Desde hace un par semanas, y a pesar de que no ha habido modificación de la ley al respecto, la Delegación del Gobierno en Madrid aplica una nueva instrucción: denegar el Arraigo Social (única vía para acceder a la regularidad después de 3 años en situación irregular) cuando se presentan varios contratos en servicio doméstico.

Desde que entró en vigor el arraigo social en el año 2005, se contempló la situación en la que se encuentran muchas empleadas de hogar, que trabajan en distintas casas por horas, posibilitando su regularización mediante la presentación de los contratos de trabajo  de las diferentes casas que las empleaban.

La denegación de dichas autorizaciones de residencia por arraigo social conlleva el que un alto número de personas que ejercen su actividad laboral como empleadas de hogar en el régimen discontinuo queden abocadas a la irregularidad. El sector del servicio doméstico seguirá siendo de esta forma uno de los menos regulados y garantistas hacia las trabajadoras.

Dicho cambio llega sin que haya habido cambio legal alguno, creando una gran inseguridad jurídica, y más teniendo en cuenta que la última hoja informativa del arraigo social, emitida por la propia Delegación del Gobierno, recoge dicha situación laboral para acceder a la autorización de residencia.

Estamos, por lo tanto, ante un claro caso de arbitrariedad e inseguridad jurídica. Una vez más podemos comprobar que la práctica administrativa genera constantes obstáculos hacía los ciudadanos extranjeros.

Desde hace ya meses, la Delegación de Gobierno en  Madrid viene negando la existencia de redadas masivas, constantes y planificadas contra los ciudadanos extranjeros, pese a la información aportada por las organizaciones sociales, colectivos, sindicatos de policía y periodistas.

Desde SOS RACISMO MADRID condenamos la reciente retención policial del fotógrafo Eduardo León (Periódico Diagonal y Latino) después de una serie de acosos sufridos,  llegando incluso a incautarse su material fotográfico. Consideramos que estamos ante un caso evidente de violación de la libertad de prensa y de información.

La Delegación de Gobierno en Madrid enmarca sus funciones de control en  materia de extranjería en el ámbito de la “seguridad ciudadana” y la prevención del delito. De esta forma reconoce, por lo tanto, que lleva a cabo una política premeditada contra los ciudadanos extranjeros en situación irregular con claras motivaciones electoralistas y  discriminatorias, que criminaliza a los inmigrantes.

El conjunto de la ciudadanía no puede permanecer impasible ante una práctica policial que detiene todos los días a nuestros conciudanos  por una simple falta administrativa, haciendo que tengan que cambiar de domicilio, de costumbres y haciendo que el miedo sea parte de su rutina.

Este discurso no es admisible por parte de una autoridad pública que se debe a todos los ciudadanos, sea cual sea su situación administrativa.

Una vez más, desde SOS RACISMO MADRID nos vemos en la obligación de denunciar lo que consideramos un acto violatorio al ordenamiento jurídico del Estado Español, esta vez perpetrado por el ayuntamiento madrileño de Robledo de Chavela.
Allí, el alcalde de dicha localidad, Mario de la Fuente, se niega a incluir a los inmigrantes en el padrón municipal, asegurando que “ha sido una decisión personal mía”.
En los últimos años, se ha intentado restringir en distintos municipios españoles el acceso al Padrón por parte de los inmigrantes, principalmente cuando éstos se encontraban en situación irregular. Este hecho ha influido además en la idea que tienen algunos ciudadanos sobre la inscripción en el Padrón, a la que identifican como una forma de “privilegio” que puede restringirse a capricho en momentos de crisis, cuando en realidad es una obligación de todos los residentes en un municipio.
Teniendo en cuenta que la no inscripción padronal conlleva el no acceso a derechos tan básicos con la sanidad y la educación, consagrados como derechos fundamentales en nuestro Ordenamiento Jurídico, las instrucciones de empadronamiento que aplica el municipio de Robledo de Chavela, estarían violando dichos derechos fundamentales.
El art.15 de la Ley 7/85 de Bases del Régimen Local, recoge el empadronamiento como una obligación de los vecinos que residen en un municipio y el art.16 de la misma norma, que recoge los datos que habrán de constar obligatoriamente en el Padrón, no se refiere en ningún caso a la situación laboral de quien solicita ser empadronado. No podemos olvidar que el primer interesado en llevar a cabo este registro es el Ayuntamiento, pues el empadronamiento es un importante mecanismo de control que ofrece información acerca de los habitantes del municipio y sus características, todo ello a los efectos de prever, por ejemplo, los recursos que serán necesarios para atender sus necesidades.
El objetivo del padrón municipal es, por tanto, dejar constancia de un hecho sin entrar a cuestionar los derechos, por lo que al extralimitarse en sus funciones, estos consistorios no están únicamente vulnerando la ley sino que están promoviendo actitudes xenófobas y racistas.