‘Hackear’ el sistema para luchar contra las deportaciones exprés

  • El 78% de las expulsiones de España en 2016 fueron por vía exprés, en un plazo máximo de 72 horas.
  • La mayoría de las detenciones de población migrante o racializada contravienen la ley.
  • Según últimos datos disponibles, de 2015, en este año se hicieron 6,5 millones de controles arbitrarios de identificación de personas.
  • La deshumanización de los casos de detención y deportación es consecuencia del racismo institucional y quedan invisibles para la opinión pública.
  • Hay una “gran ignorancia” sobre ley de Extranjería entre los propios juristas.

Como diría un el refrán, a grandes males, grandes remedios. Así que ante el entramado de dificultades y obstáculos institucionales, y la indefensión a la que se enfrentan las miles de personas (7.729 en 2016) que al año son deportadas mediante la fórmula exprés, es decir en 72 horas como máximo, solo queda “hackear el sistema”.

Así lo expresó  el profesor de Derecho Penal y Criminología en la Universidad Rey Juan Carlos, José Miguel Sánchez Tomás, durante las Jornadas sobre Deportaciones Exprés, organizadas por SOS Racismo Madrid, y en las que explicó que  “el Estado nos has puesto dificultades para garantizar la eficacia de la expulsión, por lo que tenemos que ser muy imaginativos, expeditivos e incluso groseros, para ganar batallas. Ser ‘hackers’ del sistema”.

A esta opinión se sumó también el ex juez de Control del CIE de Aluche, Ramiro García de Dios, quien coincidía con Sánchez Tomás en que hay que emplear todas las herramientas que “todavía nos ofrece el Derecho para detener una expulsión exprés, porque al paso que vamos, no sabemos hasta cuándo se mantendrá este Derecho o si cambiará”.

Durante cinco horas, bajo el denominador común del activismo por la defensa de los derechos humanos y el antirracismo, casi un centenar de profesionales del Derecho, la Psicología, Periodismo o Trabajo Social analizaron por un lado, los protocolos de actuación en los procedimientos de deportaciones exprés, y por otro, el impacto social y personal que estas prácticas tienen sobre la población migrante y racializada. El objetivo, buscar fórmulas de trabajo y colaboración para luchar contra estas expulsiones discriminatorias y racistas.

En 2016, según datos del Captura de pantalla 2018-02-28 a las 23.05.30Ministerio del Interior, se detuvo a 35.882 personas, de las que 28.000 fueron injustificadas y por tanto esas personas tuvieron que ser puestas en libertad. Ese mismo año, se expulsó a 9.934 personas, el 78% de ellas por la vía exprés. Es decir, en un plazo de 72 horas, o inferior, lo que obliga a las defensas a trabajar contrarreloj para conseguir la mayor documentación posible que paralice esta deportación. Algo que difícilmente se consigue.

El profesor José Miguel Sánchez Tomás criticó la cantidad de recursos que se dedican a prácticas que derivan en detenciones, y que contravienen la legislación española. Es el caso de las detenciones por un control de identidad, que se enfrenta directamente con el derecho de libertad ambulatoria, y con el artículo 16 de la Ley de Seguridad Ciudadana, sobre identificación de personas. Este artículo establece que esta práctica se realizará solo si hay indicios de que se ha cometido un delito, o de que se va a cometer y con el fin de prevenirlo. Para el profesor, se está atentando contra el principio de proporcionalidad que contiene este mismo artículo y que desecha la identificación solo por cuestiones de raza, sexo, religión, etc…

En España, los últimos datos de que se dispone sobre control de documentación son de 2015, cuando se practicaron 6,5 millones de identificaciones de personas. Esto implicaría que a un 14% de la población española se le pidió la documentación en la calle arbitrariamente. Con la entrada en vigor, ese mismo año, de la Ley de Seguridad Ciudadana, y a pesar de que estas identificaciones se siguen llevando a cabo por parte de la policía, el Ministerio del Interior no ha seguido suministrando datos de años posteriores.

Mayor concienciación: de lo técnico a lo humano.

Más allá de las cifras, durante el encuentro los participantes coincidieron en reclamar mayor sensibilización sobre el factor humano, y el establecimiento de redes de apoyo y reparación para las personas que son detenidas y deportadas y para sus familiares.

Ante una detención y una deportación exprés, tanto la persona detenida como su familia se quedan en una situación de desconocimiento, aislamiento, sin opción a defensa, y en un constante estado de ansiedad y miedo, frente a la posibilidad de no volver a ver a su familia o de que se repita la situación, en caso de que sea puesta en libertad.

Para Danae García, portavoz de SOS Racismo Madrid, la deshumanización y la invisibilidad de los casos de detención y deportación son consecuencia del racismo institucional, que ven a las personas detenidas y en vías de deportación como ‘no personas’, por lo que sus circunstancias personales no importan, no existen.

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Así, además de la construcción de una red de apoyo, se consideró imprescindible, igualmente, la colaboración de organizaciones con los abogados del turno de oficio, y entre ellos mismos, de manera que se produzca un intercambio ágil de información técnica, pero sobre todo, personal, que permita encontrar alternativas para actuar con la rapidez, la urgencia y la eficacia en la defensa, que se requieren en los casos de una deportación exprés.

Al respecto, el ex juez Ramiro García de Dios defendió la necesidad de considerar todos los factores humanos que rodean a cada caso, antes de dictar un auto de expulsión. Asimismo, criticó duramente la “ignorancia” en materia de Extranjería por parte de jueces y abogados, y defendió la puesta en marcha de iniciativas de formación y sensibilización, en las que participen también organizaciones sociales, para dar a conocer las herramientas disponibles en la legislación, tanto a nivel nacional como europeo, para hacer una defensa lo más eficaz posible y conseguir aplazar o suspender los procesos de deportación.

Al hilo de estas propuestas de García de Dios, el profesor Sánchez Tomás apuntó cuatro supuestos ‘de libro’ a los que se puede recurrir y bajo los cuales se ha de aplazar o suspender una deportación:

  1. Cuando hay menores escolarizados a cargo de la persona que va a ser deportada.
  2. Se trata de una mujer embarazada.
  3. Si la persona que va a ser deportada está enferma.
  4. Si la persona ha presentado solicitud de asilo.

Por último, García de Dios habló de la importancia sustancial de la designación de abogado en casos de deportaciones siga los mismos criterios que para la designación a menores. El ex magistrado explicó que las personas que van a ser deportadas se encuentran en una situación de riesgo, vulnerabilidad e indefensión similar a la de los menores y por eso la designación de una defensa de oficio debería de seguir los mismos preceptos.

Invisibilidad social y mediática absolutas

El papel de los medios de comunicación y la necesidad de tener un discurso que llegue a la sociedad y trascienda también al debate político, fue otro de los puntos calientes de la jornada.

Existe una invisibilidad absoluta, a nivel social y mediática, de las deportaciones, tanto ordinarias como exprés, y de sus implicaciones humanas. En este sentido, se planteó la necesidad de revertir esta ausencia del tema en la agenda informativa, apelando a una mayor implicación por parte de los medios de comunicación a la hora de abordar estos temas, mediante unos mensajes y un discurso común a todas las organizaciones que luchan por la defensa de los derechos humanos y contra el racismo.

En aras de alcanzar esta visibilidad, se trazaron las primeras propuestas para estrechar colaboraciones, y establecer otras nuevas, entre las distintas asociaciones, con el fin de sensibilizar y llevar a la sociedad un discurso de concienciación, sobre las consecuencias de las deportaciones exprés.

Texto: Elena Delgado

Fotografías: Isabel Muradas