101 personas internas en el CIE de Aluche denuncian vulneraciones de derechos
Ante las situaciones de indefensión, arbitrariedad e incumplimiento del reglamento que se padecen en el CIE de Aluche, un grupo de 101 personas internas han redactado y firmado una queja denunciando ante el juzgado de control los siguientes hechos: Tratos vejatorios y agresiones continuadas que quedan impunes. Deficitaria atención médica, falta de acceso a medicamentos y falta de información con respecto a la medicación administrada. Contra la normativa de los centros de internamiento para extranjeros, se detectan casos de personas con problemas graves de salud mental. Irregularidades en el modo de efectuar las expulsiones, como ausencia de notificaciones o incumplimiento del plazo de aviso de las mismas, y aislamiento injustificado de algunas personas con la consiguiente situación de indefensión. Obstaculización y/o negación del procedimiento de solicitud de protección internacional y asilo. No se respeta el horario de visitas de familiares y allegados y el acceso depende de la arbitrariedad del funcionario encargado de ese turno. Los colectivos y organizaciones abajo firmantes, que realizamos visitas continuadas al CIE de Aluche, apoyamos la denuncia de las personas internas y exigimos el cierre inmediato de todos los CIEs del Estado. Recordamos que los CIEs no son centros de carácter penitenciario, en los que las personas internas se ven privadas de su libertad por encontrarse en situación administrativa irregular. Es imprescindible evitar la arbitrariedad y la impunidad, que se garanticen los Derechos Humanos de las personas internas y que se cumplan el reglamento, los autos judiciales y las recomendaciones del Defensor del Pueblo Mundo en MovimientoSOS Racismo MadridObservatorio de Derechos Humanos Samba MartineAcción en Red MadridPlataforma CIEs NO MadridKaribuPueblos Unidos
Comunicado sobre los incidentes en el CIE de Aluche del 19 de octubre
Tras lo sucedido en el CIE de Aluche el viernes 19 de octubre y las informaciones que fueron divulgadas en las que se hablaba de un intento de fuga, desde SOS Racismo hemos realizado una investigación para esclarecer lo ocurrido y queremos denunciar los siguientes hechos: Protestas por la libertad Desde nuestra organización entendemos que situaciones como la que se dio este viernes en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche son protestas legítimas frente a uno de los elementos más graves del racismo institucional en nuestra sociedad, como son los Centros de Internamiento de Extranjeros. En estos lugares exigir la libertad es la forma de luchar contra el racismo. Agresiones físicas Denunciamos las agresiones físicas y verbales que varios internos nos han relatado y que viene por parte de los efectivos de la Policía Nacional que custodian el CIE de Aluche. Algunas de las personas, cuyo testimonio hemos podido recabar, informan de las agresiones sufridas a diario, que se han intensificado durante el pasado fin de semana. Consideramos estos incidentes como claros casos de maltrato policial y tortura contra personas privadas de libertad, contraviniendo de este modo la normativa nacional e internacional. Prohibiciones y restricciones en las visitas de familiares Desde el momento en el que se informó de los hechos, la dirección del CIE decidió prohibir las visitas de los familiares al CIE, provocando de este modo una situación de incomunicación de graves consecuencias entre las personas internas y sus familiares. Cuando estos últimos han podido realizar las visitas, el trato no ha sido el adecuado, con niños esperando durante varias horas o una flagrante ausencia de información. Dificultades en la labor de las activistas Otra de las consecuencias de las restricciones en las visitas ha sido que las activistas que diariamente denuncian las consecuencias del racismo institucional que se da en los CIE y prestan apoyo a las personas internadas, no han podido realizar con normalidad las labores a acompañamiento, como podemos constatar desde SOS Racismo Madrid. Desde SOS Racismo Madrid hemos procedido a poner los hechos en conocimiento tanto del Juzgado de Control del CIE como del Defensor del Pueblo. De este modo exigimos que se pongan, con la mayor urgencia posible, todos los mecanismos para indagar, rastrear y denunciar las múltiples violaciones de derechos que verificamos, así como evitar las expulsiones de las personas internas agredidas que se encuentran actualmente en el CIE de Aluche, como ha ocurrido en otras ocasiones. Bajo nuestro punto de vista, los Centros de Internamiento de Extranjeros son espacios torturantes, la punta del iceberg de una política de control migratorio racista, que empieza en las fronteras exteriores pasa por nuestras calles y termina en los CIE y en las deportaciones. Por ello, solicitamos al gobierno de Pedro Sánchez el cierre de todos los CIE del Estado español y el respeto a los derechos de las personas migrantes. Porque el único CIE que respeta los derechos humanos es el CIE cerrado.
