De las Leyes Mordaza a una seguridad ciudadana que que proteja nuestros derechos y libertades

NO SIN DEBATE SOCIAL

Desde la primera votación de las elecciones generales hemos sido testigo de un debate entre los partidos del Congreso en torno a la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015 (LSC), más conocida ya por Ley Mordaza, ocasionado por la fuerte crítica social a la misma. Las organizaciones, colectivos sociales y personas que lanzamos este comunicado hemos estado siguiendo este proceso y tras el estudio de los proyectos de ley presentados y en vista de las negociaciones iniciadas con el Partido Popular todo apunta a que en breve tendremos el texto de una nueva ley de seguridad ciudadana con las mismas bases que la anterior; en definitiva, que tendremos una “Ley Mordaza” reformada.

Quienes llevamos años denunciando las denominadas Leyes Mordaza (Ley de seguridad ciudadana y reforma del Código Penal) consideramos que ahora que se pretende derogar esta ley es el momento de cuestionar las bases de una norma que, en el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, hace primar la “seguridad ciudadana” por encima del libre ejercicio de dichos derechos y libertades con los que supuestamente nacemos. Una ley que, además, se vale del derecho administrativo sancionador, es decir, las sanciones son impuestas a las personas sin que medie ningún tribunal de justicia, dejando a la ciudadanía indefensa ante la ley.

Desde que entró en vigor la Ley Mordaza, estamos siendo testigo del creciente abuso que ha ido tomando la aplicación de esta ley con un incremento de la represión policial debido, en muchos casos, al abuso por parte de los agentes de la presunción de veracidad que les otorga el ámbito administrativo (su testimonio está por encima del de la ciudadanía) y al poder de valoración que les confiere la Ley Mordaza. En este tiempo, se han reportado miles de casos de personas sancionadas en nombre de la “seguridad ciudadana” por ejercer derechos como la libertad de expresión o de información, no sólo en el ámbito de las movilizaciones activistas, sino casos de personas denunciadas por motivos tan desproporcionados como no tratar de usted a la policía, criticar la extralimitación de sus funciones o llevar una camiseta con una leyenda reivindicativa, o sindicalistas y periodistas sancionados por realizar su trabajo. Se han registrado además casos de represión e imposición de sanciones a personas que realizaban labores de observación de Derechos Humanos como las cuatro personas pertenecientes al grupo de observación de Frontera Sur de las entidades Irídia, Fotomovimiento y Novact, que fueron multadas durante las tareas de documentación gráfica en el paso fronterizo del Barrio Chino en Melilla.

Bajo una iniciativa en apariencia positiva como es promover la seguridad ciudadana, el Gobierno lo que realmente ha conseguido con la Ley Mordaza es impedir de hecho y de derecho que los ciudadanos expresen públicamente su opinión, castigando especialmente la pobreza y la protesta. Las principales preocupaciones que las organizaciones hemos denunciado sobre la ley actual son: nuevas infracciones que amenazan el ejercicio de derechos como la libertad de reunión pacífica expresión e información, falta de mecanismos independientes de supervisión de la actuación policial y de rendición de cuentas ante los abusos, el abuso de conceptos indeterminados para justificar controles preventivos, el uso de la fuerza o la imposición de infracciones, dejando éstas al criterio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, menor garantía de los ciudadanos frente a la Administración, debido al traslado de las faltas del ámbito penal al administrativo, atribuciones de nuevas facultades preventivas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para controlar manifestaciones y reuniones, que pueden impedir el ejercicio legítimo de estos derechos o el registro de infractores contra la seguridad ciudadana una medida exagerada que puede suponer un control excesivo sobre las actividades de los ciudadanos y que podría utilizarse como información para perseguir a grupos de oposición. Además, nos preocupa gravemente que esta ley pretenda legalizar las expulsiones de inmigrantes en la frontera, algo que, de facto, es ilegal, vulnerando el derecho al asilo y protección subsidiaria, la prohibición de expulsiones colectivas, el principio de no devolución y los derechos de protección del menor, o que siga permitiendo la práctica policial de redadas racistas.

Una Ley que se justificó por la necesidad de actualizar la norma anterior, Ley Corcuera o “de la patada en la puerta” de 1992, ante nuevos cambios y demandas sociales así como nuevas formas de poner en riesgo la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía, según argumentaba el Gobierno. Después de tres años de denuncia seguimos sin encontrar ninguna referencia a cuáles eran esas carencias que había que cubrir. Por tanto entendemos que si la Ley Mordaza no era necesaria, tampoco lo son nuevas reformas que sigan justificando la restricción de nuestros derechos en pro de la seguridad manteniendo muchos de los supuestos vagos e indeterminados que aparecen en la actual ley, reformas que no introducen modificaciones sustantivas que protejan los derechos a la libertad de expresión, reunión e información propuestas por la sociedad civil. Sin embargo, sí que consideramos que es urgente revisar esta ley al completo partiendo de una definición clara y respetuosa con los derechos humanos a través de un debate público sobre qué entendemos por seguridad ciudadana.

Nos preocupa que se sigan equiparando conceptos como “seguridad ciudadana” y “seguridad pública” y la identificación de ambas con la protección del “orden público”. Es necesario abandonar la concepción legal que entiende que seguridad ciudadana como aquello que sirve para limitar el ejercicio de derechos y libertades (STC 37/1998) así como romper con el enfoque franquista (Ley de Orden Público de 1953) sobre la cuestión, ya que las personas no somos un problema de orden público, como tampoco lo son gran parte de las cuestiones que recoge el articulado de la LSC. Frente al eje “libertad-seguridad” tradicional, al que parece que solo cabe oponer “más libertad individual”, toca apostar por un tercer eje que rompa la dicotomía: igualdad. La seguridad ciudadana se construye sobre discursos y lógicas de desigualdad y toca recuperar la esfera pública como escenario del debate sobre este conflicto.

Por todo esto, estamos impulsando la celebración de unas primeras jornadas de debate público sobre seguridad ciudadana y el libre ejercicio de nuestros derechos para que organizaciones, colectivos y personas podamos trabajar conjuntamente en la seguridad que queremos. El objetivo final de esta iniciativa es celebrar unas segundas jornadas con la presencia de partidos políticos donde poder debatir sobre la reforma de esta ley. Creemos que es muy necesario un debate abierto entre partidos, organizaciones y sociedad civil ya que gracias al trabajo de organizaciones y colectivos sociales, se ha conseguido un análisis reflexivo y una denuncia colectiva sobre esta norma lográndose que hoy esta ley sea rechazada por su carácter antidemocrático.