Al menos un interno escapa del CIE de Aluche para evitar su inminente deportación
NOTA DE PRENSA 3 de noviembre de 2016, 21:30 horas AUTORIZADA SU PUBLICACIÓN Veinte personas internas que protestaron en la azotea del centro y sufrieron agresiones como represalia serán deportadas mañana en un ferry con destino a Argelia. Según la información obtenida por activistas de SOS Racismo, al menos un interno ha escapado del centro esta noche para tratar de evitar su deportación Según los testimonios a los que ha tenido acceso SOS Racismo, a última hora de este jueves al menos un interno ha huido del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, donde se hallaba retenido a la espera de ser deportado. Han conseguido escapar tras recibir, junto con otra veintena de compañeros, la notificación de su inminente deportación. Esta tendrá lugar mañana a las 19:00, en un ferry que saldrá de Alicante con destino a Orán (Argelia) de la empresa Romeu & Cía. Esta información ha sido recabada por activistas de SOS Racismo que mantienen contacto directo con las personas internas. Las veinte que serán deportadas mañana participaron o fueron testigos de la protesta del pasado 19 de octubre, cuando ocuparon la terraza del centro durante toda la noche para demandar su puesta en libertad. Entre estas mismas personas que mañana serán expulsadas están las que presuntamente sufrieron agresiones como represalia de las autoridades del centro. Varias asociaciones denunciaron en los juzgados estas agresiones (físicas y verbales) el pasado 21 de octubre y la denuncia está todavía siendo investigada, un hecho de sobra conocido por las autoridades del CIE y por el Ministerio del Interior. Es muy probable que deportar a estas personas imposibilite la correcta investigación de los hechos y facilite el archivo del caso. Según los autos de los juzgados de control de los CIEs, las personas internas deben recibir la notificación de su deportación al menos 12 horas antes de que salga el avión o el barco, sin contar con las horas de sueño. En esta ocasión las autoridades del CIE de Aluche han seguido su política habitual de ceñirse al reglamento, pero informando a las personas internas lo más tarde posible dentro de lo permitido. Así limitan al máximo la posibilidad de recibir asesoramiento legal o de informar a familiares y amigos, y provocan el desasosiego y la desesperación de los afectados.
Deportaciones exprés: una vulneración de garantías mínimas
Son las 9 de una mañana de primavera de 2011. José, boliviano, vuelve de una fiesta con su hermano pequeño; tiene 18 años recién cumplidos. Lleva viviendo –y estudiando– en España casi 10 años, pero en ese momento carece de permiso de residencia. Entrando al metro la policía le pide la documentación y, ante la negativa de él, lo lleva detenido. Ese mismo día recibe una carta de expulsión, un documento que lo convierte en susceptible de ser deportado en cualquier momento. Normalmente, en el momento de recibir la carta, el interesado cuenta con dos meses para presentar un recurso contencioso, pero el documento que recibe José lleva un nombre equivocado, y su abogada le aconseja no tomar ninguna medida debido al error. A partir de entonces comienzan para él cinco años de calvario con múltiples detenciones policiales y un mes en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, tras el cual será puesto de nuevo en libertad. El proceso culmina, finalmente, con su abrupta deportación en noviembre de 2015, ejecutada en menos de 24 horas. “Fue un miércoles. Mi hijo me llamó desde el aeropuerto, llorando, diciéndome que se lo llevaban. Esa noche había llamado a su novia a las tres de la mañana”, relata Teresa, su madre. Lo habían detenido al salir del metro la tarde anterior. Él volvía de trabajar, llevaba solo una mochila y 300 euros que había cobrado ese día. “El avión lo llevó a Santa Cruz, donde no tenemos familia. Estuvo allí tirado todo el día, y por la noche pudo irse a Sucre, donde viven mi hermana y su padre. Mi hermana me contó que José tenía moretones en los brazos y en la espalda”. Teresa acudió a la comisaría para reclamar. “Les dije que por lo menos podrían haberme avisado, pero me contestaron que él quería irse, que había firmado el papel. Pero mi hijo me contó que eso era mentira: lo habían llevado dos policías y le habían dicho que si se amotinaba no sabrían qué pasaría. Le dieron golpes, lo cogieron durísimo”. José tenía cita para casarse con su novia dos meses después, en diciembre. Su hija, de nacionalidad española, cumplirá seis años en agosto. Los nombres han sido modificados para proteger el anonimato de la familia. Pero la historia de José es real: él sufrió lo que se conoce como una deportación exprés. Según la legislación española de extranjería, una persona que ya haya recibido una orden de expulsión puede ser deportada a las 72 horas de ser detenida, sin necesidad de comparecer ante un juez y pasando esas noches en la comisaría. Una directiva europea (la 2008/115/CE) avala que los Estados miembros priven de libertad a una persona sin papeles hasta 18 meses, con vistas a expulsarla. Según un informe de Pueblos Unidos publicado en 2015 esta práctica, aunque no es ilegal, suele vulnerar todas las garantías jurídicas del detenido. La campaña estatal Stop Deportación denuncia que el Estado español fleta más de cien vuelos al año con el fin de deportar a migrantes sin