Una vez más, desde SOS RACISMO MADRID nos vemos en la obligación de denunciar lo que consideramos un acto violatorio al ordenamiento jurídico del Estado Español, esta vez perpetrado por el ayuntamiento madrileño de Robledo de Chavela.
Allí, el alcalde de dicha localidad, Mario de la Fuente, se niega a incluir a los inmigrantes en el padrón municipal, asegurando que “ha sido una decisión personal mía”.
En los últimos años, se ha intentado restringir en distintos municipios españoles el acceso al Padrón por parte de los inmigrantes, principalmente cuando éstos se encontraban en situación irregular. Este hecho ha influido además en la idea que tienen algunos ciudadanos sobre la inscripción en el Padrón, a la que identifican como una forma de “privilegio” que puede restringirse a capricho en momentos de crisis, cuando en realidad es una obligación de todos los residentes en un municipio.
Teniendo en cuenta que la no inscripción padronal conlleva el no acceso a derechos tan básicos con la sanidad y la educación, consagrados como derechos fundamentales en nuestro Ordenamiento Jurídico, las instrucciones de empadronamiento que aplica el municipio de Robledo de Chavela, estarían violando dichos derechos fundamentales.
El art.15 de la Ley 7/85 de Bases del Régimen Local, recoge el empadronamiento como una obligación de los vecinos que residen en un municipio y el art.16 de la misma norma, que recoge los datos que habrán de constar obligatoriamente en el Padrón, no se refiere en ningún caso a la situación laboral de quien solicita ser empadronado. No podemos olvidar que el primer interesado en llevar a cabo este registro es el Ayuntamiento, pues el empadronamiento es un importante mecanismo de control que ofrece información acerca de los habitantes del municipio y sus características, todo ello a los efectos de prever, por ejemplo, los recursos que serán necesarios para atender sus necesidades.
El objetivo del padrón municipal es, por tanto, dejar constancia de un hecho sin entrar a cuestionar los derechos, por lo que al extralimitarse en sus funciones, estos consistorios no están únicamente vulnerando la ley sino que están promoviendo actitudes xenófobas y racistas.