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Presentamos el Informe CIE 2015 «Fronteras en los barrios»

Hoy se ha presentado el Informe CIE 2015 de SOS Racismo Madrid, «Fronteras en los barrios». El informe es fruto de las 681 visitas que a lo largo de 2015 han hecho 16 activistas de SOS Racismo Madrid a 257 personas internas en el CIE de Aluche. Este trabajo de acompañamiento y fiscalización, que continúa la labor de años anteriores, ha permitido documentar las condiciones inhumanas de internamiento que sufren cientos de personas al año por el mero hecho de estar en situación administrativa irregular, a la espera de que se ejecute su orden de expulsión. El informe hace una descripción de las condiciones de internamiento y sus consecuencias psicosociales, documenta casos de malos tratos y atención deficiente e incide en las situaciones personales de extrema vulnerabilidad que nuestras activistas se encuentran constantemente. En 2015 acompañamos a personas embarazadas, con trastornos de salud mental, con menores a su cargo, víctimas de violencia machista o de trata. 12 personas internas que visitamos declararon ser menores de edad. El informe explica también las dificultades para solicitar asilo dentro del CIE y contextualiza el papel del CIE en los procesos de deportación. Esperamos que el informe contribuya al debate social necesario sobre esta frontera invisible que divide nuestros barrios y que sea un paso más hacia el cierre definitivo de estas cárceles racistas. DESCARGA EL INFORME COMPLETO AQUÍ Resumen ejecutivo El Informe CIE 2015 de SOS Racismo Madrid titulado “Fronteras en los barrios” recoge el trabajo de acompañamiento y fiscalización realizado durante el año 2015 en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. El informe es fruto de las 681 visitas que a lo largo de 2015 han hecho 16 activistas de SOS Racismo Madrid a 257 personas encerradas en el CIE de Aluche. Este trabajo, que continúa la labor de años anteriores, ha permitido documentar las condiciones inhumanas de internamiento que sufren cientos de personas al año. Los CIE son centros de estricto control policial en los que se encierra a personas por el mero hecho de estar en situación administrativa irregular, a la espera de que se ejecute su orden de expulsión. Estos centros están insertos en el entramado de fronteras y deportación por lo que, cuando hablamos de CIE no podemos obviar la existencia de una política migratoria basada en la exclusión y el control de personas. Las identificaciones policiales por perfil étnico -racistas-, los vuelos de deportación, las vallas fronterizas y la denegación de visados se suman a la irregularidad administrativa y un mercado laboral cada vez más cerrado y precarizado que impiden el acceso a derechos de miles de personas. En 2015 acompañamos a 257 personas de 49 nacionalidades distintas siendo la marroquí la más significativa al constituir el primer destino de los vuelos de deportación. El número de personas internas según su nacionalidad en el CIE revela el primer paso del engranaje de deportación: las identificaciones racistas en el espacio público. Tanto los vuelos de deportación como los CIE se llenan de personas mediante esta práctica policial. Se ha podido comprobar como estas identificaciones se intensifican en los días previos a los vuelos de deportación programados. De esta forma, el 30,4% de las personas visitadas habían sido detenidas mediante esta práctica y provenían principalmente de Andalucía y Madrid. En 2015 tan sólo visitamos a 13 mujeres, tendencia que se viene observando en los últimos años y que tiene parte de su explicación en las características estructurales del CIE de Aluche, con 236 plazas para hombres y 44 para mujeres. Hay más hombres encerrados en los diferentes CIE del Estado y esto parece ocurrir también en los vuelos de deportación. ¿Es posible que las mujeres sean menos detenidas por ocupar espacios privados, por moverse en otros circuitos? La estructura social, los roles de género en la división del trabajo y la economía sumergida sitúan a las mujeres a quienes no se permite regularizar su situación administrativa en sectores particularmente precarizados del mercado laboral como el empleo del hogar en régimen interno. El informe también apunta a la situación de las mujeres que, siendo víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación, son reiteradamente internadas en el CIE exponiéndolas a un mayor riesgo y faltando a la protección que se debe garantizar a estas personas. El 33,5% de las personas visitadas llevaba más de 6 años en España, la mayoría de ellas tenía familiares en España y presentaba fuertes indicios de arraigo. Esto evidencia un fallo en las políticas de inclusión y revela el papel de los CIE como mecanismo para la segregación y la ruptura de la vida de las personas. En 2015 hemos tenido constancia del encierro de mujeres embarazadas, personas que sufrían trastornos de salud mental, personas con menores a su cargo, víctimas de violencia machista o de trata. 12 personas internas que visitamos declararon ser menores de edad, incumpliendo el Estado los compromisos adquiridos en la Convención sobre los Derechos de Niños y Niñas así como la propia Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. A esto se suma el hecho de que el 66% de las personas viven fuera de Madrid, en otros puntos del territorio español por lo que, mediante el encierro en CIE son separadas de sus seres queridos, sin posibilidad real de recibir visitas. El informe explica también las múltiples barreras que se imponen en el CIE para solicitar asilo como son la información deficiente respecto a este derecho o el incumplimiento en la tramitación de las solicitudes. Tan sólo 36 personas de las 257 solicitaron asilo y únicamente una de ellas fue admitida a trámite. En el año 2015 hemos detectado una resolución colectiva de internamiento por la que se acordaba el encierro de 40 personas mediante el tratamiento unificado de su caso. Se trata de una práctica inédita y contraria a derecho, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva así como el estudio individualizado de los casos y deshumanizando a las personas. El informe recoge los testimonios de