Mesa-Debate Por qué vamos a cerrar los CIEs
El martes 18 de septiembre tuvo lugar la mesa-debate «Por qué vamos a cerrar los CIEs» (puedes ver el vídeo completo aquí), en la que se presentó el Informe CIE 2014-2017 «Más allá de las fronteras de lo humano» basado en el acompañamiento de SOS Racismo Madrid a 843 personas internas (41 de ellos menores de edad) en el CIE de Aluche entre 2014 y 2017. La mesa estuvo moderada por Paula Guerra, presidenta de SOS Racismo Madrid, y participaron Malick Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid, Dana García, activista de SOS Racismo Madrid y Badara, activista por el cierre de los CIEs. Al comenzar el debate, Paula Guerra presentó el informe (leer aquí) y agradeció a todas las activistas de SOS Racismo Madrid que han contribuido a su redacción. El informe concluye que el nuevo reglamento de funcionamiento de los CIE no ha mejorado sustancialmente la protección de los derechos fundamentales de las personas encerradas en el CIE de Aluche y demuestra que los incumplimientos de la norma son constantes. El informe analiza las consecuencias psicológicas del internamiento y las acciones de protesta y resistencia de las personas internas. En su intervención, Badara, activista por el cierre de los CIEs que ha vivido en España durante 29 años y estuvo encerrado en Aluche durante 43 días, recordó cómo los malos tratos físicos en el CIE eran constantes y cómo él todavía a día de hoy se enfrenta a las secuelas psicológicas del internamiento. «Las personas que salimos del CIE no somos las mismas después de lo vivido dentro«, afirmó. Dana García describió al CIE como un «infierno de sufrimiento, horror y violencia racista» y uno de los muchos «mecanismos de control de las personas migrantes que tiene el Estado para perpetuar el racismo«. El CIE de Aluche es ahora un centro de internamiento de primeras llegadas (sobre todo traslados de la frontera sur) y de residentes del norte de España. El número de residentes de Madrid es más bajo de lo esperable porque muchos son expulsados mediante las deportaciones exprés, realizadas directamente desde comisaria en menos de 72 horas y más difíciles de fiscalizar. Las expulsiones, como recordó Badara, se hacen en condiciones inhumanas y de extrema violencia policial, en muchas ocasiones recurriendo a la sedación. Aunque la mera existencia del CIE es una vulneración de derechos en sí misma, Dana describió cómo la situación del CIE impide el ejercicio de los derechos más básicos: no hay intérpretes, la asistencia sanitaria es deficiente (Dana recordó a Samba Martine y a Mohamed Bouderbala), hay agresiones policiales constantes, aislamiento y desnudos integrales, y se siguen internando menores de edad. Además, durante años la vulneración del derecho de petición de asilo ha sido constante y se tiene constancia de que se han deportado a muchos solicitantes de asilo. Dana destacó la labor del Juzgado de Control número 6 del CIE, cuyo titular fue el juez Ramiro García de Dios, que introdujo varios autos que han intentado reforzar los controles de la situación de internamiento, aunque, como concluye el informe, su incumplimiento es habitual. El CIE de Aluche, la ley de Extranjería y el racismo institucional El CIE es fruto de un sistema racista. Malick Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid, relacionó la existencia de los CIEs con la Ley de Extranjería que los regula y ampara, una ley que «discrimina, criminaliza y segrega y que convierte la migración en un delito» y que condena a la irregularidad y a la exclusión laboral a miles de personas, como los manteros. La Ley de Extranjería hace que la residencia regular («los malditos papeles«, como dijo Malick) sea frágil y dependa de la situación laboral de la persona, muy afectada por la crisis económica y por la discriminación racista en el ámbito laboral. Muchas personas que llevan años viviendo en España, con arraigo social y familiar, acaban en el CIE. Como señaló Badara, él se sentía «bienvenido en España, que formaba parte de la sociedad, pero el Estado trató de expulsarme y desde entonces ya no me siento bienvenido aquí«. El CIE y la Ley de Extranjería no son meros elementos de represión de la inmigración sino que son consecuencia del racismo institucional, concepto que muchos representantes políticos desconocen o se niegan a reconocer. Como explicó Dana, el racismo impregna el sistema y hace que las vidas de las personas extranjeras no importen porque «ni las instituciones ni buena parte de la opinión pública les considera humanos«. La política del Ayuntamiento de Madrid y el CIE de Aluche Aunque el CIE de Aluche depende del Ministerio del Interior, el hecho de que esté en Madrid afecta a la política municipal y el Ayuntamiento de Madrid es también responsable de lo que ocurre en él. Malick fue especialmente crítico con «la hipocresía de los concejales de Ahora Madrid, que acuden a manifestaciones contra el CIE pero es su policía municipal la que acosa a los manteros, algunos de los cuales luego acaban en el CIE como consecuencia de sus denuncias«. También criticó la propuesta que hizo la alcaldesa Manuela Carmena en 2017 de sustituir el CIE por pisos tutelados como alternativa al internamiento, cuando las condiciones son sólo una parte del problema. Para Malick esta falta de compromiso político real, a pesar del apoyo retórico, se debe a que «no les afecta en primera persona» y para ellos el CIE es un problema secundario. Acción colectiva y lucha contra el CIE Todos los ponentes concluyeron sus intervenciones con una llamada a la acción colectiva, para estar a la altura de las protestas que se suceden dentro del CIE, como el grito de libertad y dignidad que decenas de personas lanzaron desde la azotea del CIE en octubre de 2016. Malick insistió en que «la acción social, liderada por las personas racializadas, y la presión sobre las instituciones» es fundamental para lograr que el sistema cambie: es responsabilidad de todas personas que no queremos vivir en una sociedad racista. En ese sentido,
Publicamos el Informe CIE 2014-2017 «Más allá de la frontera de lo humano»
Publicamos el Informe CIE 2014-2017 sobre la situación en el CIE de Aluche. «Más allá de la frontera de lo humano» El informe se basa en el acompañamiento a 843 personas internas en el CIE de Aluche entre 2014 y 2017 El nuevo reglamento de funcionamiento de los CIE no ha mejorado sustancialmente la protección de los derechos fundamentales de las personas encerradas en el CIE de Aluche. Los incumplimientos de la norma son constantes El informe analiza las consecuencias psicológicas del internamiento y las acciones de protesta y resistencia de las personas internas El CIE es una extensión de la Frontera Sur El informe que publicamos este año basado en el trabajo de SOS Racismo Madrid en el CIE de Aluche hace un recorrido desde 2014 hasta 2017. En primer lugar, porque la evolución de los datos a lo largo del tiempo nos permite comprender mejor la compleja política migratoria del Estado español, así como su constante transformación. El segundo motivo ha sido el plantearnos si desde que entró en vigor el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros, en marzo de 2014, la generación de nueva normativa sobre los CIE ha dado lugar a avances en el respeto de los derechos humanos y en la reducción del sufrimiento provocado por estos espacios. DESCARGA EL INFORME Iniciamos el informe con un breve repaso a los movimientos sociales que surgen tras el nacimiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros en 1985 hasta 2014, año en el que aprobó el reglamento por el que se establecen las normas de funcionamiento interno de los CIE (RD 162/2014). En una segunda sección, nos aproximamos a la realidad del CIE de Aluche a través, fundamentalmente, de los datos, estadísticas y cifras obtenidos gracias a las visitas realizadas por activistas de SOS Racismo Madrid, como organización de defensa de los derechos de las personas migrantes, entre los años 2014-2017, periodo en el que se ha acompañado al menos a 843 personas, en muchos casos en varias ocasiones durante su periodo de internamiento, que puede llegar a los 60 días. Posteriormente, miembros de Psicología Sin Fronteras, que desde 2016 realizan una labor específica apoyo psicológico a personas internas en el CIE que visitamos, ofrecen una panorámica sobre las consecuencias psicológicas que el internamiento tiene en las personas afectadas. Las siguientes secciones se centran en poner en contexto tres aspectos que consideramos clave para entender la realidad de los CIEs: quejas y acciones de protesta protagonizadas por las personas internas en el CIE de Aluche que se ha podido llegar a conocer; evolución de la normativa que regula los CIEs; uso creciente del CIE de Aluche, como sucede con otros centros de internamiento, en el contexto de la llegada de personas por mar. De la lectura de este informe y todos los datos que en él se contienen se extrae como conclusión que no se ha observado en el periodo de 2014 a 2017 un cambio sustancial que vaya en pro de los derechos fundamentales de las personas internadas. Los Centros de Internamiento de Extranjeros forman parte de una estructura que construye una sociedad racista que segrega, excluye y genera violencia sobre las personas migrantes. DESCARGA EL RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME Otras noticias recientes sobre el CIE de Aluche: Dos jóvenes rifeños protagonizan una nueva huelga de hambre en el CIE de Aluche SOS Racismo Madrid habla de CIEs en el Congreso Denunciamos ante el CGPJ las autorizaciones colectivas de internamiento en CIE La justicia vuelve a señalar vulneraciones de derechos en el CIE de Aluche Los Juzgados frenan un nuevo intento de restringir el derecho de visitas en el CIE de Aluche
