrasburgo.