El viernes 16 de septiembre la Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español presentó en el Casino de la Reina de Madrid el Informe Anual 2016 sobre racismo en el estado español.
En el informe se recogen 247 incidentes racistas en todo el Estado y casi 100 casos de delitos de odio, que muestran una realidad oculta de nuestra sociedad y que es la base del trabajo de la Federación. Dentro de los casos recogidos en este informe 2016; el 28% están relacionados con conflictos y agresiones racistas seguidos de denuncias de racismo institucional (22.86%) y problemas con la seguridad pública (18%) .
Respecto a las cifras del número de casos atendidos y de la aparente estabilidad del número de casos recogidos en los últimos años, Mikel Mazkiaran, Secretario General de la Federación señaló que “a pesar de que el número de casos en los que interviene la Federación es estable en los últimos años, no significa que no hayan aumentado, sino que permanecen invisibles bien porque el acto se ha normalizado el acto discriminatorio y no se percibe como un delito, bien porque el desconocimiento de las víctimas”. Sobre esta afirmación, se expuso como ejemplo los resultados del reciente testing realizado por la Federación sobre acceso a la vivienda en el que en muchos de los casos se aprecian preocupantes comportamientos racistas en nuestra sociedad que no se ven reflejados en ninguna estadística oficial.
Otro de los motivos de preocupación de la organización es el contenido de violencia (física o verbal) que representa el 50% del total de los incidentes de odio con motivación racista o xenófoba denunciados a las oficinas de SOS Racismo y que han sido perpetradas por particulares, por miembros de grupos de extrema derecha, así como por agentes de empresas de seguridad privada. Igualmente, es significativo el número de casos de discriminación racista y xenófoba vinculada a la denegación acceso a establecimientos de ocio como bares y discotecas, servicios inmobiliarios, alquiler de vehículos etc.
Perfil de las víctimas
En cuanto al género, la mayoría de denuncias fueron realizadas por hombres (179) frente a 76 realizadas por mujeres. En cuanto a la edad, de 247 incidentes, 247 fueron denuncias realizadas entre mayores de 18 y 65 años, y 5 de ellas, por menores de edad. A este respecto, las sumas totales de las denuncias y los incidentes no coinciden, como consecuencia de la denuncia realizada por más de una persona, como víctimas de un mismo incidente.
Asimismo, del total de víctimas, 147 de ellas tenían su situación administrativa regularizada, 53 eran nacionales de la UE y 44 se encontraban en situación administrativa irregular. Otro dato de interés es el referente a la nacionalidad de las personas denunciantes, siendo las personas procedentes de África Subsahariana las más vulnerables y las que más acuden a las OID en búsqueda de ayuda
Necesidad de leyes antidiscriminación y mayor protección a las víctimas
Una realidad, la planteada en el informe, que se reproduce en la mayoría de los territorios en los que interviene SOS Racismo. Por ello, Mohamed Gerehou –Presidente de SOS Racismo Madrid– y Mikel Mazkiaran insistieron en la necesidad de buscar soluciones que mejoren el tratamiento de estas situaciones que se están enquistando en nuestra sociedad. Propuestas que pasan por la exigencia al próximo Gobierno de la elaboración urgente de una Ley Integral contra la discriminación así como una Ley de protección de víctimas de delitos de odio – que proteja a ésta independientemente de su situación administrativa- que amplíe el concepto de delito de odio a otros supuestos recogidos en el Código Penal como son la denegación de prestaciones públicas y privadas, la discriminación laboral o actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Todo ello, a juicio de la Federación, debe partir no sólo del aumento del conocimiento de esta realidad, sino también de la creación de una estrategia integral y consensuada entre administraciones públicas, sociedad civil y ciudadanía en las que la lucha contra todas las formas de discriminación, en sus formas directas, indirectas o virtuales, sea uno de los vectores de las políticas de convivencia.