Dos jóvenes rifeños protagonizan una nueva huelga de hambre en el CIE de Aluche
Desde SOS Racismo queremos mostrar nuestro apoyo a las personas rifeñas que actualmente se encuentran privadas de libertad en el CIE de Aluche, en huelga de hambre tras habérsele denegado el acceso a trámite del asilo, así como al colectivo Hirak Madrid que ha denunciado públicamente los hechos. Como relata dicho colectivo en un comunicado “El pasado 21 de mayo de 2018 llegó a las costas de Motril una patera con 11 jóvenes originarios de la zona del Rif. Tras ponerlos a disposición judicial, devolvieron a 4 de ellos a Marruecos, y a otros 7 los trasladaron al CIE de Madrid. Desde el día 24 de mayo aproximadamente se encuentran privados de libertad a la espera de una respuesta a sus solicitudes de asilo”. A día de hoy solo cinco de ellas han sido admitidas a trámite. Sin embargo, aún quedan dos personas encerradas en el CIE a las cuales se les ha inadmitido a trámite la solicitud de protección internacional. Debido a esto, el 9 de junio iniciaron una huelga de hambre indefinida para hacer llegar sus demandas y poder evitar el retorno forzoso, así como las consecuencias en las vidas de las personas que son perseguidas en el Rif. Según el comunicado de Hirak “Cada día son más los activistas detenidos por el gobierno marroquí. El miedo y la persecución empujan a los rifeños a cruzar el Mediterráneo escapando de la represión del Majzen, las torturas y violaciones de derechos humanos.” Los hechos que provocan esta huelga de hambre son un ejemplo más de las deficiencias en el procedimiento de solicitud de protección internacional que se suceden en el CIE de Aluche y que llevamos tiempo denunciando. También del sufrimiento que provoca la política migratoria del Estado español, que encierra en Centros de Internamiento de Extranjeros, con el objetivo de expulsarlas, a personas que huyen de graves conflictos en sus países de origen. Instamos con ello al nuevo gobierno a cambiar el paradigma de la política migratoria española, basada en el cierre de fronteras -que tantas muertes provoca en el Mediterráneo-, y en la expulsión -que arranca a muchísimas personas de sus redes cotidianas o deporta a personas que acaban de arriesgar su vida en una peligrosa travesía-. También nos hacemos eco y apoyamos cada una de las demandas realizadas por el colectivo Hirak en Madrid (@HirakMadrid): “– Responsabilizamos al Estado marroquí por las consecuencias que están empujando a los jóvenes rifeños en arriesgar sus vidas en busca de protección internacional. – Denunciamos la vulneración de derechos humanos por parte del Estado español con los solicitantes de protección internacional de origen rifeño. – Rogamos todo tipo de apoyo a la opinión pública española, ONGs, partidos políticos y actores sociales comprometidos con la materia de derechos humanos para mediar y presionar a las autoridades españolas, con el objetivo de una mayor protección internacional a los rifeños víctimas de esta masacre de represión estatal marroquí.”
Denunciamos ante el CGPJ las autorizaciones colectivas de internamiento en CIE
IRIDIA y SOS Racismo denuncian los autos colectivos de internamiento en CIE como práctica que vulnera la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa “Con este escrito queremos denunciar una práctica que no se ajusta a derecho y reclamar un compromiso firme para que no se reproduzca. La justicia no puede caer en generalizaciones ni estigmatizaciones» Ambas organizaciones han recordado que su denuncia se enmarca en la reivindicación de cierre de los CIE, el fin de las deportaciones y el restablecimiento de la legalidad en la Frontera Sur IRIDIA – Centre per la Defensa dels Drets Humans y SOS Racismo Madrid han presentado este jueves una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como denuncia a las autorizaciones colectivas de privación de libertad en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). En el escrito registrado ante la Comisión Disciplinaria del CGPJ, ambas organizaciones denuncian una práctica que han detectado en reiteradas ocasiones por parte del Juzgado Mixto Nº4 de Motril para proceder al internamiento en CIE de personas recién llegadas a las costas del Estado español. Ambas organizaciones recuerdan que no es una práctica aislada y que seguirán investigando a otros Juzgados que están realizando prácticas idénticas. En el día de hoy una comisión de observadoras de derechos humanos de las entidades denunciantes se encuentra en Motril en el marco una visita de monitoreo de la situación de las personas que llegan por vías marítimas a la Frontera Sur para la elaboración de un informe que será presentado ante el Congreso de los Diputados. Dicho Juzgado