Análisis: Después de la rectificación de la Consejería de Sanidad, ¿qué va a ocurrir con los menores extranjeros en Madrid?

La Comunidad de Madrid ha decidido rectificar su medida de borrar a los bebés mayores de tres meses que no habían sido regularizados, después de que a mediados de febrero decidiesen sacar a 6.000 recién nacidos del registro sanitario, como denunciamos desde SOS Racismo Madrid y Yo Si Sanidad Universal. Se trataba de una decisión que dificultaba aún más la asistencia médica especializada de estos menores y que reducía en nueve meses el plazo que tienen estos niños para recibir asistencia aunque no tengan su cobertura regularizada. Desde SOS Racismo creemos que la rectificación del gobierno regional es una buena noticia relativa, que soluciona el problema inmediato pero no el problema estructural que persiste, con graves consecuencias para la atención sanitaria a los menores extranjeros en Madrid.

Con esta rectificación, el gobierno regional ha decidido “reactivar automáticamente” el registro de estos menores programando una rutina informática para “volver a pasar al activo de la base de datos” todos los registros que cumplen determinados requisitos. Aunque no nos extrañaría que esta medida no se vaya a adoptar con los bebés que nazcan a partir de ahora, ya que según han asegurado desde la Consejería a los medios de comunicación, el plazo de regularización continúa siendo de 90 días para las nuevas altas. Una reducción de plazo que afecta a la salud de los menores, ya que la asistencia médica durante el primer año de vida es fundamental, incluyendo hasta 18 vacunas, la mayor parte del calendario de inmunización.

Aunque el grave error del borrado ha sido reparado, el problema fundamental sigue siendo el tipo de ciudadano que se utiliza para esta alta provisional, “Transeúnte Recién Nacido”, que lleva implícitos una serie de condicionantes que dificultan la atención médica normalizada:

  • No se fabrica tarjeta sanitaria, pero tampoco se entrega ningún documento que identifique al bebé como usuario del Sistema Nacional de Salud y ni como usuario del Servicio Madrileño de Salud. Esto dificulta, aunque menos que el borrado, las consultas en Atención Especializada y el acceso a los medicamentos en las farmacias.
  • Nos consta que los padres no reciben una información completa de los trámites que deben realizar: se envía a todos los padres al INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), incluidos los extranjeros sin permiso de residencia, sin informarles que, si en el INSS les deniegan el derecho a la asistencia sanitaria de sus hijos, deben volver al Centro de Salud para que sean codificados como “Menores sin permiso de Residencia”.
  • Nos consta que las instrucciones de Aseguramiento para codificar a estos últimos son confusas, cuando no dudosamente legales. No queda claro quiénes son los supuestos “menores sin permiso de Residencia”, ¿cualquier niño extranjero que aún no tenga permiso de residencia? ¿cualquier niño extranjero que no tenga el permiso antes de 90 días? ¿solo los niños extranjeros cuyos padres no tienen permiso de residencia? ¿los niños extranjeros cuyos padres tienen permiso de residencia pero a sus hijos se les deniega el re-agrupamiento familiar por no contar con recursos suficientes?

Estas deficiencias en las instrucciones que reciben en los centros de salud está provocando una gran indefensión y situaciones inusitadas como, por ejemplo, la que se trataba de “solucionar” con el borrado de los 6.000 bebés; el hecho de que hubiese cientos de niños codificados como “transeúntes recién nacidos” con más de un año, con dificultades reales de acceso al sistema por no tener ningún documento de registro.

 

Buro-represión y trabas administrativas

Consideramos que este tipo de instrucciones son, como han definido con gran acierto Juan Antonio Palacios Castaño y Raúl Sánchez Fernández en eldiario.es, “buro-represivas”, un término utilizado para definir la represión burocrática que se ejerce mediante mecanismos administrativos.

Es necesario que se distinga bien entre un niño que está en una “situación administrativa temporal” y uno que es un “menor sin permiso de residencia”, para poder corregir las situaciones administrativas que provoca su confusión. De los 6.000 bebés que fueron apartados del sistema de citas, solo 1.600 estaban registrados como extranjeros, a pesar de que la mayoría de ellos los son. Esto se debe a que “codificarles” como extranjeros implica que hay que poner una fecha de caducidad del documento que les identifica (que no tienen) y las administrativas prefieren inscribirles como “españoles” para que no haya obstáculos en el proceso de inscripción del sistema.

De esta forma desde la administración se desconoce cuántos niños hay en situación irregular viviendo en Madrid. Es necesario conocer este dato, así como dónde viven y cuántos años tienen, para poder tomar las medidas necesarias para su integración completa, tanto en el Sistema Nacional de Salud como en la sociedad en la que han nacido.

La Comunidad de Madrid ha justificado el borrado de menores alegando que 90 días son suficientes para regularizar la asistencia sanitaria de un menor. Han querido difundir el concepto de que aquellos padres que tardan más es por dejadez. Algo que no es cierto, porque hay que comprender la cantidad de peculiaridades que tiene cada caso, desde padres que han sido expulsados dejando en España mujeres embarazadas, hasta padres a los que no les dan permiso en Canarias para venir a Madrid a registrar a su hijo en el registro civil. Por eso intuimos en esta medida una nueva manifestación de racismo institucional.

 

Conclusión y medidas urgentes

La rectificación de esta medida arregla los problemas de acceso sanitario inmediato de los bebés y permite a las administrativas avisar a los padres para que aporten la documentación. Pero, de ninguna manera, subsana el descontrol de la cobertura sanitaria   de los menores en Madrid. Algo de lo que se quejaban los profesionales de los centros de salud, y que comenzó con la entrada en vigor el Real Decreto-ley 16/2012. Por eso, insistimos en que la Consejería de Sanidad debe adoptar otras medidas necesarias para garantizar el acceso de todos los ciudadanos al sistema sanitario. Y en el caso particular de los menores sería necesario que:

  • Se defina explícitamente qué se considera un menor sin permiso de residencia independientemente de la situación administrativa de sus padres
  • Se eliminen de las instrucciones frases como “con carácter estrictamente excepcional”, carentes de contenido jurídico
  • La Consejería de Sanidad se implique e imparta formaciones a las trabajadoras administrativas de los centros de salud
  • Se fabrique una tarjeta sanitaria a todos los menores de edad residentes en nuestra comunidad, tanto si son beneficiarios de sus padres, titulares del derecho a la asistencia sanitaria reconocido por el INSS o titulares del Documento para la Asistencia Sanitaria en Situaciones Especiales (Menores sin permiso de residencia).

La ley dice que los menores extranjeros recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. Una vez más, desde SOS Racismo nos preguntamos ¿qué entiende la Consejería de Sanidad por “las mismas condiciones”?