Conmemoramos un nuevo aniversario del 21 de marzo, instituido como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial por las Naciones Unidas, en un marco social y político más complejo que el de años anteriores.

- Endurecimiento de las Leyes Estatales y de los controles, que afectan la convivencia y vulneran derechos humanos básicos. 

El mismo gobierno, que  cuando empezó su mandato, demostró valentía y sensibilidad con otros temas sociales y de derechos ciudadanos,  ha asumido, en plena crisis económica y reducción del porcentaje de población inmigrante,  una clara política conservadora en materia de inmigración endureciendo aún más   la Ley de Extranjería,  lo cual  sólo contribuye a empeorar la situación de estos colectivos residentes en el país, legitimando la impunidad en los centros de internamiento y sancionando la solidaridad entre ciudadanos. La clase política sigue amparando discursos abiertamente o veladamente racistas en violación de los principios del Estado de Derecho, véase en Madrid el caso del empadronamiento de Torrejón o la negación del derecho a la asistencia jurídica gratuita a las personas en situación irregular o el caso de Vic.

Siguiendo esta política, nos encontramos con que han aumento las redadas policiales y controles de identidad selectivos  basados en  perfiles étnicos que ponen de manifiesto un verdadero  racismo institucional, con la excusa de la seguridad ciudadana. Los cuerpos de seguridad, bajo órdenes del Ejecutivo, actúan en los metros, barrios de alta población migrante, generando fricciones y alterando la convivencia entre vecinos y  generando la vulneración de derechos de las personas inmigrantes residentes en los barrios.

Al igual que en años anteriores , más del 50% de las denuncias recogidas en nuestra oficina de información y denuncias, se refieren a agresiones y maltrato tanto de los  cuerpos de seguridad públicos como de los cuerpos de seguridad privada, especialmente  de vigilantes de Renfe, o de cercanías y vigilantes del Metro.
En los casos relacionados con la policía nacional, abundan los malos tratos en comisarías (cinco casos documentados de agresiones y dos de insultos racistas), a los que hay que unir otros tres casos documentados de palizas en el CIE (en febrero, mayo y junio de 2009, que han sido denunciadas en el juzgado), así como diversos casos de violencia policial hacia los vecinos de la Cañada Real, y de acoso a inmigrantes en la calle.
Otro tema de actualidad inmediata que estamos percibiendo, es el alarmismo injustificado con las llamadas “bandas latinas” , tratándose el fenómeno de los jóvenes inmigrantes con un enfoque puramente policial cuando  la realidad es que hay una falta total de cobertura en programas especializados en este sector.

- Reducción/desaparición  de recursos locales   destinados a fomentar  la Convivencia Intercultural, la cohesión y la integración social de las personas inmigrantes.
  
Por otra parte, se recortan y cierran recursos que atendían a población inmigrante y tenían una labor activa en cuanto a sensibilización y participación, en pleno momento de crisis económica, que afecta las percepciones de la inmigración. Como dice  los preocupantes datos del informe Evolución del racismo y la xenofobia en España (2009), elaborado por el Observatorio del Racismo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en amplios sectores sociales se ha propagado la idea de que hay un “exceso” de inmigración, y se relaciona esto con el deterioro de las condiciones laborales y de acceso a recursos de salud y educación,  y un 37% de los españoles rechaza hoy día a los inmigrantes.

En este escenario tan delicado, se apuesta por el recorte, dejándose de lado estrategias y políticas de integración, participación intercultural y sensibilización, dejando “al margen” a muchas personas.

El Plan de "Integración" de la Comunidad de Madrid está orientado principalmente a personas con documentación, tendiéndose a excluir a las personas sin ella, quienes también  tienen derecho a acceder a los recursos. Por otro lado se ha pasado a dar más importancia a orientación laboral y no a la social o psicosocial.

A pesar de que se han abierto CEPIS por nacionalidades,  se han reducido al mínimo recursos especializados como los 4 CASIS que han quedado  para todo Madrid. Se suponía  que las competencias pasaban  a los Servicios Sociales Municipales, pero por el contrario, éstos  han visto también mermados sus recursos humanos.
 
En el Ayuntamiento de Madrid, uno de los pioneros en materia e política de integración de Inmigrantes, con el I Plan Madrid de Convivencia Social e Intercultural, se ha dado un giro a las políticas sociales en los últimos 2 años, comenzando por el cierre de dispositivos claves y prestigiosos en materia de construcción de cohesión social:

En el año 2009 se cerraron los siguientes programas y servicios,
• Servicio de Mediación Social Intercultural (SEMSI). Cerrado tras 11 años de funcionamiento y que contaba con numerosas menciones y reconocimientos.
• Escuela de Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid: servicio dirigido a promover la convivencia social e intercultural en la sociedad madrileña a través de actividades formativas. 
• Proyectos de integración en los distritos: destinados a favorecer la integración social de los inmigrantes y la convivencia social e intercultural.
• Programa para la educación en la tolerancia y solidaridad en los centros escolares.
• Programa “Jóvenes Madrid”
• Servicio de Apoyo a la gestión de la Diversidad.

Y ya en 2010, se ha cerrado el Observatorio de las Migraciones y la Convivencia Social e Intercultural, dejando morir en el lapso de pocos meses, por inanición a lo que queda de las Mesas de Diálogo y Convivencia Distritales. Y esto a los pocos meses de haber sacado con bombos y platillos un  II Plan Madrid 2009-2012, cuyos dispositivos ya se están eliminando o reduciendo a expresiones puramente nominales. Es verdad que se han creado dispositivos interesantes y que valoramos, como los Servicios de Orientación Jurídica en Extranjería, donde pueden efectuarse denuncias de hechos racistas, pero esto no sirve del todo, si no se enmarca en una red de programas que trabajen la sensibilización ciudadana general, y no sólo de los inmigrantes, como parece deducirse de la letra de algunos de los  nuevos dispositivos.

Al respecto, si seguimos la evolución del presupuesto destinado a Inmigración en los últimos 3 años, vemos  que se ha reducido significativamente año a año.

Por todo lo dicho,  constatamos una involución real en cuanto a políticas de participación, integración, inclusión, convivencia intercultural, y cohesión tanto en la Comunidad  de Madrid como en el Ayuntamiento de Madrid.

Finalmente  nos preocupa que, a nivel nacional,  se han recortado drásticamente  presupuestos destinados a  atender a población solicitante de asilo y refugio, gestionados por organizaciones que en el último año han denunciado violaciones  a los derechos humanos de las personas migrantes, sobre todo en los Centros de Internamiento para Extranjeros que confirma lo ya denunciado en el informe que elaboramos conjuntamente con Ferrocarril Clandestino y Médicos del Mundo Madrid.

En síntesis: vemos con preocupación que, en los 3 niveles de la administración lejos de promoverse políticas anticíclicas respecto a inmigración y convivencia se  están reduciendo recursos claves. Por cálculos electoralistas, pareciera que se ha  renunciando a mantener y desarrollar una labor pedagógica que es clave,  para actuar sobre los tópicos y las percepciones negativas sobre la inmigración y facilitar espacios comunes de participación, incluyendo demandas que no han llegado a nada, como el derecho al voto por residencia para la población inmigrante.  Lejos de esto,  vuelven a  aflorar y cunden discursos xenófobos, incluso en sectores de los partidos  mayoritarios, que siguen jugando a la ambigüedad calculada con el tema inmigratorio.