de Motril ha autorizado el internamiento de forma colectiva en el CIE de Madrid de 40 personas en diciembre de 2015, 24 personas en marzo de 2017 y 9 personas en julio de 2017. En el Auto que ha motivado la denuncia el Juzgado indicó que “Habida cuenta de que los interesados/as, mayores de edad, extranjeros/as, indocumentados, sorprendidos todos ellos en iguales circunstancias”…”han manifestado que carecen de domicilio, trabajo, propiedades o de cualquier otra circunstancia que evidencie en los mismos un mínimo de arraigo en España”. Entre las 40 personas internadas a través de dicho Auto genérico y no individualizado se encontraban varias con arraigo familiar, un hombre casado y padre de dos menores cuya familia viajaba en la misma embarcación, una mujer víctima de Mutilación Genital Femenina forzada y potencial solicitante de asilo así como 4 posibles menores de edad. Las organizaciones denuncian una práctica que se torna habitual y que no solamente vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, dejando a las personas migrantes en situación de indefensión, sino que les priva del acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Además, recalcan que se trata de autos idénticos que no están suficientemente motivados puesto que no atienden a la especificidad de cada caso. Los CIE son espacios de vulneración sistemática de derechos donde se les interpela en muchas ocasiones exclusivamente mediante un número. En este sentido, las autorizaciones judiciales colectivas de internamiento representan un paso más en el proceso de deshumanización y trato indigno a las personas migrantes, en este caso por parte de la autoridad judicial. “Con este escrito queremos denunciar una práctica que no se ajusta a derecho y reclamar un compromiso firme para que no se reproduzca”, apuntan desde ambas organizaciones. La misma semana en que al menos una veintena de personas han fallecido tras un naufragio cerca de la costa de Melilla y en que se han repetido actos de memoria a las muertes producidas en 2014 en la playa del Tarajal, desde IRIDIA y SOS Racismo manifiestan que, “lejos de generar procesos de reparación y atención humanitaria, se está priorizando el internamiento con prácticas ilegítimas como la privación de libertad en espacios no habilitados y mediante procesos no individualizados”. Ambas organizaciones han recordado que su denuncia se enmarca en la reivindicación de cierre de los CIE, el fin de las deportaciones y el restablecimiento de la legalidad en la Frontera Sur. [gview file=»https://www.sosracismomadrid.es/wp-content/uploads/2018/02/Medios_Denuncia-CGPJ-.pdf»]
La represión en la cárcel de Archidona termina con la muerte de un interno
La represión en la cárcel de Archidona, usada como Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) pese a las incompatibilidades legales, termina con la muerte de uno de los internos en su celda Exigen investigación independiente sobre los sucesos y responsabilidades. Señalan la necesidad de identificar al fallecido y establecer vínculos con su familia y medidas de reparación. La Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el fin de las deportaciones exige la dimisión del Ministro de Interior Según la información disponible hasta el momento, un ciudadano argelino de 36 años (cuyo nombre no se ha hecho público aún), ha muerto, supuestamente por suicidio, en una celda de la cárcel de Archidona mientras esperaba su deportación. La Campaña por el Cierre de los CIE y el fin de las Deportaciones denuncia esta muerte como un asesinato más producto del racismo institucional que supone la política migratoria basada en el encierro y la deportación. Con la cárcel de Archidona, el Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha llevado la violación de derechos a un extremo criminal: ha usado una instalación penitenciaria como CIE, algo prohibido expresamente por la actual Ley de Extranjería y denunciado por la Defensoría del Pueblo; ha empleado datos falsos para internar a las personas, como está investigando la justicia; ha intentado deportar a adolescentes; y ayer mismo, como muestra un vídeo, la policía reprimía violentamente a las personas privadas de libertad en Archidona. ¿Qué hechos han llevado a la muerte de esta persona y en qué circunstancias?. Desde que se abrió el primer CIE y comenzaron a practicarse deportaciones en 1987, al menos 8 personas han fallecido en dependencias de encierro y traslado forzoso: siete vidas cuya custodia y responsabilidad recaía sobre el Estado. La muerte en el CIE no es una excepción sino una macabra normalidad. Mientras los comunicados oficiales evitan toda referencia a la identidad de las personas fallecidas, fomentando su olvido, consideramos imprescindible honrar su memoria de las personas con nombres y apellidos, siempre que sea possible: Osamuyi Aikpitanyi 2007 (durante su deportación; Vuelo Iberia Madrid-Lagos;Nigeria) Ciudadano nigeriano de 47 años. 2008. (CIE Zapadores. València) Jonathan Sizalima 2009 (Comisaria extranjeria P.N, BCN) Mohamed Abagui 2010 (CIE Zona Franca, BCN) Samba Martine 2011(CIE Aluche, Madrid) Idrissa Diallo 2012 (CIE Zona Franca, BCN) Alik Manukyan 2013 (CIE Zona Franca, BCN) Ciudadano argelino de 36 años. 2017 (Cárcel Archidona, Málaga.). En el momento de realizar este comunicado aún no se ha hecho público su nombre. El Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, es responsable de esta última muerte, así como las políticas migratorias española y europea lo son de las miles de vidas perdidas en las fronteras, en el desierto y en el mar. Ninguna regulación ni promesas de mejora de las condiciones de los CIE ocultará la verdadera naturaleza de estos espacios como lugares de maltrato institucional y muerte. La Campaña por el Cierre de los CIE y el fin de las Deportaciones exige: La dimisión del Ministro Zoido como responsable directo de esta muerte. El cierre inmediato de Archidona y de todos los CIE del Estado español. La liberación inmediata de las personas internadas en Archidona. Una investigación judicial transparente de lo sucedido. La identificación de la persona fallecida, y medidas de reparación para con su familia. La Campaña por el Cierre de los CIE y el fin de las Deportaciones, convoca a las concentraciones) y llama a la movilización: Madrid, sábado 30 de diciembre, 19h frente al CIE de Aluche. Archidona, sábado 30 de diciembre 12h frente a la cárcel utilitzada como CIE Málaga, sábado 30 de diciembre, plaza de la Merced
Hoy se cumplen 6 años de la muerte de Samba Martine
Tal día como hoy, 19 de diciembre, hace seis años, moría Samba Martine tras su paso por el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Martine llegó a Melilla en agosto de 2011. A su llegada, entró en el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes). Permaneció allí tres meses, hasta el 12 de noviembre, cuando, por sobreocupación del CETI, la trasladaron al CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) de Aluche, en Madrid, con la intención de expulsarla del país. Portadora del VIH, como se supo posteriormente, Samba se encontraba mal desde el mismo momento en que ingresó en el CIE, y, a pesar de las reiteradas solicitudes de asistencia médica que realizó, no fue diagnosticada su enfermedad ni recibió una adecuada atención médica. Ante la gravedad de su estado, es trasladada al Hospital 12 de Octubre el mismo 19 de diciembre, donde fallece ese mismo día. Hoy, seis años después, seguimos luchando en favor de la libertad de movimiento y del derecho a migrar. Seguimos reclamando el cierre de los Centro de Internamiento de Extranjeros, instituciones opacas donde no se dan, ni se darán nunca, condiciones dignas para las personas que allí se interna contra su voluntad. Los CIEs no son centros de acogida y ayuda humanitaria, como pretenden hacernos creer las autoridades y algunos medios, sino centros de privación de libertad en los que se niega a las personas en situación administrativa irregular no sólo libertad ambulatoria, sino otros muchos derechos. Las personas internas se ven privadas de su dignidad y, como demuestra el caso de Samba Martine, se pone en peligro su salud y su integridad física. A día de hoy, las autoridades del CIE y el Ministerio del Interior siguen haciendo caso omiso a las reclamaciones que se producen dentro del CIE. Sus prioridades son otras. Mientras que las personas, internas en contra de su voluntad, reclaman al menos una comunicación fluida con abogados, familiares y organizaciones de defensa de los derechos migrantes, un trato respetuoso y digno y, en suma, no ser tratados como números, las autoridades siguen escatimando en cuestiones clave como la asistencia sanitaria dentro del CIE o la provisión de ropa de abrigo para las personas recién llegadas, entre otras cosas. Les parece más importante la programación de eventos “para amenizar la estancia de los ciudadanos extranjeros internados”; tan normal les parece la situación que hasta consideran procedente invitarnos, a las organizaciones de defensa de los derechos migrantes, a esas mismas organizaciones a quienes hace menos de dos semanas se pretendía limitar su acceso a las personas internas. Tal día como hoy, no podemos dejar de lamentar la muerte de Samba Martine, el sufrimiento de tantas y tantas personas que han pasado por el CIE y que mediante nuestras visitas sólo podemos llegar a vislumbrar, y la insensibilidad que, una vez más, demuestran las autoridades del CIE de Aluche, y su incomprensión respecto a lo que es y significa el CIE para las personas internas y para el conjunto de la sociedad, como ejemplo hiriente de una política migratoria injusta y cruel. ¡CIEs NO! ¡CERREMOS LOS CIES!