El Ministerio del Interior reconoce que incumple la legalidad en los centros de internamiento

LA CAMPAÑA POR EL CIERRE DE LOS CIE EXIGE SU CIERRE SIN CONDICIONES COMO ÚNICA FORMA DE RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS. Tras el reconocimiento de Interior sobre el incumplimiento de la legalidad vigente respecto a los centros de internemianto de extranjeros, la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE exige su inmediato cierre y saluda el auto judicial que ha desencadenado el reconocimiento del Ministerio de Interior. «Las necesidades económicas, presupuestarias o de personal nunca pueden ser excusa para someter a las personas a la vulneración de sus derechos fundamentales. Por tanto, el camino es único: el cierre de todos los centros de detención existentes en el territorio del Estado», manifiestan miembros de la plataforma. La respuesta del Ministerio de Interior sobre las inaceptables condiciones de los CIE se ha producido en respuesta al auto de 31 de julio de 2015, emitido por la juez de control del CIE canario de Barranco Seco. A finales del mes de julio, la juez de control del CIE canario emitió un auto en el que ponía de relieve el incumplimiento del Real Decreto 162/2014 de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros, en el centro que tiene designado. En el escrito, la magistrada detalla las reiteradas vulneraciones de derechosque se producen en el CIE y explica que «únicamente se cumplen las previsiones —de la estructura laboral prevista— en lo que se ha podido conformar con personal policial». Por otro lado, destaca que el CIE de Barranco Seco «no dispone ni de locutorios para entrevistas reservadas con abogados ni sala de visitas», así como que se vulnera el derecho a la salud «tanto en la vertiente psíquica como física» pues no existe personal cualificado en el centro, circunstancia que es extrapolable el resto de CIEs existentes en el territorio español. El auto constata que no existe servicio de orientación jurídicani intérpretes y que el sistema de quejas no se cumple. Asimismo, denuncia la situación de discriminación en que se encuentran las mujeres internas, pues «no hay personal policial femenino» y «en los kit de higiene no se incluye material específico de higiene femenina». Dicho auto pide la subsanación inmediata de las vulneraciones, limitaciones y faltas de garantías enumeradas debido a que ya ha transcurrido el plazo previsto de un año para la aplicación del RD 162/201 La respuesta por parte del Ministerio del Interior, a través de sus servicios jurídicos, admite que incumple el reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y concluye que el «auto judicial remitido podría conllevar una decisión de cierre del CIE de Barranco Seco y, dado que la situación denunciada es extrapolable al resto de centros, cabría resoluciones similares». Desde la Campaña estatal por el Cierre de los CIE veníamos alertando que la aprobación del Reglamento de los CIE no era sino una maniobra de lavado de imagen e intento de legitimación al introducir algunos cambios en los centros, sin establecer en ningún caso mecanismos de garantía de derechos . La aprobación del Reglamentorespondió más a un intento de cubrir el vacío legal de los CIE ante el descontento generalizado, que a una voluntad real de garantizar los derechos de las personas internas. Hoy, un año y medio después de su aprobación, constatamos como ni siquiera se está aplicando un Reglamento ya de por sí pírrico en términos de garantías formales de los derechos y, ahora, manifiestamente incumplido por el Ministerio de Interior, como venimos denunciando las organizaciones sociales. Desde la Campaña por el Cierre de los CIE queremos recordar que la privación de libertad por estancia irregular en CIEs confronta con el derecho a la libertad y a la seguridad personales proclamados en el art. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En concreto, la detención en CIEs ha sido denunciada por tratarse de una medida legislativa desproporcionada e incompatible con el art.5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Sin embargo, en España la constitucionalidad del internamiento ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, pero condicionada a una serie de requisitos de excepcionalidad, control jurisdiccional y supuesto carácter no penitenciario de los centros, que no se corresponden a la realidad. Tras este auto y la respuesta del Ministerio de Interior se deduce que no solo los CIE son ilegítimos sino que cada vez más se desarrollan en la más absoluta ilegalidad. De esta forma, cuando el propio Ministerio de Interior reconoce que es incapaz de cumplir un Reglamento y legislación que él mismo ha diseñado, en un Estado de Derecho sólo queda una salida apuntada: el cierre de éstas instalaciones. Afirmamos que estas instituciones son una pieza más dentro del sistema de represión de la migración, y denunciamos el preocupante aumento de las deportaciones exprés (deportaciones realizadas en 72h desde comisaría, sin paso por CIE y en la mayoría de los casos sin asistencia legal), así como el negocio que suponen los vuelos de deportación («vuelos de la vergüenza»), por los que Air Europa se embolsa cantidades millonarias cada año a través de un contrato con el Ministerio. Finalmente, mostramosnuestro profundo rechazo a las políticas migratorias aplicadas por el Estado español con lógicas policiales y de castigo en forma de: redadas racistas, CIE, Vuelos de la Vergüenza o los asesinatos en las fronteras. Por estas razones seguiremos visibilizando y denunciando todas y cada una de las vulneraciones de derechos para construir una sociedad libre de racismo institucional, cuyo primer paso es el cierre de los CIE, de forma irreversible y sin condiciones. *Noticia en eldiario.es DOCUMENTO | Interior admite que incumple la normativa en los CIE y teme que «conlleve su cierre»