papeles. El Estado utiliza dos tipos de vuelos para expulsar migrantes: aviones especiales para llenarlos exclusivamente de personas deportadas, o billetes individuales en viajes comerciales, en los que los expulsados comparten pasaje con turistas y otros viajeros voluntarios, habitualmente sentados al fondo y de forma discreta. El pasado mayo las empresas Air Europa y Swift Air, ambas pertenecientes al grupo Globalia, renovaron por tercera vez el contrato de vuelos especiales con el Ministerio del Interior que les permite alquilar aviones enteros al Estado para deportar a personas sin papeles. Según la Campaña por el Cierre de los CIE, la proporción de vuelos fletados al año es de unos 100 a Marruecos, de Swift Air, y otros 40 de Air Europa a América Latina, África subsahariana, Europa del Este o Asia. Existen pocos datos públicos acerca de esta práctica, pero se sabe que durante 2013 la policía ejecutó 6.462 deportaciones exprés frente a las 4.726 que realizó desde los centros de internamiento. Las cifras de Eurostat indican que el número de detenidos por no tener papeles en la Unión Europea subió un 46% entre 2013 y 2014, periodo en que se privó de libertad a 626.000 personas. Francisco Solans, portavoz de la subcomisión de extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, ilustró en 2015 una de las fórmulas utilizadas para detener a migrantes en los días previos a un vuelo programado: citarlos en comisaría “para asuntos de interés o porque tienen que ver unos papeles. Él acude confiado y con lo puesto y le dicen que se queda allí, al día siguiente está el vuelo preparado. Parar eso requiere una tarea ímproba de su abogado”. En el caso de José, éste ni siquiera tuvo la oportunidad de llamar a su letrada. Por Laura Rivas (Comisión CIE’s – SOS Racismo Madrid)
Comunicado de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE: deportación «exprés»
El Gobierno quiere deportar de “forma exprés” a un ciudadano mexicano, vecino de Tetuán desde 2007 y con un precontrato de trabajo que iba a comenzar en los próximos días En la noche del martes, Juan Gabriel, ciudadano de origen mexicano que residía en el Estado español desde el año 2007, fue detenido tras saltarse un semáforo en rojo en bicicleta por dos policías municipales, que tras comprobar que se encontraba en situación administrativa irregular procedieron a su traslado a la Brigada Policial de Extranjería, situada en Aluche, dónde ha permanecido desde ese momento hasta esta misma mañana, antes de ser conducido al aeropuerto de Barajas para ser deportado. Sus vecinos y amigos del barrio de Tetuán en el que vivía llevan desde el martes en una carrera contrarreloj por evitar su deportación. Juanga es una persona conocida y querida en el barrio del que forma parte activa. Tanto es así que en pocas horas habían reunido casi un centenar de firmas para presentar en el Consulado y pedir la paralización de su expulsión. Muy querido entre la comunidad de bicimensajeros que éstos días lanzaban tweets de apoyo, Juan Gabriel tenía un precontrato con una conocida empresa de mensajería de la capital, a la que pensaba incorporarse próximamente. La deportación de Juan Gabriel “rompe con todas sus ilusiones, dejando atrás amigos y relaciones de más de 8 años, y todo en menos de 72 horas” expresaba una de sus amigas esta mañana. Desde Stop deportación (Campaña estatal por el cierre de los CIE) recuerdan que cómo han denunciado en diferentes ocasiones, cada vez que el gobierno fleta un vuelo de deportación masiva se suceden historias como la de Juan Gabriel. “Hace unos meses era Moudou, Eljhadi o Sandra y hoy es Juan Gabriel, en unos días pasas de estar viviendo con su familia y realizando su proyecto vital a ser deportado de manera forzosa a un país que dejaste hace años” indica una portavoz de la Campaña. Recuerdan que en el caso de las deportaciones express, que comenzaron a ser habituales en el Estado español en los años 2013 y 2014, se trata de deportaciones que pueden cursarse directamente a través de las comisarías, sin necesidad de que la persona migrante pase por un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), y que en muchas ocasiones , carecen de garantías jurídicas como derecho a un intérprete o a asistencia letrada. Como ya anunciaba la Abogacía española hace un año, nos encontramos ante un cambio de modelo; del internamiento en el CIE y la posterior expulsión, a la expulsión express. Sin embargo lo que no ha cambiado, afirman, es la opacidad con la que se llevan a cabo estos dispositivos. Apenas hay datos sobre deportaciones express, el primer y único dato oficial corresponde al año 2013, cuándo el Gobierno cifró en 6.462 deportaciones desde calabozo, frente a las 4.726 devoluciones que practicó desde los centros de internamiento (en respuesta a una pregunta parlamentaria). Sin embargo los datos de 2014 son un baile de cifras confusas. Por ello desde la Campaña Estatal por el cierre de los CIEs exigen al Gobierno que paralice de manera inmediata la deportación de Juan Gabriel y que deje de realizar vuelos masivos de deportación que no sólo generan indefensión sino que además justifican el aumento de redadas por perfil étnico. E insisten en recordar la importancia de las redes de solidaridad como en el caso de Juan Gabriel y la capacidad de todas las personas para denunciar las redadas por perfil étnico, los vuelos de deportación.