El pasado viernes 5 de diciembre presentamos el Informe anual 2014 del racismo en el estado español. La presentación corrió a cargo de Mikel Mazkiaran, secretario de la federación estatal de SOS Racismo.
Descárgate el informe completo aquí
Las 7 Oficinas de Información y Denuncia de la Federación estatal han recogido durante 2013 un total 397 denuncias por racismo y discriminación, destacando tres ámbitos:
Racismo institucional
Denegación en el acceso servicios públicos y privados (acceso a locales de ocio, sanidad, educación, vivienda).
Abusos de las fuerzas de seguridad del estado y seguridad privada.
El Informe Anual analiza la política europea en materia de inmigración y asilo, la situación de doble discriminación que padecen las mujeres y los menores extranjeros no acompañados, el Pueblo gitano y el ascenso de la ultraderechas y el populismo en Europa.
Las denuncias recogidas son una muestra del racismo y la discriminación y no pueden interpretarse como una estadística completa y rigurosa del racismo en este país. Esta labor le corresponde al Gobierno. Una vez más denunciamos la falta de estadísticas oficiales sobre esta cuestión. En 2013 el Ministerio del Interior ha facilitado datos sobre delitos de odio contabilizando un total de 1.117 incidentes, correspondiendo 387 al ámbito de la discriminación y el racismo. Estos datos no ofrecen una información completa al no tratarse únicamente de denuncias ante la policía o los juzgados y desconocerse el recorrido de las mismas. Según informes europeos entre 60-80% de los casos de discriminación no se denuncian. En consecuencia seguimos sin saber cuál es la fotografía real de la discriminación en este país.
Valoramos positivamente la creación de fiscales de sala en las 50 provincias especializados en temas de discriminación. Sin embargo, sigue faltando la herramienta normativa que facilite el trabajo de investigación de estos fiscales. Reclamamos una vez más la necesidad de contar con una ley contra la discriminación que sirva para luchar de manera efectiva contra los delitos de odio.
El panorama europeo dibuja un escenario de ascenso de partidos populistas y/o de ultraderecha que tienen la inmigración como eje central de su discurso. Esto trae como consecuencia que algunos gobiernos (Inglaterra o Alemania) propongan medidas contra la ciudadanía europea muy similares a las que se proponen para las personas inmigrantes venidas de fuera de la Unión Europea. Advertimos de las graves consecuencias que estas políticas pueden acarrear a la hora de afectar a los pilares básicos de la UE como son la libertad de circulación para los y las trabajadoras y la ciudadanía europea en general.
En cuanto al ámbito estatal, el Gobierno debería dar un paso en la gestión de la inmigración y no centrarse en exclusiva en el control de la llegada de inmigrantes en la frontera sur y en especial en la valla de Melilla. De no hacerlo así, se corre el grave riesgo de que generaciones de jóvenes descendientes de inmigrantes tengan dificultades para canalizar el rechazo de la sociedad mayoritaria. Los sucesos recurrentes en los suburbios de ciudades en países europeos como Francia o Estocolmo, demuestran que las políticas migratorias centradas principalmente en el control de fronteras, a la larga no fomentan ni favorecen la cohesión y convivencia social.
Por lo tanto y en un momento en que la llegada de personas inmigrantes ha descendido, el gobierno tiene una buena oportunidad para gestionar la inmigración como elemento estructural de la sociedad. Ha de tomarse en serio la discriminación que padece parte de la ciudadanía, si realmente persigue el objetivo de promover una sociedad sana y democrática.
[gview file=»http://www.sosracismomadrid.es/web/wp-content/uploads/2014/12/Resumen-Ejecutivo-Castellano.pdf»]