Presentado el Informe Anual 2015 sobre racismo en el estado español

Esta mañana la Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español ha presentado en el Casino de la Reina de Madrid el Informe Anual 2015 sobre racismo en el estado español. El Informe recopila 330 denuncias de discriminación racial y xenófoba recogidas a través de las Oficinas de Información y Denuncia (OID) de las asociaciones de SOS Racismo en Asturias, Cataluña, Aragón, Gipuzkoa, Bizkaia, Madrid, Navarra y Galicia. Mikel Mazkiaran, secretario de la Federación, ha destacado que el racismo institucional y los conflictos con las fuerzas de seguridad siguen siendo los tipos de casos más habituales. Además se observa un aumento con respecto a 2013 de las denuncias referidas a discursos del odio y a agresiones racistas. DESCARGA EL INFORME COMPLETO El análisis detallado de los casos lleva a la conclusión de que para que el estado español pueda estar al mismo nivel que el resto de la mayoría de países de la UE en materia de políticas públicas antidiscriminatorias se deben adoptar las siguientes propuestas: Elaboración urgente de una Ley Integral contra la discriminación. Necesaria para dotar a los operadores jurídicos de herramientas eficaces para denunciar los casos de discriminación que se producen tanto en el ámbito público como en el privado. Mikel Mazkiaran ha pedido a todos los partidos políticos que “de cara a las próximas elecciones generales, incluyan en su programa electoral el compromiso de impulsar la aprobación de una Ley Integral contra la discriminación”. Campañas de sensibilización para que las persones que sufren discriminación motivada por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social denuncien ante las autoridades judiciales o administrativas correspondientes estos casos. Según la Agencia Europea de derechos Fundamentales FRA, solo se denuncian un 20% de casos de discriminación. Entre las medidas a adoptar ante la llegada de personas solicitantes de asilo debe contemplarse el ámbito de la sensibilización para evitar actitudes discriminatorias contra las personas refugiadas que pudieran ser acogidas finalmente en nuestro país. Elaboración de datos estadísticos fiables. Para ello es preciso la coordinación entre diferentes administraciones: Ministerio del Interior, Justicia, CC AA, policías autonómicas, etc. Para que la información sea útil en la lucha contra la discriminación se precisan estadísticas cuantitativas y cualitativas. El discurso del odio debe ser una prioridad en la política antidiscriminatoria de las diferentes administraciones. Además de los delitos de odio, las actuaciones discriminatorias contra individuos por su pertenencia a determinados grupos pueden ser llevadas a cabo a través de discursos que incitan al odio. Las redes sociales son el principal mecanismo de propagación de este tipo de discurso pero también lo observamos en declaraciones de algunos representantes políticos. Por todo ello y de cara a las próximas elecciones generales pedimos que todos los partidos políticos se doten de un código ético por el cual se comprometan a no hacer demagogia ni populismo con la inmigración y que se doten de mecanismos que sancionen a quienes incumplan este compromiso. [gview file=»https://www.sosracismomadrid.es/wp-content/uploads/2015/09/Informe-Ejecutivo-castellano.pdf»]

Análisis jurídico: ¿Cómo afecta la Ley Mordaza a los extranjeros?