Los Juzgados frenan un nuevo intento de restringir el derecho de visitas en el CIE de Aluche
Comunicado conjunto de SOS Racismo Madrid, Karibu, Pueblos Unidos y Coordinadora de Barrios Los tres Juzgados de Instrucción que ejercen las funciones de control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche han rechazado unánimemente una comunicación remitida por el Director del CIE en la que pretendía, una vez más, establecer restricciones y obstáculos al derecho de las personas internas a recibir visitas de ONG. En el reciente Auto firmado por los tres magistrados a fecha de 11 de diciembre de 2017, han acordado requerir al Director del CIE de Madrid para que no vulnere el derecho esencial de visitas, dé cumplimiento al vigente Auto del Juzgado de Instrucción nº6, en funciones de control del CIE, de fecha 13 de enero de 2011, y amplíe las garantías y facilidades para las visitas. De forma contundente, señalan que “los jueces de control, analizada la comunicación del Sr. Director del CIE, consideramos que no se aprecian motivos que justifiquen la conveniencia de modificar el sistema actual de visitas de las ONGs al Centro”. La comunicación remitida por la Dirección del CIE pretende generar barreras burocráticas para el acceso de organizaciones de defensa de los Derechos de las personas migrantes así como eliminar el carácter confidencial de las visitas, anulando, en la práctica, el Auto vigente de fecha 13 de enero 2011, en el que se estableció un marco para el derecho de visitas de las ONG al CIE y que fue refrendado por la propia Dirección del CIE posteriormente Cabe señalar que el actual régimen de visitas de las ONG dimanaba del Oficio de fecha 1 de marzo de 2011 remitido por la propia Dirección. Supone una auténtica incongruencia que, ahora, la propia administración se erija en juez y parte, incurriendo de esta manera en una actuación arbitraria, expresamente prohibida en el art. 9.3 de la Constitución española. El método utilizado en esta ocasión por la Dirección del CIE ha sido una comunicación. Mediante esta vía, decide unilateralmente la fijación de unas condiciones de visita que, sin amparo normativo alguno, se utiliza para la restricción de Derechos y pretende vulnerar la competencia de los Jueces de Control. El comunicado ignora a su vez Autos posteriores de los Juzgados de Control de Madrid que han reconocido la vigencia y obligado cumplimiento del Auto del Juzgado de Instrucción nº6 de fecha 13 de enero de 2011, instando al director del CIE a ajustarse a lo especificado en su parte dispositiva (Auto del Juzgado nº6 de 28 diciembre 2015 y Auto del Juzgado nº19 de 8 agosto 2017). Además, la administración del CIE deliberadamente intenta confundir la asistencia social que debe prestar con arreglo a lo establecido en el RD 162/2014 con la intervención de las ONG que tengan entre sus fines la defensa de los derechos de las personas migrantes. En este sentido, el Reglamento es claro: la asistencia social es una prestación obligatoria que el Estado debe facilitar, bien directamente, bien a través de la contratación de terceros. Pero eso no es óbice para que ONG, u otros organismos u organizaciones, nacionales o internacionales, puedan dar cumplimiento a sus fines. La labor de las ONG que visitan el CIE no es la asistencia social; es una figura diferente que pasa por el acompañamiento a las personas internas en su dimensión más integral, por la información de su situación jurídica, sin hurtarles ni esconderles nada así como por la vigilancia y denuncia de las vulneraciones de derechos. El Convenio suscrito entre el Ministerio del Interior y las entidades subvencionadas incluye en su cláusula decimotercera la obligación de “guardar secreto sobre datos e información de los que tenga conocimiento”. En contraposición, Pueblos Unidos, Karibu, SOS Racismo y Coordinadora de Barrios, desde la independencia que les ofrece el no estar sujetas a ningún contrato o subvención, siguen apostando por mantener las vistas regulares a las personas en los CIE de todo el Estado. Su actividad a lo largo de los años ha demostrado que en los Centros de Internamiento de Extranjeros se vulneran los derechos de las personas internas especialmente en lo relativo al internamiento de niñas/os y adolescentes, el acceso a la asistencia sanitaria y jurídica o el internamiento de personas en situaciones de extrema vulnerabilidad. Además, han apoyado a quienes han denunciado agresiones y vejaciones durante su internamiento. Es este trabajo de denuncia que contribuye a desmontar la impunidad y la opacidad del CIE el que incomoda a la Dirección del centro que persigue incansablemente la posibilidad de reducir o incluso fulminar el papel de las organizaciones de apoyo a las personas migrantes, eliminando así la posibilidad de que las personas retenidas ejerzan sus derechos. Lamentablemente, la existencia de los CIE y las deportaciones como elementos tangibles del racismo institucional siguen haciendo necesario el trabajo de apoyo a quienes sufren las políticas migratorias. Desde las organizaciones Karibu, SOS Racismo, Coordinadora de Barrios y Pueblos Unidos han puesto en valor la respuesta y el papel de los Juzgados de Control y han reiterado su intención de seguir trabajando por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones. “Ese trabajo se torna imprescindible con un Ministerio del Interior que mediante el incumplimiento reiterado de la normativa en los CIE, la justificación de las devoluciones ilegales en la Frontera Sur, la apertura de un centro penitenciario en funciones de CIE, el auge de las deportaciones exprés o las deportaciones en vuelos colectivos pretende dar continuidad a su política migratoria racista, represiva e inhumana”, han manifestado.
