Una mesa redonda con la participación de SOS Racismo analizó el daño causado por el RDL 16/2012 que limita la asistencia sanitaria a las personas en situación irregular
La exclusión sanitaria genera consecuencias terribles para toda la sociedad, además de para las personas que se ven directamente afectadas. Este fue el hilo de la mesa redonda celebrada en el Centro Cultural la Alhóndiga de Getafe bajo el título ‘La exclusión sanitaria: el caso de Alpha Pam’. El acto, en el que participó SOS Racismo junto con otros colectivos, fue acompañado de la proyección del documental ‘Muerte accidental de un inmigrante’ y sirvió para generar debate en torno a una idea: cómo los recortes sanitarios aplicados sobre una de las partes más vulnerables de la sociedad, los inmigrantes en situación irregular, han terminado con el derecho a la sanidad universal, algo que concierne a la sociedad en su conjunto.
El Real Decreto Ley 16/2012, llamado “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”, dejó sin tarjeta sanitaria a casi 900.000 personas por hallarse en situación irregular. Su puesta en marcha se tradujo en un caos asistencial en el que cada administración sanitaria autonómica limitó “a su manera” las prestaciones en materia de salud para estas personas y que, en general, supuso que una buena parte de la población dejase de poder acudir al médico.
Según explicaron los ponentes, no se sabe con exactitud cuantas personas pueden haber enfermado o muerto en total como consecuencia de la entrada en vigor de esta ley, ya que no hay estudios oficiales. Sin embargo, hay casos individuales bien documentados. Uno de ellos es el de Alpha Pam, el inmigrante senegalés cuya historia relata ‘Muerte accidental de un inmigrante’ y que en el momento de fallecer de tuberculosis tenía solo 27 años.
El reportaje, dirigido por Pedro de Echave y Javier González, combina la investigación periodística con el trazo humano. El vídeo, que impresionó fuertemente al público asistente al acto, narra el calvario de desatenciones que Pam, un joven que recaló en Mallorca buscando una vida mejor, tuvo que sufrir hasta acabar encontrando una muerte tan absurda como evitable. Tras su proyección tomaron la palabra representantes de distintos colectivos que luchan contra la exclusión sanitaria.
Ester Alía, miembro de SOS Racismo Madrid, explicó que la primera orden que recibieron los centros de salud tras la entrada en vigor del RDL 16/2012 es “no renovar las tarjetas sanitarias” de miles de beneficiarios. A continuación cada centro de salud comenzó a limitar el servicio en mayor o menor medida a aquellos que carecían del documento. Dado que la ley es ambigua, había diferentes formas de actuar entre unos y otros hospitales y ambulatorios. En algunos casos, incluso se negaba la asistencia en supuestos en los que la ley lo garantizaba o se pretendían cobrar facturas abusivas. “Ante estas situaciones de vulneración de derechos surgieron grupos de acompañamiento como ‘Yo sí, sanidad universal’”, explicó Alía.
Alía recordó que, pese a que numerosos ciudadanos que han conseguido recibir su asistencia gracias a la intermediación y asesoramiento de estos grupos de acompañamiento, muchos inmigrantes en situación irregular dejaron de asistir a los centros de salud. Existía y existe el temor a dar sus datos sin tener tarjeta sanitaria conlleve la apertura de un expediente de expulsión.
Consecuencias para toda la sociedad
El resto de los ponentes aportaron más casos de abusos y añadieron la idea de que el RDL 16/2012 no sólo perjudica al colectivo de migrantes “sin papeles”, sino a la sociedad en su conjunto. De dos maneras: añadiendo una excepción a la universalidad de la salud que puede extenderse a otros colectivos y dejando de controlar en su conjunto a las poblaciones en riesgo de sufrir determinadas enfermedades.
“No hay ningún documento desde el gobierno donde se analice cuánto se ha ahorrado con este decreto”, explicó Enrique Revilla, médico de familia del Centro de Salud El Greco de Getafe. Revilla, que forma parte del colectivo de médicos objetores que han contribuido a paliar la situación de los excluidos, sostuvo que, más que contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario, la medida ha servido para lo contrario, ya que ha podido multiplicar los indicadores de determinadas enfermedades, al dejarse de seguir y atender centenares de casos.
Revilla compartió con el resto de los ponentes la certeza de con el RDL 16/2012 el Gobierno de Rajoy no perseguía la mejora del sistema sanitario, sino satisfacer a su electorado. Además tildó la medida de contraria “a la constitución y a los derechos humanos”. “La sanidad deja de ser un derecho con esta ley pasa a convertirse en un privilegio”, apostilló. En la misma línea, Javier Jiménez, miembro del colectivo ‘Yo sí, sanidad universal’, recalcó que no estamos ante un simple cambio normativo, “sino a todo un cambio de modelo que permite estirar o encoger el número de beneficiarios en función del momento electoral”. La idea es que, una vez abolida la universalidad de la sanidad es mucho más fácil añadir colectivos a la lista de excluidos y a los inmigrantes en situación irregular les pueden seguir los desempleados o las personas que no cotizan.
Según señaló Revilla, en la actualidad, tras tres años de la aprobación del RDL 16/2012 se está volviendo a atender a los excluidos. Sin embargo esta situación es de “provisionalidad” y ligada al “momento político”, por lo que el facultativo se sumó al resto de los ponentes en exigir la inmediata derogación del Real Decreto.