La Reforma Ley de seguridad ciudadana que llevaba semanas parada en el Congreso ha dado un paso más tras cerrarse ayer martes las enmiendas a la totalidad, con todos los grupos de la oposición en contra y de una amplia mayoría de la ciudadanía. Otra vez el Partido Popular se empeña en sacar una ley en solitario que supone un retroceso en nuestros derechos fundamentales. El próximo jueves 16 de octubre pasará a ser debatida en el Pleno. Desde la Plataforma No Somos Delito, formada por más 70 organizaciones de ciudadanos, activistas y juristas, queremos hacer llegar nuestra preocupación y alerta ante el avance de una ley que atenta gravemente contra el ejercicio de los derechos y libertades civiles de los ciudadanos reconocidos tanto en la Constitución Española como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A partir de hoy, este colectivo se mantiene en estado de alerta y hace un llamamiento a la ciudadanía para oponerse a la aprobación de esta Reforma y pedir al gobierno que la retire. No Somos Delito lleva más de un año denunciando las consecuencias de este Proyecto de Ley que forma parte de un paquete de medidas en trámite parlamentario como la Reforma del Código Penal, la ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, dirigidas a obstaculizar las libertades civiles, castigar la protesta social pacífica y especialmente, las situaciones de pobreza y precariedad. Puedes leer un análisis detallado de la reforma aquí. En SOS Racismo Madrid queremos colaborar a la reflexión crítica sobre esta gravísima reforma con un artículo sobre sus efectos en la población extranjera, que apareció publicado en el último número del boletín Alter. PROYECTO DE LEY ORGANICA DE PROTECCION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA O “LEY MORDAZA” : COMO AFECTA A LOS EXTRANJEROS Por Isabel Elunku El pasado 23 de septiembre de 2014, el ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón, presentó su dimisión de la cartera del gobierno de Mariano Rajoy, y anunció su retirada de la actividad política, como consecuencia de la falta de consenso para sacar adelante su ambicioso Anteproyecto de Ley del Aborto. Un gran triunfo para el movimiento feminista, que ha luchado contra la misma con incesantes movilizaciones en la calle. Sin embargo, tras la retirada del anteproyecto y su posterior dimisión, el ex ministro Gallardón, nos ha dejado “una mochila” repleta de un elenco de reformas y modificaciones legislativas en la administración de justicia. La implantación de la Ley de Tasas, la Reforma del Consejo General de Poder Judicial, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la reforma del Código Penal, la creación del Estatuto de la Victima, entre otras. ¿Cómo enlaza todo esto con el proyecto de ley orgánica de protección de seguridad ciudadana (en adelante Ley de Seguridad Ciudadana) emprendida por el ministro del interior, Jorge Fernández Díaz? Pues bien, el proyecto de reforma del Código penal, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, entra en sintonía con la Ley de Seguridad Ciudadana, como consecuencia de la desaparición del Libro III del Código penal referido