La Campaña Estatal por el Cierre de los CIE exige el cierre inmediato del pseudo-CIE de Archidona
La Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el Fin de las Deportaciones exige el cierre inmediato del pseudo-CIE de Archidona La Campaña Estatal denuncia el incremento de la política represiva del Ministerio del Interior y exige la dimisión del Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido En su séptimo encuentro anual, celebrado por primera vez en Canarias y en el que ha participado SOS Racismo Madrid, se ha ampliado y mejorado la coordinación entre territorios contra las deportaciones y las vulneraciones de derechos en la Frontera Sur Las Palmas de G.C., lunes 11 de diciembre de 2017 Por séptimo año consecutivo la Campaña Estatal se reúne para compartir información sobre su trabajo de observación y denuncia, así como coordinar acciones que se desarrollarán durante el 2018. En este año hemos detectado que la situación se ha agravado: el Ministerio del Interior ha anunciado la creación de nuevos CIE e, incluso, ha incurrido en la práctica ilegal e ilegítima del uso de un centro penitenciario como pseudo-CIE en Archidona, Málaga. Esto supone una vulneración sistemática de los derechos más básicos y la criminalización de las personas migrantes. Una práctica represiva que el Ministro del Interior trata de justificar ante la falaz situación de excepción migratoria y que puede terminar con la deportación de las personas recién llegadas. En respuesta a ello, se han incorporado a la Campaña dos colectivos de Málaga y Granada, lo que muestra el incremento del rechazo social frente a esta imposición del Ministerio del Interior. Insistimos en que, frente a la imagen dominante según la cual los CIE se emplean como puerta de salida, la Campaña constata que, últimamente, están siendo especialmente empleados para retener y castigar a las personas detenidas en las fronteras. Ahora bien, conviene recordar que estos centros y las deportaciones suponen una vulneración de derechos fundamentales por su mera existencia. Los datos y observaciones evidencian cómo los mecanismos de control migratorio trascienden los propios CIE. Esto se materializa en un notable aumento de las deportaciones exprés en 72 horas sin garantías jurídicas o en prácticas como la expulsión desde prisiones una vez cumplido condena. Esto lleva a la necesidad de denunciar el entramado de su política migratoria. Por ello, la primera acción del encuentro ha consistido en una concentración en la sede de la Agencia Europea para el Control de las Fronteras Exteriores (FRONTEX), poniendo en el punto de mira las vulneraciones de derechos en la Frontera Sur, las sistemáticas redadas racistas, el internamiento en CIE y el sucio negocio de la deportación. La externalización de fronteras a terceros países es el método del Estado español y la Unión Europea para ocultar su responsabilidad en las consecuencias de sus políticas migratorias. Esta decisión está obligando a las personas provenientes del Sur Global al uso de rutas migratorias más peligrosas que se saldan con miles de muertes al año. El Estado continúa invirtiendo dinero público en convenios con compañías privadas como fuera durante años AirEuropa y, actualmente, Barceló e Iberia, en los que se realizan decenas de macro vuelos de deportación. Esta lucrativa industria de deportación beneficia a otras compañías aéreas que llevan a cabo las expulsiones en vuelos comerciales, más de 2.000 personas en 2016, y las empresas navieras. Este año la Campaña quiere incidir en la vía marítima de expulsión a Argelia. A este país se fleta semanalmente un alto número de dispositivos de expulsión, habiendo sido deportadas por vía marítima 868 personas en 2016. En este escenario se han acordado varias líneas estratégicas de acción: se establecerán alianzas y coordinación con colectivos de los países de origen de las personas migrantes; se elaborará un informe sobre las características de la política migratoria actual; se reforzará la línea de coordinación jurídica entre las diferentes organizaciones, con el objetivo de mejorar la defensa de las personas; y se impulsará la campaña de boicot a las empresas adjudicatarias para la realización de las deportaciones. De todas estas líneas, la más inmediata es la articulación de una respuesta social contundente contra el uso de la Cárcel de Archidona como un pseudo-CIE. En este sentido la Campaña estatal por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones se une a la denuncia emprendida por la recién constituida “Plataforma ciudadana contra la cárcel de Archidona” que se podrá seguir en Redes Sociales a través de las palabras claves #CIEArchidona y #StopDeportaciones. Exigimos: Cierre inmediato del pseudo-CIE de Archidona y liberación de las personas internadas. Dimisión del Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por su continuada política de criminalización y vulneración de los derechos de las personas, exacerbada al internarlas en una cárcel. Cierre de los CIE y fin de las deportaciones.