Ante la aprobación en el Congreso del proyecto de Ley de Extranjería, la Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado español denuncia una vez más el aumento y extensión del racismo institucional que comporta esta nueva reforma, así como la persistencia política por mantener un modelo de política de extranjería discriminatoria, injusta e ineficaz.

SOS Racismo denuncia y recuerda:

Que toda ley de extranjería es discriminatoria por esencia puesto que crea categorías de ciudadanos entre personas que comparten una misma sociedad en función de su origen y nacionalidad. La reforma actual no sólo persiste en mantener aquellos recortes ya establecidos en materia de derechos sino que agrava y endurece la normativa a pesar de los intentos demagógicos por parte del Gobierno y quienes le apoyan de “venderla” a la opinión pública como una ley progresista y garantista.

Que es cierto que incorpora o restablece algunos derechos, pero ante este hecho hay que recordar que se trataba de una obligación tras la sentencia del Constitucional y, por otro lado, que el reconocimiento de derechos a las personas inmigradas no son una gracia gubernamental sino una conquista por parte del colectivo y una cuestión de justicia social. Los derechos son inherentes a la condición de ser persona y cualquier otra argumentación supone un atentado contra la dignidad humana.

La necesidad de reivindicar una política migratoria que contemple la inmigración como un hecho configurado por personas y no por cifras o mano de obra. La concepción de la inmigración como mera mano de obra se ha intensificado debido a la derechización del discurso en materia migratoria por parte de gran parte de la clase política (no sólo a nivel estatal sino también europeo) y un contexto de crisis económica que ha alimentado los discursos utilitaristas y de prioridad nacional. Así, se deslegitiman otros motivos para migrar, como el deseo de las personas de cambiar y mejorar sus vidas. Cabe recordar en este punto que, al mismo tiempo que se endurece la Ley de Extranjería, se ha hecho otro tanto con la Ley de Asilo, a través de una reforma que reduce más si cabe las posibilidades de acceder al estatus de persona refugiada.
Legislar de forma diferenciada todas las parcelas de la vida de las personas inmigrantes limita su integración y acceso a la ciudadanía, y además mina la cohesión social.

Por todo lo anterior, desde SOS Racismo denunciamos toda ley de extranjería y aquellos puntos que se agravan o consolidan en la nueva reforma que se pueden resumir en recorte y vulneración de derechos, creación de nuevas categorías de inmigrantes y aumento del régimen sancionador. Algunos ejemplos:

- La exigencia de que el reagrupante deba ser titular de una residencia de larga duración, para los ascendientes reagrupados y que además deban tener más de 65 años, supone una quiebra del derecho fundamental a la vida en familia y la unidad familiar.
- Ampliar el tiempo de internamiento de 40 a 60 días es una clara vulneración de los derechos humanos. Las medidas incorporadas, como son la presencia del juzgado de instrucción durante todo el proceso o la visita de las ONG en los centros de internamiento no pueden resolver ni legitimar una situación, la privación de libertad de personas inocentes, contraria de por sí a los valores de un estado de derecho y democrático.

- La creación de la figura de residente de larga duración, así como la incorporación de la figura de extranjero con tarjeta azul implica la categorización de la inmigración agravando la desigualdad de derechos existente anteriormente entre extranjeros y nacionales y entre inmigrantes en situación regular e irregular.

El Proyecto incrementa las sanciones y sus cuantías en materia infracciones, tanto para los/las inmigrantes como para quien les apoye, (hasta el punto de sancionar con multa de 500 a 10.000 euros a quién empadronea alguien que no esté domiciliado en su vivienda o a quien realice una carta de invitación y posteriormente mantenga a su cargo a la persona una vez caduque su visado) Además se mantiene la sanción de expulsión por la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo, pese a que numerosa y variada jurisprudencia ha establecido que la sanción de expulsión por la mera estancia irregular se considera desproporcionada y contraria a derecho.

En definitiva se amplía el Estado de control policial extendiéndose no sólo a las personas inmigrantes sino al resto de la sociedad en un intento de estigmatizar y aislar a los y las inmigrantes, sobre todo a aquellas personas que siendo víctimas de una política de extranjería que les aboca a la irregularidad pasan a ser criminalizadas.

Incluso avances como los que se introducen en materia de violencia de género presentan carencias, porque con este proyecto sigue habiendo víctimas de primera y de segunda categoría puesto que dejar la posibilidad de reabrir el expediente de expulsión en caso de que la sentencia no dé la razón a la víctima actuará como un ingrediente más para alimentar el miedo a denunciar de muchas mujeres inmigradas que sufren malos tratos.

El texto propuesto por el Gobierno así como la mayoría de enmiendas admitidas de CIU y Coalición Canaria dan como resultado un paso adelante en la pérdida de valores y principios que toda sociedad democrática debe defender. Nos encontramos de nuevo con una oportunidad perdida por un gobierno autoproclamado progresista y por los mismos partidos que ya en ocasiones anteriores han sido cómplices de esta situación.

Finalmente, lo grave de esta reforma no es sólo su contenido, sino el efecto que va a surtir en la opinión pública. En un momento de crisis económica, cuando afloran miedos e inseguridades colectivas, el Gobierno apuesta por canalizar este descontento a través de políticas y discursos (como el “los españoles primero” o que sólo será bienvenida la mano de obra extranjera cualificada) que reafirman los prejuicios xenófobos. El Ejecutivo central utiliza una vez más la inmigración como chivo expiatorio para desviar la atención y disimular así su falta de soluciones reales a la coyuntura económica. Sólo eso explica la urgencia con la que se tramita esta penosa ley.

Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español.