a la faltas. Puesto que, sin fundamentación dogmática/práctica alguna, transforma algunas de ellas en los llamados delitos leves y despenaliza otras conductas, que hasta ahora estaban sancionadas penalmente, para pasar a sancionarlas por la vía administrativa. Respecto de la Ley de seguridad Ciudadana, el ministro Jorge Fernández, afirma que es una ley comprometida con los derechos fundamentales y libertades que el ordenamiento jurídico reconoce a los ciudadanos para que la violencia y el vandalismo tengan respuesta legal. Una ley que lucha contra las nuevas amenazas que han surgido a lo largo de los últimos años con las nuevas tecnologías, que garantiza y mejora la convivencia, reduce el margen de discrecionalidad en la imposición de sanciones, da nuevas potestades a la intervención policial, en definitiva, según el ministro se trata de una ley idónea, necesaria y proporcionada que garantiza la seguridad de los ciudadanos. Totalmente lejos de la realidad, se encuentra estas afirmaciones, ya que estamos ante una ley innecesaria, pues la sociedad no demanda más seguridad, una ley ilegitima, cuyo propósito es infundir la política del miedo, la represión y acortar los derechos y libertades fundamentales, y absolutamente desproporcionada, pues agrava las sanciones en su cuantía de forma desorbitada, aumenta las infracciones, así como los plazos de prescripción de las mismas y despenaliza unas conductas que gozaban de las garantías propias del ámbito penal, para llevarlas al terreno administrativo, donde la Administración es Juez y parte (menos garantista), existe más demora resolutiva, se presume la veracidad policial ante la presunción de inocencia de los ciudadanos y para recurrir habría que acudir al sistema de tasa judiciales. Y no acaba aquí la cosa, sino que va más allá, ya que la ley de Seguridad Ciudadana vulnera principios fundamentales como el derecho de manifestación y reunión, el derecho a la libertad de expresión, infringe el principio de legalidad, en cuanto a la claridad y la taxatividad, el de proporcionalidad y el de principio de igualdad; criminaliza la pobreza, la protesta social y atenta contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Después de esta introducción, nos centramos en cómo afectaría la Ley de Seguridad Ciudadana a los ciudadanos extranjeros. Para ello, debemos atender a la LO 4/2000, 11 de Enero sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (en adelante Ley de Extranjería). De la lectura del art. 50 de la misma, se entiende que las infracciones administrativas cometidas por extranjeros se sancionarán ajustándose a la ley administrativa (hasta ahora la LO 1/92 Ley Corcuera), pero si se aprobará la Ley de seguridad ciudadana, habría que atender a la referida. El art. 53. 1 f) de la Ley de Extranjería considera como infracción grave: “La participación por el extranjero en la realización de actividades contrarias al orden público previstas como graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana”. Asimismo, el art. 54. 1 a) considera como infracción

Informe Vulneración de Derechos Humanos en la Frontera Sur – Melilla Julio de 2014

