MANIFIESTO DE SOS RACISMO-MADRID EN EL DÍA

INTERNACIONAL CONTRA EL RACISMO

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Ese peligro, de consecuencias terribles para la convivencia social, debería prevenirse con campañas de información y sensibilización, pero sobre todo incrementando los recursos sociales en la misma proporción en que ha crecido la población de esos lugares (justo lo contrario de lo que se está haciendo). Comprendemos que no es momento de derroches, pero cimentar la convivencia social ha de ser, en cualquier caso, un objetivo prioritario en el que no se debería escatimar esfuerzo ni dinero.

Pero en lugar de hacer ese esfuerzo, los diversos poderes públicos prefieren “prevenir” la posible xenofobia de los ciudadanos aplicando políticas xenófobas, especialmente contra los inmigrantes irregulares, convertidos una vez más en los “culpables” de todos nuestros problemas. Con ello pretenden dar imagen de dureza, y pescar algunos votos fomentando los peores instintos de egoísmo e insolidaridad.

La Unión Europea no se conforma con cerrar sus fronteras a cal y canto. Desde hace años trata, además, de situar éstas lo más lejos posible, con una hipócrita política de externalización de fronteras, que encomienda a los países por donde transita la emigración (Marruecos, Mauritania, Argelia, Libia…) la tarea de impedir su paso, sin mostrar muchos escrúpulos en cuanto al respeto de los derechos humanos. Les encarga, en definitiva, el “trabajo sucio”, y cierra los ojos cuando esas personas son golpeadas, asesinadas o abandonadas en el desierto. Esa política impide, además, que las personas que podrían solicitar asilo puedan hacerlo efectivamente.

En estos tiempos de vacas flacas, la Unión Europea extrema también su dureza con los trabajadores extranjeros que ya se han establecido aquí. En lugar de fomentar su integración y su plena ciudadanía, se intensifican las medidas represivas y excluyentes. La aprobación, el pasado mes de junio, de la Directiva europea de retorno (conocida como “directiva de la vergüenza”), que permite encerrar a los inmigrantes “sin papeles” por periodos de hasta 18 meses en espera de que puedan ser expulsados, es el ejemplo más visible de esa actitud.

Las medidas del gobierno español durante el último año son totalmente coherentes con esa deriva europea de represión y de racismo institucional. El gobierno de Rodríguez Zapatero, que en la pasada legislatura había combinado algunas acciones positivas y un discurso más integrador con una incomprensible falta de sensibilidad hacia el sufrimiento de los inmigrantes irregulares, comenzó a endurecer sus políticas y su discurso en cuanto la crisis se hizo visible. Al tiempo que Zapatero criticaba, con razón, las políticas racistas del gobierno Berlusconi, el ministro de trabajo sembraba la sospecha y la desconfianza hacia los trabajadores migrantes, con declaraciones que anunciaban lo que ha venido después.

Y lo que ha venido ha sido una auténtica persecución a los “sin papeles”: en los últimos meses se han incrementado los controles de identidad y las redadas policiales masivas, para cubrir los “cupos” de detenciones que permitan presumir de “eficacia” en la lucha contra la delincuencia (como si no tener “papeles” fuera un crimen), fomentando además en la opinión pública la criminalización de los extranjeros y de quienes parecen “distintos”. El ministro de Interior lo niega, pero las redadas siguen produciéndose y hay pruebas de ello (denuncias de los propios policías, grabaciones en video…)

La expulsión del país se ha convertido en el castigo más frecuente para los “sin papeles” detenidos (al menos en los casos en que esa expulsión es posible), a pesar de que la ley posibilita otras sanciones menos drásticas, como las multas. Se siguen produciendo, incluso, expulsiones de menores, vulnerando en ocasiones el deber de tutela que tienen las administraciones públicas, como SOS Racismo ha denunciado ya en varias ocasiones.

Los Centros de Internamiento de Extranjeros, donde los inmigrantes en situación irregular son encerrados hasta 40 días (por ahora, pues lo quieren aumentar) en espera de hacer efectiva su expulsión, son auténticas cárceles en las que se producen con excesiva frecuencia casos de malos tratos y vulneración de derechos humanos. SOS Racismo, junto con otros colectivos, ha presentado una denuncia en este sentido hace pocas semanas. Y no podemos olvidar las brutales condenas que se están imponiendo a los vendedores del “top-manta”, como si ellos fueran los culpables de la crisis de la industria discográfica.

Pero en esta escalada del racismo institucional que se está produciendo, merece capítulo aparte la inminente modificación de la Ley de Extranjería. El anteproyecto que se ha elaborado supone una nueva vuelta de tuerca en la discriminación de las personas según su origen nacional, y una mayor criminalización, no sólo de los “sin papeles”, sino también de las personas y colectivos que se solidaricen con ellos.

Entre los contenidos más graves de la futura ley, si no conseguimos frenarlo, están el aumento del tiempo de detención en los CIE’s, desde los 40 días actuales hasta los 60, o la limitación de las posibilidades que tienen las personas inmigrantes de reagrupar a sus familias.

Pero el artículo 53.c) del anteproyecto va aún más lejos, y sanciona como falta muy grave (con multa de hasta 10.000 euros) “a quien promueva la permanencia irregular en España de un extranjero”, sin especificar que sea con ánimo de lucro. Así, con la disculpa de perseguir a las “mafias” se está penalizando a personas y asociaciones que ayudan, acompañan y acogen a inmigrantes “sin papeles” de manera altruista. Se están fomentando los instintos más egoístas e insolidarios en la población española.

En resumen, parece como si el gobierno pretendiera aterrorizar a los inmigrantes para que abandonen España, ahora que ya no hacen tanta falta, y olviden todo sueño de integrarse socialmente y vivir en una sociedad a la que aportaron su trabajo y su ilusión, como el resto de ciudadanos. Y de paso, aterrorizar también a los autóctonos que se sienten solidarios y ayudan desinteresadamente a los “sin papeles”.

Ante este escenario desolador, SOS Racismo-Madrid quiere hacer un llamamiento al gobierno de Rodríguez Zapatero para que no siga adelante con estas políticas y se plantee, en serio, una lucha efectiva por la convivencia social y la solidaridad. Pero, sobre todo, apelamos a la ciudadanía para que tome conciencia de que todos y todas, sea cual sea nuestro lugar de nacimiento, debemos tener los mismos derechos y los mismos deberes.