En el marco de las “II Jornadas de Frontera Sur, Melilla y DDHH” organizadas por Asociación Pro Derechos De La Infancia (PRODEIN), una Comisión de observadoras y observadores de derechos humanos -formada por integrantes de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE (a la que pertenece SOS Racismo), de la Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura, del Grupo de Acción Comunitaria y del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona- realizó una visita de observación de derechos humanos en Melilla durante la primera semana de julio de 2014. Fruto de dicha visita se ha elaborado el presente Informe, que pretende sistematizar las vulneraciones de derechos observadas, así como denunciar las graves violaciones de derechos humanos que se producen en la Ciudad Autónoma de Melilla y proponer estrategias jurídicas y políticas que las frenen. Este informe se ciñe a la observación realizada los días 4 al 6 de julio, contextualizado la información respecto la evolución de la problemática en los últimos meses. Lo que se denuncia no son situaciones puntuales o excepcionales, sino que son norma y práctica común en el ciclo de represión de personas y exclusión de derechos que se produce sistemáticamente en la Frontera Sur, paradójicamente amparado por, y muchas veces resultado de la aplicación de las políticas de extranjería y control de fronteras de la Unión Europea, con la colaboración de los países vecinos. Lee aquí el informe completo: [gview file=»https://www.sosracismomadrid.es/wp-content/uploads/2014/07/2014_Informe_CODH_MelillaDDHH_final-libre.pdf»]

Informe Anual 2013 sobre el racismo en el estado español

El pasado jueves 19 de septiembre, SOS Racismo Madrid presentó en la librería Traficantes de Sueños, el 17º Informe Anual sobre el racismo en el estado español. Desde 1995, la Federación de Asociaciones de SOS Racismo del estado español viene analizando la situación del racismo y la xenofobia en España y en Europa mostrando las diferentes tipologías y espacios donde se manifiesta: políticas de extranjería y asilo, ascenso de la ultraderecha, discriminación en el trabajo, acceso a la vivienda, a la educación, abusos de cuerpos policiales o agresiones racistas. Estas y otras cuestiones se analizaron en la decimo séptima edición del Informe Anual. – Ante los recortes en materia sanitaria producidos con la aprobación del Real Decreto ley de 6/2012, de 20 de abril, PROPUESTA: 1) Impulsar una declaración institucional que establezca el derecho a la atención sanitaria como un derecho fundamental de carácter universal que abarca a todos los ciudadanos y ciudadanas del estado español al margen de su situación administrativa de residencia. – Ante los sucesos ocurridos el pasado mes de diciembre de 2012 con la colisión entre una patera y una patrullera en Lanzarote. PROPUESTA: 1) Crear una comisión de investigación en el parlamento para esclarecer lo ocurrido. 2) El retorno a España de los supervivientes del accidente que fueron devueltos a Marruecos. – Ante el aumento de opiniones contrarias al fenómeno migratorio y el aumento del racismo social en el acceso a servicios y locales públicos, discriminación laboral, educación y vivienda. PROPUESTA: 1) Aprobar cuanto antes una ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. 2) Establecer medidas para combatir el racismo en elámbito institucional. – Exigir, una vez más, que se recojan estadísticas sobre delitos de odio y delitos en los que se aprecia la agravante de racismo. Los abusos policiales son una realidad en aumento que no puede permanecer oculta por más tiempo. PROPUESTA: 1) Aumentar el número de Fiscalías especializadas en delitos de odio y discriminación. 2) Evitar que de manera sistemática se interpongan denuncias por atentado a la autoridad a quien denuncia un caso de abuso policial. Aquí podéis leer completo el 17º Informe Anual sobre el racismo en España

SOS Racismo Madrid publica un nuevo Documento Político

En los últimos tres años, desde que SOS Racismo Madrid aprobó su último Documento Político en mayo de 2010, hemos visto una involución en el contexto político y social de España y del conjunto de Europa. La crisis económica, y las políticas con las que se ha afrontado, han supuesto un grave deterioro en las condiciones de vida de la mayoría de la población. Pero esa crisis económica ha dado lugar, además, a otras crisis políticas y sociales, una de cuyas consecuencias más graves es el ascenso de la extrema derecha en muchos lugares de Europa. En este contexto económico, político y social, SOS Racismo ha elaborado un nuevo Documento Político que actualiza nuestro análisis y nuestras líneas de actuación, para que podamos hacer frente a una situación que cada día es más grave y más complicada. Éste es el nuevo Documento Político aprobado en la ultima asamblea general de SOS Racismo Madrid celebrada el pasado 28 de Junio. [gview file=»http://www.sosracismomadrid.es/web/wp-content/uploads/2013/07/Documento…pdf»]